Autoritarismo, personalismo y democracia

Camino a cumplir tres décadas desde la restauración democrática en 1983, el balance sobre la realidad de nuestras instituciones políticas resulta más bien desolador. Es evidente que ni la dirigencia política ni la ciudadanía hemos sabido consolidar la vigencia plena de la Constitución Nacional. Por el contrario, las deformaciones son cada día más evidentes, a punto tal que podríamos decir que vivimos una verdadera desfiguración institucional.

Tiene que rescatarse, sí, una excepción, esencial para nuestra convivencia y que debería ser el punto de partida de la recuperación institucional. Nos referimos a que la inmensa mayoría de los ciudadanos están convencidos de que los gobiernos deben ser reemplazados en elecciones democráticas. Pero fuera de ello las deformaciones son evidentes.

Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 1º establece: "La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal". La realidad nos muestra una situación distinta: el federalismo es inexistente, los gobernadores -salvo alguna excepción- son delegados del Gobierno Nacional. El constante peregrinar a la Capital para que los reciba algún funcionario y "les tire" una ayuda financiera, humilla las autonomías provinciales. Ni hablar de las decenas de viajes para aplaudir a la Presidenta.

La democracia representativa es negada, cuestionada, devaluada. En su lugar se intenta instalar una democracia "delegativa", en la que el líder busca la relación directa con el pueblo, sin mediación ni de los partidos ni de la prensa. La democracia es para los partidarios, no se gobierna para todos. No hay igualdad ante la ley.

Con esa lógica política, la República está siendo vaciada de su contenido sustancial: la división de poderes, el gobierno de la ley, el estado de derecho. En su lugar encontramos un Congreso obediente y el ataque sistemático del Poder Ejecutivo al Judicial, en tanto sus fallos no sean favorables al Gobierno. Se legisla a medida de los intereses que el oficialismo quiere defender, la ley como norma general e igual para todos casi no existe.

Otras garantías constitucionales, como las del artículo 14, son seriamente afectadas, por ejemplo las de entrar, permanecer y salir del país, ya que el gobierno prohíbe la compra de dólares, sin los cuales no se puede hacer lo anterior. La libertad de prensa es groseramente atacada a diario y el Gobierno ha creado un formidable aparato de propaganda oficial que pagan los contribuyentes. La inviolabilidad de la propiedad, el uso y libre disposición de la misma, están severamente limitados, en tanto un intervencionismo agobiante decide qué debe hacer cada empresa. Las libertades civiles, uno de los pilares constitucionales, han sido seriamente debilitadas, nos vamos convirtiendo en una sociedad donde lo que no está prohibido es obligatorio.

Esta desfiguración institucional es impulsada desde el ejercicio de un presidencialismo que excede todo límite razonable, siempre acompañado, replicado y aumentado por una corte de funcionarios obsecuentes. El culto a la personalidad en el caso de Néstor Kirchner inunda el país, y el personalismo autorreferencial constante de la Presidente está muy lejos del espíritu republicano.
 
El uso casi diario de la cadena nacional de medios de comunicación abruma, satura, aun a quienes comparten aspectos importantes de la política del Gobierno. El uso por altos funcionarios de un lenguaje chabacano y violento y parte de la propia gestualidad presidencial contribuyen, también, en gran medida al deterioro de las instituciones. Es hora de que el Gobierno y la sociedad reflexionemos seriamente si no hemos pasados límites que deberían ser infranqueables.