Probablemente la presentación de las declaraciones juradas del Régimen de Autodeclaración de Avalúos ha sido una de las medidas en materia tributaria más polémicas de la administración de Cornejo.
Es que la decisión de intimar a 7.105 inmuebles, que representan sólo el 1% del total de parcelas registradas y cuyo avalúo fiscal es igual o superior a los $2 millones, resultó en una catarata de presentaciones judiciales de insconstitucionalidad con resolución pendiente.
No obstante la pelea en el ambito judicial, de los intimados el 66% decidió cumplimentar lo requerido por ATM, mientras que el 34% quedó sujeto a multas que van desde los $ 3.500 a los $ 70.000.
Cabe recordar que leyes 9.021 y 9.022 y la Resolución Reglamentaria n°16/18 determinaron que los propietarios de inmuebles con ciertas caracteristicas debían presentar una declaración jurada, en donde valuaban su propiedad, base sobre la cual se recalcularía el impuesto inmobiliario del año.
"Lo que tenemos es una evaluación casi final, porque como todo procedimiento de determinación de un impuesto, no se termina el día que se presenta la declaración sino cuando se hace la fiscalización de la declaración. Por lo que estamos en una etapa avanzada pero no final", señaló a Los Andes Ignacio Barbeira, director general de Rentas.
Para el funcionario, hay que distinguir por grupos las declaraciones juradas que se presentaron. "El 54% corresponde a inmuebles con destino a casa habitación. De ese porcentaje, el 57% declaró algo muy cercano al doble del avaluó fiscal, entonces no le dio diferencia a pagar. El 43% que declaró más del doble, el promedio del aumento del impuesto fue del 20%", indicó
Es que en la Ley Impositiva, el recálculo del impuesto, para este año sólo se hace sobre el 50% de lo que declararon como "extra", no sobre el total.
“Esta es una herramienta que se puso en la ley para darle mayor gradualidad”, consignó Barbeira.
Punto por punto
Los planteos de inconstitucionalidad que dejó esta norma se basan en tres pilares: asegura que iría en contra de la garantía de igualdad y la razonabilidad, porque si bien la alícuota sigue siendo la misma y el fisco intenta avanzar por avalúo y valor de mercado, plantean inequidad.
Y el tercer pilar es la confiscatoriedad, ya que implicaría un alza sustancial en el tributo. Varias cámarás aseguraban que el incremento del tributo rondaría el 400%.
Desde ATM sostienen que los casos relevados representan aproximadamente el 1% del total de las parcelas registradas en toda la provincia.
De las 3.405 parcelas que poseen avalúos igual o mayor a 2 millones de pesos, 1.865 parcelas (54%) tienen destino de vivienda o similar.
Sobre estas 1.865 parcelas cuyo avalúo es igual o superior a 2 millones, 1.061 parcelas (57%) no tuvieron incremento en el impuesto ya que no arrojan diferencia de Inmobiliario a pagar en 2018, y sobre las 804 parcelas (43%) restantes cuyo destino declarado es "vivienda", el aumento promedio en el impuesto Inmobiliario asciende al 20% respecto de lo facturado previamente por ATM.
