El 10 por ciento de aumento desde febrero, que consiguió la Administración Central en la última paritaria, se reflejó ayer en el bono de sueldo de todos los empleados del Estado, entre los que se cuenta toda la dirigencia política que se desempeña en el Poder Ejecutivo y Legislativo.
El aumento que llegó al bolsillo de funcionarios y legisladores volvió a generar, como todos los años, la polémica entre los detractores y los defensores de los aumentos. Pero más allá de la efervescencia del momento, tanto el Frente Cambia Mendoza (comandado por la UCR) como el Frente para la Victoria, defendieron la forma en la que se dan los incrementos y descartaron que, por el momento, se proponga otra forma de calcular los salarios.
Lejos de lo que repercutiría en un sueldo promedio de cualquier trabajador, el 10% conseguido a partir de marzo para los empleados públicos significó en los cargos políticos, un aumento cercano a $ 10 mil.
En el caso de los legisladores, pasarán de ganar $ 71 mil a casi $ 80 mil de bolsillo por mes, además de los casi $ 400 mil anuales disponibles que tienen en concepto de gastos extra. En julio, habrá otro incremento, del 7%.
Los encargados de hacer notar el incremento fueron, nuevamente, los legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, quienes mostraron a través de Twitter los bonos de sueldo que atestiguan la suba. A su vez, volvieron a señalar que sus colegas se negaron a renunciar al aumento.
“No discutimos la legalidad de estar atados al sueldo del Gobernador y de que haya sido por paritarias, sino la legitimidad. Nosotros presentamos un proyecto de resolución para rechazar este aumento y fue votado en contra”, reprochó la senadora del FIT, Noelia Barbeito, quien también es precandidata a diputada nacional.
En cambio, en el FCM y el FpV defendieron un salario acorde que incentive la carrera política. “Somos una de las Legislaturas más económicas del país y con mayor producción”, se volvió a oír.
Nada nuevo bajo el sol
Salvo el porcentaje y la cantidad de plata, nada ha cambiado en los últimos años en lo que se refiere a los ingresos de los políticos.
Tampoco es nuevo el hecho de que la polémica recae en la Legislatura, cuando el aumento también alcanza a los cargos ejecutivos y a aquellos intendentes atados al sueldo del Gobernador, junto con sus concejales.
El debate en torno a lo que debe ganar cada funcionario, se remonta a 2000, cuando se modificó la ley 5.811 y se estableció que el salario no lo fijara la misma clase política encerrada en cuatro paredes, tal como sucede en otras provincias o incluso en algunos municipios mendocinos. Hasta aquí, la norma es considerada como positiva.
Pero desde entonces también se hizo patente la necesidad de ordenar las escalas salariales dentro de la Administración Pública y establecer una jerarquía en la que el Gobernador sea quien más gane en la órbita pública, superando a los jueces de la Suprema Corte y otros funcionarios de organismos descentralizados.
Otra de las ideas que alguna vez se escuchó en la Legislatura y con la que incluso se entusiasmó un aliado al oficialismo (aunque le negaron el debate), es modificar el porcentaje de cálculo de los sueldos.
Ese proyecto implicaba subir el sueldo del gobernador, "que debe ser bien pago", y a la vez bajar los porcentajes de los que están enganchados al sueldo del mandatario. En orden, el vicegobernador gana el 98%, los legisladores el 95% y los ministros el 94%.
"No es lo mismo la dedicación exclusiva que tiene un gobernador a la de un legislador o secretario", señaló el jefe del bloque peronista en Diputados, Javier Cófano, y rescató el hecho de que sea por paritaria y no ellos mismos los que se fijen el salario.
El FIT también tiene una tercera propuesta -sin adeptos en los otros partidos-, que consiste en que los políticos ganen igual que una docente con 25 años de antigüedad. Esta idea es sostenida y "predicada" por los legisladores de este partido, quienes se quedan con $ 14 mil y los restantes $ 66 mil los donan a las "luchas" y a sostener actividades de su partido.
También subió el monto para viajes y contratos
Sin tener nada que ver con el aumento otorgado, que responde a la paritaria que firmó la Administración Central, hay otro “fondo” que se actualiza año a año por paritarias, y al cual pueden echar mano los legisladores.
Se trata del cupo total con el que cuenta cada legislador para pagarse pasajes y viáticos o realizar contratos de locación, entre otras acciones. Esta “pequeña” caja es de $ 380 mil para los diputados” y de $ 408 mil para los senadores.
La cuenta da que por mes cada legislador tiene entre $ 31.600 y $ 38 mil para costearse pasajes, pero también para crear una “red de trabajo” que termina, en algunos casos, siendo refugio de amigos y colaboradores políticos. Este monto anual, el año pasado, era cercano a los $ 300 mil.
El dinero que no se usa en ese mes, no se acumula sino que vuelve a rentas generales a fin de año, en el caso de Diputados, mientras, en el Senado, se computa como un gasto que no existió. “Que exista este dinero disponible no significa que lo gasten en su totalidad. Esto no sucede”, defendieron en el Senado.
En el caso del dinero que se destina a los viajes, hoy las normas de transparencia indican que las cuentas deben rendirse y ser publicadas en las páginas de Internet de cada una de las Cámaras. Hasta aquí, no hay grandes sorpresas.
Según el detalle, el senador que más viajó el año pasado fue Luis Böhm, con un total de $ 69.177 de gastos en pasajes y viáticos, todos a Buenos Aires. No se pudo comprobar el diputado con más gastos en viajes porque, durante el día de ayer, no funcionó la página de la Cámara baja.
Los gastos en contratos, si bien no tienen un registro para el público, son rendidos ante el Tribunal de Cuentas. Pero lo cierto es que legisladores de todos los partidos, sin distinción, los usan.
