Después del papelón que casi termina en escándalo legislativo, los senadores se predisponen a impulsar una enmienda constitucional para terminar con las sesiones de acuerdo secretas. Ayer desempolvaron un proyecto que el radical Juan Carlos Jaliff presentó hace cinco años para modificar el artículo 83 de la Constitución provincial.
El lunes pasado Los Andes publicó la existencia de esa iniciativa. Ayer hasta el vicegobernador Carlos Ciurca decía que “lo vamos a impulsar”, aunque a renglón seguido condicionaba el tratamiento: “También queremos que nos ayuden con la ley de educación y la de los Títulos Vitivinícolas”.
Sin embargo, al menos la senadora Carina Segovia (señalada como la que se equivocó en la sesión del papelón) dice que le encantaría que se aprobara el proyecto.
El martes 31 de marzo se realizó la sesión de acuerdo en la que se votaron los pliegos de los candidatos a la Suprema Corte (Miriam Gallardo), a la Fiscalía de Estado (Fernando Simón) y a vocal del Tribunal de Cuentas (Ricardo Pettignano).
Cuando se votaba el pliego de Gallardo (el primero de esa mañana), la senadora Segovia (FpV) supuestamente se equivocó y se desnudó el sistema de control que ponen en marcha los bloques legislativos para garantizar que se cumplan los mandatos partidarios.
Segovia era una de las que debía recolectar las bolillas negras de sus pares de bloque y, según la versión oficial, en lugar de poner en la urna una bolilla blanca (aceptando el nombramiento de Gallardo) puso cuatro negras. En la votación la aspirante a la Suprema Corte obtuvo 18 blancas y necesitaba 19 para obtener su cargo en el máximo tribunal.
El artículo 83 de la Constitución indica que el Senado será el encargado de avalar las designaciones de magistrados y funcionarios con rango constitucional (Irrigación, Escuelas, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas entre otros). Al finalizar el primer párrafo dice: “El voto será secreto”. Lo que propone Jaliff es que, en lugar de secreto, diga “nominal”, es decir que cada senador dirá afirmativo o negativo cuando sea nombrado desde la Secretaría Legislativa.
Resultó extraño que las resistencias al proyecto de Jaliff provinieran del PD y el Pro, ambas fuerzas socias del radicalismo en el Frente Cambia Mendoza. El presidente del Partido Demócrata, Richard Battagión, decía ayer que él presentó un proyecto en 1992 (cuando él mismo ocupaba una banca en la Cámara alta). Esa iniciativa pretendía modificar el reglamento interno del Senado, para que la sesión de acuerdo fuera pública, aún cuando se mantenía el sistema de bolillas blancas o negras de la votación secreta.
En realidad, sería un avance que los ciudadanos y los medios estuvieran dentro de la sesión, aun cuando cada legislador mantenga la reserva acerca de la bolilla que introduce en la urna.
Y El senador Gustavo Cairo (Pro) rescataba esta iniciativa y decía que era preferible habilitar el tratamiento del proyecto de Battagión e impulsar una enmienda constitucional sobre otros temas más importantes, como por ejemplo limitar la cantidad de reelecciones de los intendentes.
Jaliff respondió que esa enmienda ya se votó en 2009 y que había sido aprobada por los mendocinos, que sólo hacía falta que el Ejecutivo la promulgara y que no ha sido promulgada porque antes Celso Jaque y ahora Francisco Pérez no han tenido voluntad política de hacerlo.
Entonces, Cairo dijo que en los hechos la enmienda de 2009 no está operativa y que debería insistirse en ella.
En el medio de ese intercambio, también terció la senadora y precandidata a gobernadora del Frente de Izquierda, Noelia Barbeito, quien sorprendió diciendo que acompañaría la iniciativa de Jaliff, pero que además estaba elaborando otras iniciativas para enmendar la Constitución, como la selección de jueces por voto directo de los ciudadanos, la revocación de mandatos y los jurados populares.
Barbeito se quejó amargamente de que sean 38 senadores los que avalan la elección a dedo de magistrados que tienen cargo de por vida, cobran mucho más que un trabajador y no pagan impuesto a las Ganancias. “Queremos terminar con la casta judicial con la elección directa de los jueces y que cobren como un trabajador”, ratificó.
Entonces se desató el debate. Cairo recordó que el sistema de gobierno es representativo, republicano y federal y que la representación se expresa en el recinto y la frase fue un velado reproche a la ausencia de Barbeito en la sesión de acuerdo de hace una semana; esa sesión que terminó en papelón y que ayer desencadenaba este debate acerca de las sesiones secretas.
El PD no quiere
El Partido Demócrata pide que no se trate la enmienda constitucional que propone el radical Juan Carlos Jaliff. Ayer Richard Battagión decía que era más importante utilizar la única enmienda disponible para este año para declarar la provincialización de los ríos mendocinos, particularmente el Atuel, hoy en conflicto judicial con La Pampa.
Los Andes le recordaba que la Corte Suprema de la Nación ya había dictaminado que el Atuel es interprovincial en el ya célebre fallo de 1987 en el que, a pesar de esa interprovincialidad, Mendoza había logrado la potestad de garantizarse el riego de 76 mil hectáreas antes de dejar pasar el remanente a la vecina provincia.
Battagión explicaba que es cierto que la Corte dice que el río es interprovincial, pero justamente hay una contradicción en esa garantía de regar antes 76 mil hectáreas que hoy no se riegan y que, además, La Pampa también pretende avanzar en la interprovincialidad del Desaguadero, con lo que también podrían reclamar sobre las aguas de todos los ríos mendocinos que vierten sus aguas en ese cauce.
