El Gobierno nacional evalúa lanzar un blanqueo laboral para registrar a 4,5 millones de trabajadores que están en negro. Si bien aún no está claro cuáles serán las condiciones de la medida, las cámaras empresariales y los sindicatos locales mostraron su apoyo a la iniciativa, aunque advirtieron que "deben bajar las cargas patronales".
Según trascendió en los medios nacionales, el Gobierno evalúa dos posibles caminos para combatir la informalidad laboral. Uno de ellos, el más probable, es que se haga un blanqueo con características similares al que cerró el 31 de marzo pasado. Es decir que se cobraría una multa y los aportes de los trabajadores comenzarían a pagarse a partir de ahora.
El otro camino es una moratoria. En ese caso se exigiría a los empleadores que paguen los aportes que debieron haber abonado por los trabajadores durante todo el tiempo que estuvieron en la informalidad.
Aceptación general
Cualquiera de las dos alternativas que analiza el Gobierno Nacional es bien vista por la economía local. No es un dato menor que el trabajo en negro alcanzó una tasa del 36,9% en Mendoza durante el cuarto trimestre de 2016 (último dato publicado por el Indec), superando ampliamente a la media nacional, que fue de 33,6% en ese mismo período.
Por el lado del sector empresario las voces fueron a favor, pero con algunos reclamos de por medio.
Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), opinó que "siempre es positivo que se tomen medidas para promover la formalidad laboral" y dejó en claro que "la UIM apoya y promueve el trabajo registrado".
Sin embargo, el empresario advirtió que para que la medida sea efectiva, el Gobierno debe buscar la forma de reducir los costos del sector empresario.
“Las cargas laborales son muy altas y la presión impositiva es mucho mayor a la que tienen los países vecinos. En Argentina tenemos una presión fiscal del 37% y en el resto de la región no supera el 25%. Eso lleva a que algunas empresas opten por la precarización laboral”, lamentó Bacaloni.
Similar fue la postura de Juan Viciana, vicepresidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), quien comentó que "toda medida que apunte a regularizar la economía es bien recibida por la cámara empresaria".
No obstante, recordó que “en parte la informalidad laboral se debe a la alta carga impositiva y a los elevados costos laborales”.
Por tanto, opinó que junto con el blanqueo o moratoria, el Gobierno nacional debería buscar la forma de reducir los costos de las empresas. “Sólo así tendría éxito la formalización laboral”, aseguró.
Coincidió con esa postura Federico Ostropolsky, presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM). "Es una buena medida la que propone el Gobierno nacional, porque ayudaría a que muchos trabajadores tengan su jubilación, pero no se debe olvidar de atacar al disparador del problema de informalidad, que es el alto costo de las cargas laborales", comentó.
El deseo de los empresarios podría cumplirse. Aunque todavía no hay nada concreto, no se descarta que junto con el plan para combatir la informalidad laboral el Gobierno avance con la Ley de Primer Empleo.
Apoyo gremial
Por parte de los sindicatos la iniciativa del Gobierno nacional tiene apoyo absoluto. Luis Márquez, jefe de la CGT unificada, definió de "positiva" la opción del blanqueo laboral. "Es muy bien recibido por parte de los trabajadores que se apliquen medidas para promover el empleo formal", señaló.
“Las empresas que no están en regla deben ser responsables y adherirse al blanqueo. Sabemos que sus costos son altos pero se están evadiendo los derechos de los trabajadores”, apuntó.
También Luis Pedernera, vocero de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva), consideró que "el blanqueo laboral es una buena medida", pero consideró que "no tendrá mucho impacto en el sector vitivinícola, porque hay empresas que claramente no están dispuestas a pagar".
En tanto, Miguel Ponce, secretario de la la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), opinó que la medida es positiva para los trabajadores, pero reconoció que "para que funcione, el Gobierno debe dar beneficios a las empresas para la reducción de costos".
El Gobierno recuperaría la Ley del Primer Empleo
Hace justo un año el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para facilitar el ingreso de los trabajadores al mercado laboral, la Ley del Primer Empleo. Entre las medidas que proponía, habían varias que significaban una reducción en los costos de los empleadores.
Lo cierto es que el Congreso demoró la evaluación del proyecto y la normativa estuvo cerca de quedar en el olvido. Sin embargo, según trascendió en los medios nacionales, la intención del Estado sería buscar la aprobación de la Ley del Primer Empleo junto con la implementación del blanqueo laboral. Así, el sector empresario tendría mayores motivaciones para formalizar a sus trabajadores.
Aunque el proyecto podría tener modificaciones, lo presentado por el Gobierno nacional el año pasado exceptuaba a los empleadores del pago de distintos porcentajes de las contribuciones patronales y hasta contemplaba la posibilidad de otorgar incentivos económicos a las empresas que tomaran trabajadores.
Esas medidas tendrían una duración de 36 meses por cada trabajador. Habrá que esperar los movimientos de los legisladores.
