La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó la medida cautelar presentada por la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios (Cadim) contra el Autoavalúo de inmuebles.
De esta forma, Administración Tributaria Mendoza (ATM) podrá continuar con la aplicación del régimen, que este año incorporará a otras 3.000 propiedades, y aplicará sanciones a 1.500 contribuyentes por incumplimiento.
Además, si bien aún resta por resolverse la causa de fondo, expertos consultados por Los Andes afirman que la decisión de la Justicia sobre la medida cautelar le permitiría a Administración Tributaria Mendoza (ATM) ampliar la base de contribuyentes alcanzados por el Autoavalúo.
Sin embargo, el Gobierno aseguró enfáticamente que seguirá trabajando con los mismos parámetros que ha utilizado hasta ahora.
El conflicto legal
Las leyes 9.021 y 9.022 y la Resolución Reglamentaria 16/18 determinaron que los propietarios de inmuebles con ciertas características debían presentar una declaración jurada con la valuación real de la propiedad. En base al monto informado, se recalcularía el impuesto Inmobiliario del año.
Entre los inmuebles afectados aparecen, por ejemplo, estaciones de servicio, bancos, comercios de más de 500 metros cuadrados, parcelas cuyo avalúo fiscal resulte igual o mayor a $ 2 millones y "parcelas, cualquiera sea su avalúo fiscal, cuyo valor de mercado estimado sea igual o superior a $ 15 millones".
La Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Autoavalúo y en ese marco, una medida cautelar para frenar la aplicación de la normativa. A esta última acción adhirieron Dalvian, Chatam, Fideicomiso Mendoza Norte, Palmares Valley, GR Desarrollos Inmobiliarios II, Arrabales, Las Moradas y Alto Las Heras.
Entre los argumentos expuestos por Cadim y las empresas, se aducía "violación del principio constitucional de igualdad, violación del principio de legalidad y violación al derecho de propiedad".
La cautelar también afirma que "se viola el principio de razonabilidad, ya que la tributación sobre la base del valor de mercado del inmueble implica un aumento de entre el 200 al 300% en relación a lo que se tributaba anteriormente por igual tributo" y se acusa violación del derecho de defensa y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.
En otro punto, se denuncia "violación del Consenso Fiscal al que adhirió la Provincia, ya que mediante aquel se obligó a determinar el valor fiscal de los bienes inmuebles a través de un organismo federal, por lo cual no le es posible a la demandada avanzar en forma unilateral sin que antes se cree tal organismo".
Posibles sanciones
Pese a los argumentos expuestos, la Corte rechazó la cautelar y ATM podrá continuar con el Autoavalúo.
Eduardo Martín, titular de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, explicó que esta situación podría repercutir en la aplicación de multas para muchos contribuyentes.
Es que no sólo se rechazó el pedido de los empresarios, sino que además, la demora en el proceso condujo a que algunos dueños de propiedades no hicieran la autovaluación en los plazos establecidos. "El perjuicio se produjo, los plazos están cumplidos y ahora existe la posibilidad de que impongan multas", indicó.
Ignacio Barbeira, director de Rentas de ATM, confirmó la posibilidad de sanciones. "El autoavalúo incluyó hasta ahora a 7.000 propiedades, sobre 675.000 empadronadas.
Entre las afectadas, declararon el nuevo valor 5.500 contribuyentes. Los plazos vencieron y vamos a ir por las 1.500 propiedades que no declararon", afirmó.
Consecuencias
Enzo Piva, subgerente de Impuestos de TGA Auditores & Consultores, consideró que, tras el rechazo de la cautelar, podría llegar a ampliarse la base tributaria para el Autoavalúo.
"Si bien aún está en discusión la acción de inconstitucionalidad, la Corte no admitió la cautelar. Eso deja la puerta abierta para que el año que viene se agrande la base tributaria", comentó.
Ignacio Barbeira, de ATM, aseguró que no se ampliarán los parámetros para incluir a más propiedades en el régimen de Autovaluación. "Ya se mandó el proyecto de ley que incluye en la normativa a las propiedades con un avalúo fiscal igual o mayor a $ 2.000.000. Es el mismo límite que se utilizó anteriormente", indicó.
"Entendemos que a las 7.000 propiedades que debían hacer el Autoavalúo se agregarán otras 3.000, alcanzando las 10.000 en total", aseguró el funcionario.
Claves
El Autoavalúo fue incorporado en la Ley Impositiva de 2018. Ya quedaron comprendidos 10.000 contribuyentes de un total de 675.000 que pagan impuesto Inmobiliario.
La Suprema Corte de Justicia aún debe resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios.
Piden más igualdad en el régimen
Eduardo Martín, titular de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, opinó que "el Autoavalúo debería hacerse con todas las propiedades de Mendoza, no solo con inmuebles de más de $ 2 millones de avalúo fiscal".
Desde su punto de vista, “lo que corresponde es que se hagan nuevas actualizaciones de manera más igualitaria, porque de lo contrario se está apuntando sólo sobre un pequeño sector”.
Además, advirtió que "la mayoría de las propiedades de menos de $ 2 millones están subvaluadas y quedan afuera de la operativa porque la valuación fiscal es muy baja".
Desde el Gobierno de Mendoza recordaron que otras provincias optaron por efectuar un fuerte revalúo de sus propiedades, como fue el caso de Córdoba o Buenos Aires, dejando como consecuencia subas promedio de 56% en 2018.
"Mendoza, en cambio, decidió un camino progresivo, comenzando por aquellos sujetos que posean inmuebles de mayor valor. Por eso, para 2018 la medida sólo alcanzó a menos del 1% de las parcelas", señalaron desde el Estado provincial.
