Uno de los mayores problemas que enfrenta la democracia argentina es el atropello que hacen de la misma muchos de sus actores. En estos tiempos de transición democrática entre dos gobiernos elegidos por el voto popular, deberían extremarse los esfuerzos por evitar puntos de fricción generados por conceptos o declaraciones que sólo crean inquietud. La crisis institucional en Bolivia es un claro ejemplo, más allá del válido interés de los legisladores de expresarse públicamente sobre la alteración del orden constitucional en ese país.
Pero uno de los aspectos que más preocupan es el siempre utilizado recurso de fustigar la tarea de la Justicia y de los medios periodísticos cuando están en juego situaciones que, por ejemplo, atañen a la transparencia en el ejercicio de la función pública.
En declaraciones que efectuó durante su reciente viaje a México, en una entrevista con el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, el presidente electo hizo apreciaciones que resultaron totalmente contradictorias con muchos deseos de moderación y respeto al periodismo que él mismo planteó durante la campaña electoral previa a su elección.
En esa entrevista, Fernández dio a entender que existe una trama política y periodística dedicada a la concreción de denuncias de tipo conspirativo sin sustento y sin el correspondiente aporte de pruebas de la supuesta acción delictiva. Siguió de esta manera buena parte del libreto que utilizan muchos ex funcionarios públicos sobre la existencia de conspiraciones inverosímiles en lugar de aportar pruebas con las que busquen demostrar que no tienen vinculación con los casos en los que los involucran.
En la mencionada nota, Fernández se refirió concretamente, con respecto a los políticos argentinos supuestamente hostigados por los jueces con complicidad periodística, a la situación de Cristina Fernández de Kirchner, ahora vicepresidenta electa e indudable mentora de la fórmula que llevó al otrora funcionario kirchnerista a ser el nuevo presidente de la Nación.
No debe ignorar, el futuro jefe del Ejecutivo nacional, que Cristina Fernández de Kirchner ventila en la Justicia Federal un elevado número de causas por corrupción que pondrán a prueba, a partir del 10 de diciembre, la independencia de los poderes del Estado y el respeto de las autoridades políticas a esa condición.
Por otra parte, se reitera la alusión a empresas de medios y a periodistas de las mismas supuestamente partícipes de hechos tendientes a generar un clima adverso a los ex funcionarios sospechados y en procesos judiciales, otra notable contradicción con promesas hechas durante la campaña electoral. Muestra el posible regreso a comportamientos absolutamente inadecuados en lo que se refiere a la vigencia de la libertad de prensa en el país.
Toda acción tendiente a lograr acuerdos políticos que conduzcan a un mejor funcionamiento de la Justicia en el país será bienvenida por una amplia mayoría ciudadana y permitirá comenzar a saldar una de las deudas grandes que el sistema democrático mantiene con los argentinos.
Pretender involucrar a determinados jueces y fiscales que investigan hechos de corrupción con supuestas organizaciones conspirativas de persecución política o ideológica, significa caer una vez más en prácticas autoritarias que deben ser erradicadas.
Con más razón cuando se busca, sin más argumentos que la simple pasión política irracional, involucrar al periodismo independiente.
