Otra vez el vil metal amenaza con calentar las relaciones entre el gobernador saliente, Francisco Pérez, y el electo, Alfredo Cornejo. Esta vez es por la construcción de una cárcel por iniciativa privada, que fue presentada el año pasado al Ejecutivo por la empresa Obras Andinas.
Ayer se supo que el Ministerio de Infraestructura aprobó el proyecto ejecutivo de la obra y que sólo quedan dos temas por resolver: la declaración de impacto ambiental (DIA) que no demoraría más de tres meses y el, más complicado, financiamiento de unos 1.200 millones de pesos para iniciar la construcción.
La historia de la mal llamada “cárcel privada” se inició en octubre del año pasado, cuando el ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla, blanqueó el proyecto presentado por Obras Andinas, la empresa constructora del empresario sanrafaelino Omar Álvarez.
El nuevo penal, en caso de construirse, se ubicará en el mismo páramo de Cacheuta que Almafuerte y donde se construye el penal federal. Más exactamente estará al sureste de Almafuerte, mientras que la cárcel en construcción actualmente (con fondos nacionales) se encuentra al suroeste.
La idea de hacer obra pública por iniciativa privada no es nueva en Mendoza (así se hicieron Nihuil IV y la planta de tratamiento de Campo Espejo) y está prevista en la ley 5507. De acuerdo a la norma, el privado que haga la propuesta (en este caso Obras Andinas) debe presentarse en una licitación pública y, en caso de que su presentación en la compulsa de precios no sea la mejor, tiene la chance de mejorar sus precios.
El problema no sería este aspecto sino con qué plata se pagará la construcción de un nuevo penal. No es novedad que Mendoza no tiene recursos. De hecho hasta requiere del auxilio financiero del Banco de la Nación Argentina para pagar sueldos de los empleados públicos. Entonces se requeriría un préstamo que cubra el costo de la obra.
Ese préstamo ascendería a 1.200 millones de pesos, al menos es lo que estima el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, teniendo en cuenta el incremento de costos por la inflación. Justo en este momento, cuando Pérez y Cornejo buscan que el Banco Nación se apiade y preste a Mendoza casi 6 mil millones de pesos, hablar de 1.200 millones de pesos adicionales de deuda parece un imposible.
El año pasado era otro cantar. Hay que recordar que cualquier nuevo endeudamiento requiere la autorización de los dos tercios de los votos de las dos Cámaras legislativas. Cuando el Ejecutivo mandó el proyecto de presupuesto 2015, iba incluido el pedido de autorización por $ 1.000 millones para la cárcel. La pauta de gastos se votó en Diputados y el bloque de la UCR aprobó ese pedido pero las diferencias con el oficialismo hicieron caer el proyecto de ley en el Senado, a instancias del propio Frente para la Victoria.
Uno de los voceros de Cornejo en el tema cuentas públicas, el diputado Martín Kerchner, admite que “es necesario un nuevo penal para mejorar las condiciones de alojamiento de los internos"”, y luego recuerda el voto afirmativo del radicalismo por los mil millones, pero también menciona las complejas negociaciones con el oficialismo por la transición y la necesidad de cubrir las urgencias que hacen peligrar la prestación de servicios básica del Estado. “Que manden un proyecto de ley a la Legislatura y lo vemos”, dice sin jugarse a un no, pero tampoco diciendo sí.
Lo concreto es que el 9 de setiembre pasado, Baldasso le dio el visto bueno al proyecto ejecutivo presentado por Obras Andinas. Para aclarar los tantos, proyecto ejecutivo es algo así como el desagregado en pasos del desarrollo de la obra, es decir que es la receta que deben tener los constructores para empezar a levantar hierro y hormigón.
Sólo falta un paso: la DIA. Baldasso detalla que en el mismo predio hay un penal construido (Almafuerte) y uno en construcción (el federal), por lo que obtener el impacto ambiental debería ser un trámite. “Se puede ir gestionando paralelamente el financiamiento y estamos en condiciones de arrancar la obra en diciembre”, dice el ministro, lleno de optimismo.
Luego explica que hay dos opciones para obtener el financiamiento. Uno, que la empresa adjudicada pueda traer el financiamiento que la Provincia deberá pagar o que sea la Provincia la que tome la deuda.
Pero cualquiera de las dos opciones requiere de autorización legislativa con los dos tercios de los votos y los bloques del Frente para la Victoria no alcanzan ese número sin el acompañamiento del radicalismo.
Un trámite que empezó hace un año
El proyecto original fue presentado en la Legislatura por los ministros Rodolfo Lafalla (Trabajo, Justicia y Gobierno), Rolando Baldasso (Infraestructura) y Leonardo Comperatore (Seguridad). En octubre del año pasado se hablaba de $ 900 millones el costo de construir una cárcel para 900 internos distribuidos en seis pabellones: cuatro de mínima y media seguridad y dos de alta.
Dos meses después, Diputados votaba el Presupuesto 2015; en realidad lo aprobaba el radicalismo en soledad. El Frente para la Victoria se había ido del recinto porque la UCR empujaba un párrafo que se contradecía con la estrategia electoral que el oficialismo había diseñado para enfrentar los comicios de este año: en el artículo 1 se incluía una partida de 40 millones de pesos para financiar las campañas de las primarias abiertas y de la general.
Pero no sólo eso había votado el solitario bloque UCR. También había autorizado el endeudamiento para construir la cárcel propuesta por Obras Andinas.
Sin embargo, las urgencias electorales pudieron más y el oficialismo cajoneó el proyecto de Presupuesto en el Senado. El tiempo trajo acuerdos entre ambas fuerzas en torno a lo electoral, pero el oficialismo nunca volvió a hablar de Presupuesto 2015. Ahora, si el Ejecutivo no quiere destrabar la discusión de la pauta de gastos, debería remitir un proyecto de ley nuevo, en el que se trate específicamente este endeudamiento.
