Luego de quedarse fuera de la firma del acta acuerdo, ratificada la semana anterior por la Legislatura, la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) preparó una serie de demandas contra el Gobierno y pidió que se reabran la paritarias.
La denuncia apunta contra el gobernador Alfredo Cornejo, el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, y el subsecretario de Trabajo, Alejandro Jofré, a quienes ATE acusa de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Las presentaciones fueron, por un lado, ante la Fiscalía de Estado y las cámaras laborales, en donde se acusa de “práctica desleal” a la cúpula del Ejecutivo. A su vez, la semana que viene el pedido llegará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en donde denunciarán “la violación del ámbito paritario”.
La demanda en sí tiene como fundamento la pelea que hubo entre el gremio y Cornejo hace unas semanas, y que terminó con el remate final de la estrategia del Gobernador en la Legislatura.
Luego de algunos encuentros paritarios en los que ATE pidió el 40% de aumento para los no profesionales de la Salud, el Gobierno cerró la discusión con la firma de uno de los gremios que participó de la negociación, aunque minoritario: ATSA. La última oferta fue del 24,5% en dos etapas.
La rúbrica sirvió para que, unas horas después, el acta acuerdo fuera ratificado en la Legislatura sin la firma de ATE, gremio mayoritario entre los no profesionales de la Salud.
Claro, que a diferencia de cualquier otra paritaria, como por ejemplo la de los profesionales de la Salud, el acuerdo no fue homologado, sino que fue ratificado. Una pequeña diferencia en la redacción, que da cuenta de que el aumento, que alcanza a todo el régimen salarial 15, salió por decreto, tal como sucedió con el SUTE.
“El Gobierno anunció un techo del 25% que iban a tener todas las paritarias, teniendo presente que la inflación es superior a ese porcentaje. Esto refleja un recorte salarial encubierto”, puntualizó el secretario general de ATE, Roberto Macho.
