Fueron 14 disparos realizados por dos encapuchados que se movilizaban en dos motos. El objetivo fue generar la primera de las amenazas al gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, que fue ratificada luego por un mensaje de texto enviado al celular de la jueza encargada del caso.
Un tema que exige una investigación profunda de la que deben participar no sólo efectivos santafesinos sino también del Gobierno nacional en razón de que los supuestos autores responderían, de acuerdo con todos los indicios, a sectores del narcotráfico.
No fue fruto de la casualidad lo que le sucedió al gobernador santafesino. Durante los últimos meses, Bonfatti inició una campaña en procura de terminar con el flagelo de las bandas de narcotraficantes que pululan por toda la provincia, pero que tienen su centro de operaciones en la ciudad de Rosario. Se han producido inclusive enfrentamientos armados entre las propias bandas, lo que no es un hecho menor.
El tema de la droga tiene, en este caso, también un fuerte contenido político, ya que en su afán por denostar al gobierno de Bonfatti -sucesor de Hermes Binner, quien fuera candidato a presidente por el Partido Socialista- algunos referentes del Gobierno nacional hasta acusaron a su gobierno como un “narcoestado”, siendo el delito con las drogas un tema que corresponde a la Justicia Federal, no a la provincial.
Incluso, luego de producido el atentado contra Bonfatti, el ministro de Defensa nacional, Agustín Rossi, también santafesino, si bien repudió lo sucedido, no desaprovechó la oportunidad para dejar jugar una lamentable carta preelectoral, al señalar al líder del Frente Amplio, Hermes Binner, como responsable de “incubar” la problemática del narcotráfico en Santa Fe y permitir la “connivencia” policial con ese delito.
Otro de los aspectos inquietantes se centra en que luego del atentado no se haya reforzado la presencia de Gendarmería Nacional en la ciudad de Rosario para prevenir delitos complejos, pese al pedido público que hizo la gobernación de, al menos, 400 agentes.
El atentado al gobernador santafesino generó la inmediata reacción de la dirigencia política en general, que se solidarizó con Bonfatti por lo sucedido. Inclusive en Mendoza el Senado de la provincia aprobó por unanimidad un proyecto de resolución en ese mismo sentido. Es por ello que llama la atención la liviandad con que el Gobierno nacional trató el tema, quizá porque se trate de una provincia en manos de la oposición.
Sin embargo, la Nación no puede mirar para otro lado porque el caso exige la suma de todos los actores para enfrentar el flagelo del narcotráfico.
Bonfatti no ha sido el único amenazado. Con anterioridad también recibieron advertencias un juez conocido por su investigación sobre una banda de narcos, el ministro de Seguridad de la provincia y otros funcionarios. El propio Bonfatti señaló que no era un atentado contra su persona, sino que era un ataque contra la democracia y contra las instituciones.
En síntesis, un serio llamado de alerta que exige la participación de todos porque el enemigo es muy grande y por demás peligroso.
