El proyecto de ley que busca sancionar a los padres que agredan a profesores, maestros y directivos de las escuelas mendocinas, obtuvo ayer la media sanción de Diputados y a más tardar la semana que viene, podría ser examinado en Senadores. Se trata de una medida que propone reformar el Código de Faltas de Mendoza para amparar a los educadores ante cualquier hecho de violencia escolar que no sea considerado un delito.
Con esta decisión, lo que buscan los legisladores consiste en contar con una herramienta más que permita mejorar la convivencia escolar, desde una acción más bien sancionatoria hacia los padres y tutores que no se adecuen a las normas de buen trato y respeto que deben guardar para con los educandos.
Así, en el caso de aprobarse la ley que establece la modificación, quienes tengan bajo su tutela a los estudiantes de todos los colegios estatales y privados de la provincia y que agredan verbalmente a un maestro/a, profesor/a o bien a una autoridad o integrante del personal no docente, serán factibles de cumplir una condena de 60 días (dos meses) de arresto.
Dependiendo de la gravedad del hecho (siempre que no constituya un delito o infracción más grave) el agresor/a tendrá la obligación de pagar una multa de hasta cuarenta días. Esto significa que la Justicia, luego de evaluar el caso, determinará el monto que implica la infracción de acuerdo a un proporcional de los ingresos con los que cuente la persona sancionada.
Entre otros aspectos, el proyecto establece la modificación del artículo 43 del Código de Faltas de Mendoza para incluir a los docentes y no docentes en el mismo rango que un funcionario público.
"El que, en lugar público y privado abierto al público, ofendiere en forma personal y directa con burlas, mofas, palabras, señas o actos a un funcionario público en razón de su cargo y siempre que el hecho no constituya delito, será castigado con arresto hasta tres días o con multas hasta 10 días multas", dice textual el artículo que de ser modificado sumará a los trabajadores de la educación entre las investiduras factibles de denunciar una agresión pública por parte de otro ciudadano. Incluso las sanciones podrán ser aumentadas.
De hecho, la propuesta de ley que ayer contó con el aval de los diputados, agrega el artículo "43 bis", donde se hace referencia especial a los casos de violencia en la escuela. "El padre, tutor, curador de una persona que asista a un establecimiento escolar de gestión estatal o privada que realizare las conductas enunciadas en el primer párrafo del artículo 43, contra un trabajador de la educación, sea docente o no docente, o a un funcionario de la Dirección General de Escuelas, con motivo del cumplimiento de sus tareas, será castigado [...] con arresto hasta 60 días o multas hasta 40 días multa", dice el proyecto.
Pero eso no es todo. Antes las reiteradas situaciones conflictivas que hoy deben afrontar los educadores de la provincia, los legisladores decidieron en agregar un artículo más, el 125.
Allí se establece que los adultos que durante reiteradas veces demoren demasiado en ir a buscar a sus hijos a la escuela como así también quienes a al niño a clase pasado el horario establecido, también serán sancionados con un máximo de cinco días de arresto o veinte días de multa. En las situaciones en las que se ponga en riesgo la integridad y el desarrollo psicofísico del niño o adolescente, las autoridades del establecimiento podrán solicitar la intervención de los organismos públicos de protección de derechos.
Para que los docentes y directivos afectados puedan realizar sus denuncias será necesaria la creación de un cuerpo de asesores en los diferentes departamentos. Luego la Justicia sería la encargada de analizar cada caso y determinar la culpabilidad o no del posible infractor. "Cada sección de la DGE deberá tener un asesor legal que guíe al educador", explicó el diputado Jesús Riesco (PD), coautor de la reforma.
Cuatro proyectos en uno
La propuesta para incluir la problemática de la violencia escolar en el Código de Faltas de Mendoza surgió a partir de la existencia de cuatro proyectos legislativos diferentes que abordaban el tema. El ex diputado Ricardo Puga y el actual, Jesús Riesco, del (PD), habían remitido su escrito a la Legislatura. Lo mismo había hecho el diputado Tadeo García Zalazar (UCR) y por su parte, la Dirección General de Escuelas (DGE).
Por eso, lo que se hizo en el proyecto actual, fue unificar las propuestas, que en líneas generales coincidieron en la necesidad de propiciar una herramienta más que permitiese mejorar la convivencia escolar. "Esta no es una propuesta aislada. En octubre el objetivo es concretar un programa específico referido al tema y crear un consejo consultivo dedicado a analizar el impacto de estas medidas", aseguró García Zalazar.
