La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció ayer un refuerzo de la seguridad tras el atentado con una bomba de fabricación casera que dejó 14 heridos, y que abrió un debate sobre la capacidad del Estado para luchar contra lo que consideran terrorismo.
El artefacto explosivo, preparado con un extintor relleno de pólvora negra y un detonador, causó el pánico en Santiago de Chile el lunes, tras explotar dentro de un basurero en una zona comercial de una estación del subterráneo santiaguino.
Se considera el mayor atentado desde la llegada de la democracia (1990), según medios locales. El gobierno presentó una querella por delito terrorista.
Bachelet anunció ayer que se reforzará la seguridad en las estaciones de metro y los lugares de mayor afluencia y aseguró que no permitirá "que un grupo reducido de terroristas y cobardes afecte la vida que llevamos".
En los últimos años habían estallado centenares de artefactos parecidos sin causar grandes daños ni heridos graves, pero nunca se había cruzado la línea de instalarlos en un lugar público, concurrido y en horario diurno.
De los 14 heridos que dejó la explosión, 5 continuaban hospitalizados ayer, mientras que 8 fueron dados de alta, la mayoría por lesiones auditivas. Uno de los afectados no quiso ser atendido en centros médicos.
El giro en el modo de los ataques ha atemorizado a los capitalinos. Una foto de origen desconocido que se viralizó en las redes sociales mostraba una pintada en el transporte público, en la que se podía leer: “La próxima bomba será en un bus”.
El gobierno analiza la imagen.
La cautela ha llevado a cerrar momentáneamente varias estaciones de metro por paquetes sospechosos que terminaron siendo falsas alarmas. Los responsables del metro han protegido todos los basureros como precaución.
Confusión
La gran pregunta aún pendiente de respuesta es quiénes están detrás de este ataque y qué buscan. El atentado no ha sido reivindicado.
Un estudio de la policía chilena citado por El Mercurio señalaba que en los últimos 9 años, se habían instalado 198 artefactos, de los cuales 81 fueron reivindicados por grupos antisistema o anarquistas.
En total, 11 personas fueron juzgadas, y sólo una condenada a cárcel, pero ninguno por delitos terroristas, que son muy complejos de asignar.
En lo que va de año, los ataques con bombas caseras se reactivaron, y algunos países como Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Australia y Gran Bretaña, advirtieron a sus ciudadanos de este fenómeno.
Más herramientas
Después de años de investigación sin resultados, existe coincidencia que en Chile faltan herramientas para abordar este tipo de fenómenos y cambios en la ley Antiterrorista.
Como explicó en una entrevista con el portal periodístico chileno “The Clinic” el abogado Juan Pablo Hermosilla, miembro de la comisión que prepara una reforma de la ley Antiterrorista, “el trauma de nuestros servicios de inteligencia en la dictadura -que actuaron como represores contra opositores- nos ha impedido tener un trabajo que es necesario”.
“Se necesita una nueva ley de inteligencia, con muchas más atribuciones, mucho más moderna y que dé cuenta de la realidad de hoy”, reconoció ayer el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.
Peñailillo citó, por ejemplo, permitir la figura de agentes encubiertos para las investigaciones. Además, informó que por el momento cuentan con un fiscal dedicado exclusivamente a la causa.
Por su parte, Bachelet aseguró que enviarán al Legislativo con urgencia los cambios a la ley Antiterrorista, de herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con los que pretenden tapar "los vacíos legales" que dificultan una respuesta más eficaz.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha recomendado a Chile ajustar esta ley a estándares internacionales, y no aplicarla a grupos de la etnia mapuche en el marco de las demandas territoriales planteadas por los indígenas.
Cámara de seguridad captó a un sospechoso
Una de las cámaras de seguridad del subte de Santiago detectó a un individuo sospechoso de instalar el artefacto explosivo que anteayer dejó 14 personas heridas en el centro comercial Subcentro, en el acceso a la estación de Metro Escuela Militar de la capital chilena, informó ayer el diario El Mercurio.
De acuerdo a la grabación, se localizó a un sujeto delgado vestido con gorro, lentes y una bufanda, dejando un paquete dentro del mismo basurero donde estalló la bomba, 20 minutos antes de su detonación, según reveló el mismo diario.
Las imágenes se obtuvieron luego del análisis de las 20 cámaras de vigilancia realizado por el equipo investigador encabezado por el fiscal exclusivo Chistian Toledo.
El registro reveló también que el individuo cargaba el paquete sospechoso envuelto en una chaqueta. Una vez puesto el bulto en el basurero, el sujeto abandonó el centro comercial.
La investigación continuó ayer con la revisión de las cámaras de seguridad ubicadas en el exterior del Subcentro, para poder dilucidar por qué medios el sospechoso abandonó el lugar.
En este sentido, se barajan dos teorías: que el sujeto abandonó el lugar del hecho abordando el metro, o que haya salido a la calle y tomado un bus de la locomoción colectiva, sostiene el diario chileno.
Ataque al transporte, el estilo de los anarquistas
El fiscal Christián Toledo, a cargo de la investigación, dijo ayer que las tres bombas más recientes tienen dos cosas en común: un extintor con pólvora y un reloj temporizador.
Las pocas veces que han aparecido volantes en el lugar de los ataques, los firman presuntos grupos anarquistas. Los actos terroristas parecen seguir la línea del transporte público, conformada por el tren subterráneo y autobuses, que a diario mueven a unos cinco millones de personas.
La ley antiterrorista amplía los tiempos de detención, permite testigos secretos, interferir comunicaciones y contempla elevadas penas. Todas las estaciones del metro, más de un centenar, amanecieron ayer con policías en sus ingresos y salidas, y en las estaciones fueron clausurados con bolsas de plástico negras los basureros y otros fueron sacados, para evitar que sean usados de nuevo como contenedores de bombas.
“No nos va a temblor la mano. No vamos a permitir que un grupo reducido de terroristas y cobardes afecten la vida de las personas que quieren vivir en paz”', advirtió Bachelet ayer.
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, admitió que no hay detenidos, y apeló a la ley antiterrorista al presentar una demanda contra los que resulten responsables.
