En el Gobierno festejan que de 750 empleados registrados en febrero, apenas fueron 31 los que perdieron beneficios por ser deudores del Estado.
Ahora van a la caza de 171 funcionarios judiciales que mantienen deuda con la ATM. La deuda que se les reclama suma 2.300.000 pesos en total.
Antes de Semana Santa se remitieron las intimaciones desde ATM y en caso de que no se presenten a regularizar la situación, se descontará compulsivamente la deuda al momento de liquidar salarios de abril; es decir a fin de este mes.
Se recuerda que los funcionarios son empleados jerárquicos del Poder Judicial. Entre los dependientes de la Suprema Corte y del Ministerio Público Fiscal hay alrededor de mil funcionarios judiciales.
Desde ese poder se informó que las notificaciones no se hicieron vía oficina de Recursos Humanos, aunque no descartan que haya hecho individualmente al domicilio de cada uno de los deudores.
Al momento de hablar se mantiene cuidadosa prudencia, al punto de que costó que se informara el monto global reclamado; incluso más, antes de informar nada, se reitera el hecho de que el descuento compulsivo de la deuda impositiva ya se aplicó a los funcionarios del Ejecutivo desde el arranque de la gestión.
El ministro de Hacienda Lisandro Nieri recuerda que en diciembre de 2015, con los funcionarios de la gestión de Francisco Pérez se hizo el descuento con lo que el Estado adeudaba de aguinaldo, el proporcional de los 10 días de diciembre, inclusos sueldos atrasados. En aquella oportunidad los alcanzados fueron 250 funcionarios y el descuento a todos sumó $1.177.000.
En junio de 2016 llegó el descuento para 63 funcionarios del gobierno de Alfredo Cornejo, en total se retuvieron 302 mil pesos. En diciembre del mismo año, la retención de la deuda impositiva le llegó a 60 funcionarios y alcanzó los 243 mil pesos.
Durante todo 2017 no se hicieron descuentos; con el sueldo de marzo de este año 81 funcionarios se encontraron con el descuento en el bono de sueldo y a todos se les retuvo 324.300 pesos.
“Les descontamos montos muy chicos a cada uno. En algunos casos eran reclamos administrativos de unos pocos pesos que ni los funcionarios sabían que adeudaban. Ahora están todos en cero” dijo Nieri.
Después de aplicar la medida durante más de dos años a los funcionarios propios y dejar a todos en cero, es que se avanza a los funcionarios de otro poder del Estado. La pregunta es si hay jueces que deban impuestos al Estado. En Casa de Gobierno nadie atinó a responder, sólo se dijo que se está evaluando alternativas.
La medida del descuento de las deudas no se repitió sobre los empleados cuya relación laboral sea por contratos de locación, o en planta temporaria; tampoco se realizó a trabajadores que gozaran de adscripciones, subrogaran cargos de mayor jerarquía o cobraran mayor dedicación horaria. En esos casos, el Gobierno optó por otro camino.
Desde julio del año pasado se venía amenazando con que los agentes del Estado en las situaciones descriptas perderían su condición sino regularizaban sus deudas con el fisco. Todo empezó con el decreto 1.267, que ponía como plazo para ponerse al día el 1 de noviembre del año pasado.
Ese plazo se fue corriendo en sucesivos decretos, al 1 de diciembre, al 28 de febrero y al 31 de marzo, el último.
Nieri dijo que “el objetivo no era la sanción. Hay una deuda y hay que cancelarla, por eso se dieron sucesivas prórrogas”. Según el funcionario en febrero de este año eran 757 empleados en las condiciones descriptas que debían impuestos. “Bajó muchísimo, nos quedaron 31 ”, agregó.
De esos 31 casos, fueron 3 los que perdieron relación laboral con el Estado con contrato de locación, el resto siguen siendo empleados pero perdieron beneficios: 24 contaban con un adicional salarial por mayor dedicación y 4 estaban adscriptos y debieron volver a su lugar de trabajo original.
