La discusión política terminó por meterse en el conflicto judicial por el Río Atuel. Como era de esperar, a las explicaciones técnicas y jurídicas que se expusieron ayer en la Legislatura, se sumaron también las pujas políticas y los reproches por las obras y las gestiones de estos últimos años; sobre todo por el aplazamiento de Portezuelo del Viento y los trámites para que la Nación pague a Mendoza el 100% de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles.
Con esta discusión de fondo, ayer comenzó a esbozarse la defensa que deberá presentar Mendoza ante la Suprema Corte de la Nación. Esto a partir del juicio que inició La Pampa por la distribución del Río Atuel, situación que tomó vuelo propio el viernes pasado, cuando se conoció que la Corte aceptó la demanda pampeana.
A partir de esta última novedad, en Fiscalía de Estado esperan que en los próximos días llegue la notificación del juicio, lo que activará la cuenta regresiva de 60 días que tiene Mendoza para presentar su defensa, la cual deberá ser más extensa que las 400 hojas que tiene la demanda pampeana. Se calcula que entre las fiestas de fin de año y la feria judicial de enero, el plazo para presentar el descargo mendocino se cumpla en marzo.
Ayer se reunió el Comité de Contingencia y Defensa del Río Atuel, compuesto por la Fiscalía de Estado, la Asesoría de Gobierno, el Departamento General de Irrigación y el ministerio Legal y Técnico. En el encuentro también participaron legisladores del FPV, de la UCR y del PD, abogados y especialistas en el tema.
La intención fue avanzar con la estrategia, “horizontalizar el reclamo” y la postura mendocina. Desde setiembre del año pasado se sabe que La Pampa está dispuesta a atacar a través de una instancia judicial, pero desde entonces hasta ahora los movimientos en Mendoza han sido aislados, según la dependencia que aborde el tema. A esto se suman los reclamos que hace la oposición al Ejecutivo para que avance con puntos claves en la defensa de la postura provincial.
La reunión de ayer sirvió para poner en claro los antecedentes que hay en el conflicto, los cuales fortalecen la postura de Mendoza. Entre ellos, el fallo nacional de 1.987 y un convenio del 2.008 sin ratificación legislativa. “Si bien aparecen teorías y valoraciones nuevas con el Derecho Ambiental, desde el punto de vista técnico tenemos razón porque no cambia nada de la situación que ya se analizó”, confió el fiscal de Estado subrogante, Javier Fernández.
Más allá de las posturas ya conocidas, la estrategia permanecerá en secreto ya que al no haber llegado la notificación, La Pampa (siguiendo sus estrategias), aún puede cambiar sus argumentos.
La pelea política de fondo
Si en algo coincidieron todos ayer es que este tema podría haberse resuelto con la política, punto en donde la unidad de criterios termina por dispersarse. Y es que mientras en el Gobierno dicen haberse ocupado de este tema desde el primer día, en la oposición reclaman lo contrario.
A la reunión de ayer asistió el intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, con su principal carta en mano: el reclamo por las regalías de Los Nihuiles.
“El gobierno provincial tiene una deuda con los mendocinos y es reclamar desde 1.973 a esta parte, cerca de 1.000 millones de pesos en regalías hidroeléctricas. Esto es lo que nos debe la Nación o La Pampa por tomarlo como un río interjurisdiccional cuando las presas están en Mendoza. Ese reclamo que no hizo nunca Mendoza y que sólo está en vía administrativa nos permitiría negociar en mejores condiciones con La Pampa y la Nación”, expuso el radical.
Este punto se trasladó a la mesa de debate, en donde se reprochó las reiteradas pérdidas que tuvo el expediente que reclama la inconstitucionalidad del decreto 1.560/73, el cual permite que La Pampa cobre el 50 % de las regalías, cuando Mendoza debería cobrar la totalidad por ser la provincia en cuyo territorio se encuentran las fuentes hidroeléctricas.
Otro de los puntos que generó debate fue el convenio que el entonces gobernador Celso Jaque (PJ) firmó en el 2008, para que Mendoza ceda a La Pampa 4 metros cúbicos de agua, además de realizar obras para el aprovechamiento del cauce.
El convenio tiene sus fuertes rechazos en Fiscalía de Estado, en donde consideran que “no existió” a partir de no haber tenido el aval de la Legislatura. Esta interpretación hizo reaccionar al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, quien defendió que, más allá de las apreciaciones técnicas, “tuvo su valor político”.
En esta dirección, Tanús mostró un costado más conciliador en el tema y dijo que se puede llegar a pasar agua “si primero se hacen acuerdos entre las comunidades afectadas”, además de las obras necesarias para el aprovechamiento de los cauces.
A esto, le siguió otra apreciación polémica, la del diputado Martín Kerchner (UCR), quien le contestó a Tanús que “las buenas intenciones políticas deben estar acompañadas por el profesionalismo, para no ser pie de futuras demandas”.
Un nuevo pedido por Portezuelo
Entre los distintos pedidos que se escucharon ayer, hubo uno ya conocido: la postergación del dique Portezuelo del Viento. La obra fue ideada por el entonces gobernador Julio Cobos (UCR) y logró la firma de Néstor Kirchner, pero no mayores avances en las gestiones justicialistas que siguieron.
“Este conflicto tendría solución si en vez de priorizar la obra de los Blancos se hubiese priorizado con el trasvase del Río Grande al Atuel, a partir de hacer Portezuelo del Viento. Es una obra que acordó Cobos con el Estado Nacional, financiada íntegramente por la Nación, en donde había que buscarle ningún tipo de agregados”, reclamó Cornejo.
