La audiencia pública convocada por el Epre para discutir el mecanismo de ajuste de la tarifa eléctrica a aplicar en adelante casi no tuvo resistencia. Por el contrario, salvo algunas observaciones de representantes de entidades de defensa del consumidor y sindicatos en cuanto a una mayor transparencia de los números de eventuales incrementos, hubo coincidencias en el atraso de los costos con las distribuidoras, funcionarios del ente regulador y del gobierno prácticamente cosecharon un aval explícito a la decisión de reacomodar el costo del suministro para los usuarios periódicamente durante el resto del año, hasta que en enero de 2014 se realice la postergada revisión integral de los cuadros, pendiente desde 2009.
Pero en realidad, el encuentro que reunió a 150 personas en el hotel Savoia de Guaymallén (ex Ejército de los Andes), también sirvió para refrendar otros 2 aspectos del orden del día: la constitución del Fondo de Obras de Infraestructura, y junto a la tarifa social, un programa de Normalización de conexiones domiciliarias irregulares. En otras palabras, el modo de regularizar a quienes se "cuelgan" del servicio.
Desde el Ejecutivo justificaron el proceso que comenzó con la decisión de suba del 9% en enero del Valor Agregado de Distribución (ganancia de las empresas, un 5,5% más en facturas) y las próximas, que según se prevé serán en abril y setiembre. Para el titular del Epre, Elián Japaz, "podría ser un par de puntos más, dependerá de que analicemos el flujo de fondos de las empresas".
Argumentos
Precisamente, parte de la presentación de la directora de Servicios Públicos de la provincia, Patricia Martínez, se apoyó en justificar "ajustes menores" para "coadyuvar al flujo de caja de las distribuidoras". Asimismo, se incluyó como antecedente el mecanismo de ajuste por variación de costos superior al 5%, fijado en 2009 y hasta ahora en suspenso.
"Los análisis dan cuenta de la participación de la Autoridad de Aplicación para que la audiencia pública considere una propuesta de adecuación de ingresos de las distribuidoras entre períodos tarifarios, para asegurar la sustentabilidad del servicio", consignó.
Incluso, el gobierno considera incluir a la categoría T1R1 (consumos de hasta 300 kw/mes) mayormente exceptuada de los aumentos desde 2001.
Luego, Edemsa y Edeste expusieron números de su situación financiera y operativa. Según la principal distribuidora de la provincia, "hubo un esfuerzo por mantener el nivel de calidad y hacer las inversiones imprescindibles". Sin embargo, el propio gerente general de Edemsa, Neil Bleasdale, lo resumió así: "La audiencia habla por sí sola. ¿Si es bueno o malo? Prefiero no decir nada".
Desde el Epre manejan un dato: la demanda de potencia eléctrica crecerá 25% en 5 años lo cual, sin inversiones sostenidas, pondría en riesgo el sistema..
El informe de Edeste, por ejemplo, señaló que su capacidad será superada en 90% hasta 2017. "Ya no pueden agrandarse más las estaciones transformadoras. Se necesitan otras nuevas", señaló José Acosta, del área operativa.
Un aporte similar en tal sentido hizo el director de operaciones de Distrocuyo, Gustavo Dondero. La empresa sólo extendió en 12 kilómetros su red de alta tensión desde 1995. Menos del 1%. "De ahí que la ampliación deba financiarla el usuario final, quien genera la demanda. Un caso es el de la línea Nihuil IV, que si sale de servicio deja a oscuras a San Rafael", argumentó el directivo.
Si bien la audiencia no es vinculante, es un trámite necesario para que el gobernador Pérez ahora pueda refrendar en un decreto la decisión final del ajuste de VAD y la tarifa. Por eso hubo participación diversa, aunque poca oposición a la hora de argumentar. La asociación protectora planteó la necesidad de transparentar la discusión, entre otros ítems, en las sanciones por fallas del servicio.
