El proyecto para "cambiarle la cara" a la Justicia, está listo para hacer su primera incursión en el recinto, aunque todavía faltan cerrar algunos acuerdos políticos. La idea del oficialismo es que hoy se debata la modificación al reglamento del Consejo de la Magistratura que envió el gobernador, Alfredo Cornejo. Este texto pretende cambiar la forma en la que se eligen los magistrados.
Para esto, ayer los senadores radicales terminaron la primera etapa de debate y firmaron el despacho del proyecto, lo que lo deja listo para tener una primera aprobación, en el camino para ser ley.
Pero la premisa es que el proyecto, que generó ruido en el interior del Poder Judicial, salga con acuerdo, por lo que la mirada se corre por estas horas al Partido Justicialista (PJ), que definirá si está dispuesto a discutirlo hoy, o si el debate se estira una semana más.
Según contaron, si bien hay una base de acuerdo en cuanto a la idea de poner en igualdad de condiciones a “los abogados de la calle”, que provienen de la actividad privada, con los del interior del Poder Judicial, también hay objeciones por la “discrecionalidad” que prevé el proyecto.
De allí que ni bien firmado el despacho (el PJ no suscribió) comenzaron las rondas de consulta con la dirigencia del peronismo, por un lado, y con los senadores, por el otro. Hasta ayer, una de las opciones era darle libertad a cada legislador para votar según su criterio, ya que "hay muchos abogados con observaciones propias".
La idea, en general, tiene el visto bueno del partido opositor. En este sentido, en el oficialismo han explicado que el 98% de los magistrados proviene del seno del Poder Judicial. Es decir, los jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas de distintos fueros son personas que “hacen carrera” dentro del mismo Estado.
Ventajas y aportes
El alto porcentaje se explica por las ventajas que tienen los estatales a la hora de desarrollar un “perfil académico”, diferencia sustancial con el abogado privado. Los primeros cuentan con días de licencia por examen, un sueldo fijo, horas libres por la tarde, y un antecedente, dentro de la misma Justicia, que es considerado en la nota que pone el Consejo de la Magistratura.
La idea es cambiar este aspecto y que la “carrera académica” no sea preponderante en la tabulación de la nota. En este punto, hay acuerdo.
Lo que el PJ observa es que, en la reestructuración del puntaje, se amplía al 60% la nota que pondrá el Consejo de la Magistratura, instancia final a la que se somete el postulante.
Primero pasa por una comisión evaluadora que, de convertirse en ley el cambio, ya no pondrá más nota, sino que dirá si está aprobado o desaprobado. “El radicalismo tiene mayoría ahí”, hicieron notar en la oposición con respecto al último paso.
Otro de los planteos que surgió de la misma Corte y que fue salvado en la redacción del proyecto tiene que ver con la transición entre los dos sistemas. La nueva propuesta cambia algunos plazos para evitar que los aspirantes se postulen a varios cargos, o estén poco tiempo en su puesto. A su vez, la validez del examen ya no será de tres sino de dos años.
Fue el propio ministro de la Suprema Corte de Justicia, Julio Gómez, magistrado nombrado en el gobierno justicialista anterior, el que hizo notar que en este punto había un “vacío legislativo”.
El proyecto firmado ayer contempló la observación e incluyó un artículo que prevé que todos los cambios comenzarán a regir a partir del primer día del 2018.
Pero fuera de lo técnico, según contaron en off the record, entre los miembros de la Corte de pertenencia justicialista, no había mucha conformidad con la modificación. Algo de esto dejó entrever el mismo Gómez, cuando fue a la comisión de LAC y dijo que él no iba a dar “opiniones políticas en cuanto a los fines ni a los medios que se utilizan”.
No obstante, el mismo Gómez reconoció que el debate está circunscripto al Poder Legislativo, que intentará hoy debatir el proyecto y darle la primera sanción.
Los cuatro ejes de la nueva ley
El encargado de estudiar el proyecto en la cámara de Senadores es el radical Miguel Bondino, quien explicó ayer el alcance de la reforma del Reglamento del Consejo de la Magistratura (ley 6.561). El legislador dividió el proyecto en “cuatro ejes” que, a su entender, aseguran un equilibrio en la función del órgano que creó la Constitución provincial hace 20 años.
“En primer lugar, hay un examen escrito y otro oral en el que desaparecen las notas, reemplazándolo por ‘aprobado’ y ‘desaprobado’”, enumeró Bondino. El cambio en cuestión es que, en lugar de haber primero una prueba escrita que determine si se pasa o no al oral, ahora el postulante pasa por los dos sistemas, y se hace una evaluación conjunta.
El segundo aspecto que destacó el senador es que se pone en pie de igualdad al abogado que viene “de la calle”, tal como se identifica al privado, con el empleado o funcionario del Poder Judicial.
También, el “equilibrio” apunta a que la nota del postulante surja tanto de la comisión evaluadora como del Consejo de la Magistratura. Por último, se equipara el peso de la Corte con el del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar. Estos últimos dos, suman un representante cuando se evalúe a postulantes a esas áreas.
¿Para qué sirve?
El Consejo de la Magistratura fue incorporado a la Constitución provincial en 1997, con el objetivo de que sea un órgano el que evalúe a los aspirantes a magistrados. Antes, esta decisión la tenía el gobernador, quien seleccionaba, directamente, a su postulante a fiscal, juez, defensor oficial o camarista.
El órgano en cuestión está compuesto por representantes de distintas órbitas y es el encargado de evaluar a los postulantes, para luego proponer una terna al Gobernador. De esos tres, el mandatario elige a uno, cuyo pliego debe ser ratificado o no por la Cámara de Senadores.
