Será la primera vez que un órgano estatal autónomo ponga la lupa sobre nuestra Provincia y realice una auditoría de corte para conocer la situación financiera y administrativa que recibirá el próximo gobierno.
Se investigará la situación de la deuda en general y con los proveedores, la ejecución presupuestaria, el posible ingreso irregular de empleados al Estado, el cumplimiento de la ley de administración financiera al respecto.
Muy importante es que la auditoría se extenderá a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), donde se denuncia desde hace tiempo manejo irregular de recursos, contratos en exceso, importantes deudas con los prestadores.
Es también interesante que hayan adherido Guaymallén (hoy con serios problemas), Las Heras, Malargüe y Gral. Alvear. Igualmente se haría una auditoría de transferencia para conocer qué fondos podría adeudar la Nación a Mendoza.
Como era previsible, las actuales autoridades han cuestionado la iniciativa con argumentos como que no es competencia de la AGN estudiar la situación provincial y que se trataría de un menosprecio de la autonomía provincial y el espíritu federal. Se ha remarcado que existen organismos como el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado que cumplen funciones de control.
Hay varios aspectos a considerar que conducen a sostener que la realización de la auditoría es conveniente y oportuna. Una auditoría interna o externa es una función independiente dentro de la organización, cuyo objeto es evaluar la eficiencia y efectividad de su sistema de control interno y su calidad de funcionamiento.
Revisa la confiabilidad e integridad de la información, el uso económico y eficiente de los recursos, el cumplimiento de los programas, metas y objetivos. Abarca actividades financieras y operacionales.
Si bien la auditoría en el ámbito privado y público tiene similitudes técnicas, importa tener en cuenta que en el caso del sector público los auditados tienen a su cargo la administración de fondos que no les son propios sino que les han sido entregados con finalidades determinadas y de cuya gestión deben rendir cuenta.
Es muy importante que en las auditorías públicas prime la neutralidad política. En este sentido, la AGN asiste técnicamente al Congreso en el control de las cuentas del sector público; verifica el cumplimiento contable, legal y de gestión por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
El objetivo primario de la AGN es contribuir a que se adopten decisiones eficaces, económicas y eficientes en materia de gastos e ingresos públicos. Desde luego es un organismo especializado y altamente capacitado para realizar sus funciones, como lo demuestran sus informes.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia tiene jurisdicción y poder para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de los caudales públicos hechas por todos los funcionarios, empleados y administradores públicos; efectúa un control de legalidad ex post, generalmente lento y burocrático; una auditoría va mucho allá, se trata de saber si la situación de la Provincia es grave o no en materia económica y financiera.
La realización de auditoría integral de gestión cuando se produce un cambio de gobierno, sea o no del mismo partido político, debería ser una práctica regular para garantizar las transparencia de la gestión pública.
En función de lo expuesto creemos conveniente la realización del trabajo de la AGN, y estimamos que se debería debatir la conveniencia de que la Provincia contrate un servicio de auditoría externa especializada mediante riguroso concurso.
Podría, incluso solicitarse que la AGN sea la que habilite esos servicios, como ocurre con el Banco Central y los auditores del sistema financiero. Igualmente es conveniente que se ponga en práctica la realización de un balance patrimonial del Estado provincial; como en cualquier empresa o familia es bueno saber si estamos mejor, igual o peor que un año atrás.
