El aumento del 15 por ciento que logró la Administración Central en la última paritaria se reflejó ayer en las cuentas de toda la clase política y con ello se reeditó, una vez más, la discusión que hay en torno a cuánto debe ganar un funcionario.
El incremento, que elevó en el caso de los legisladores en 10 mil pesos la dieta, fue la primera suba de este año y en setiembre toda la casta política, desde el Gobernador hasta el último asesor, cobrará otro 10% más. Por otro lado, por planilla suplementaria, cobrarán el retroactivo a marzo que compensará dos meses sin aumento.
Esto se debe a que la discusión salarial que tuvo el mes pasado la Administración Central (paritaria firmada por la UPCN pero no por ATE ni Sitea) cerró con una suba del 25% en dos etapas.
Es decir, más allá del revuelo social, justificado en un contexto de incrementos considerables en las tarifas, el aumento es legal.
Esto parte de lo que fija la ley 5.811, que establece que al sueldo del gobernador están enganchados el resto de los funcionarios políticos, tanto del mismo Poder Ejecutivo como del Legislativo.
Es decir, el sueldo del gobernador, equivalente al doble de la clase 13 más el adicional por mayor dedicación (Cornejo suspendió el pago de los ítems de antigüedad y título) quedó, con el el último incremento, en casi 90 mil pesos en bruto. De ese monto, se desprenden los demás salarios.
La escala salarial continúa con la vicegobernadora, Laura Montero, que cobra el 98% del sueldo de Cornejo; los legisladores, con el 95%; los ministros y el titular de la Dirección General de Escuelas el 94%. Por otro lado, aquellos intendentes cuyos sueldos también estén enganchados a este régimen incrementaron en forma automática sus ingresos, al igual que los concejales y el resto de los funcionarios comunales.
La novedad sobre cómo repercutió el aumento en los bolsillos de los políticos estalló y tuvo como principal escenario la Legislatura. Es que los diputados y los senadores suelen centrar la atención en este tipo de escándalos, más allá de que sean todos los funcionarios públicos los que se ven beneficiados.
Ayer, la senadora Noelia Barbeito fue quien denunció un “dietazo” y dio a conocer, a través de su cuenta de Twitter sus bonos de sueldo.
Según publicó, el 15 % de aumento llevó su sueldo de 72 mil en abril a 85 mil pesos en bruto en mayo. Con los descuentos por contribuciones sociales hechos, pasó de 57 mil a 68 mil pesos, es decir, 11 mil pesos más. El salario del resto de los legisladores coincidió en esta suba.
La noticia no tardó en generar malestar y toda la atención se trasladó a la Casa de las Leyes, en donde distintos legisladores dieron su versión y opinaron respecto de la suba. Pero lo cierto es que más allá de las declaraciones, desde la Legislatura no habrá ninguna medida que dé marcha atrás con el incremento.
En este sentido, Barbeito intentó con un pedido “in voce” (a viva voz, sin estar formalizado en un expediente) dejar sin efecto el aumento.
Sin ni siquiera una sola respuesta de sus pares, la iniciativa no fue acompañada por nadie (salvo por Víctor Da Vila, también del FIT) y la sesión continuó sin que el tema fuera abordado. “Discutir con ellos es darles más entidad”, justificó un senador al terminar la sesión (ver aparte).
Viejo debate
Más allá del enojo social que generó la noticia, este aumento a los funcionarios del Ejecutivo y los legisladores no es el primero ni tampoco será el último.
“Desde 2000 hay problemas con los sueldos de los funcionarios. Con (el gobernador Roberto) Iglesias modificamos la 5.811 para que no dependiera nunca más de una decisión de los legisladores ni del gobernador fijarse su propio sueldo”, explicó el senador radical, Juan Carlos Jaliff, y corrigió una opinión que se generalizó ayer: “Redactamos un artículo que estaba atado a la administración pública. Desde hace 15 años los sueldos no nos los fijamos nosotros”.
En los últimos años, hubo algunas medidas esporádicas que afectaron el salario de los políticos. En 2014, el entonces gobernador Francisco Pérez congeló los sueldos, por lo que desde mayo de aquel año hasta diciembre de 2014, cobraron lo mismo.
Pero como un efecto “boomerang”, en enero de 2015 todos los que ocupaban cargos políticos cobraron el aumento postergado y sus ingresos se abultaron considerablemente. Ése no fue el único incremento importante durante el año pasado: la paritaria con la Administración Central cerró en un 35% de aumento que también se trasladó a los funcionarios y legisladores.
Es por eso que a mediados del año pasado los legisladores cobraron entre 12 mil y 15 mil más de bolsillo.
En diciembre, el flamante gobernador Cornejo redactó, en una de sus primeras leyes, una disposición que eliminó del cálculo de su sueldo los ítems antigüedad y título (incluidos por Pérez).
La ley impidió que el sueldo del gobernador subiera automáticamente en un 20% respecto de lo que cobraba su antecesor. Como segundo efecto, limitó todos los aumentos que se darían en el resto la clase política, cuyos salarios están calculados en base a lo que gana el gobernador.
En setiembre habrá un nuevo aumento. Retomando el caso modelo, un legislador pasará a ganar -en un cálculo aproximado- $ 92 mil de bruto y unos $ 73 mil en la mano.
