Subleva a la conciencia de los esforzados ciudadanos que viajan en el transporte público de pasajeros, la cantidad de ataques a piedrazos contra las unidades que los trasladan. Hay una ola de atentados de este tipo que se ha acrecentado mucho en los últimos meses, y que marcan una especie de triste récord en julio, con aproximadamente 44 casos de vandalismo en menos de una decena de días.
Para completar el grave cuadro de situación, hace algunas horas dos ladrones subieron a un micro en la Zona Este y, para robarle la recaudación, le pegaron un tiro en la mano. Lo podrían haber matado.
Los Andes se viene ocupando en profundidad de estos paranoicos episodios, prácticamente una locura total, entre otras cosas porque ¿cuántas veces los mismos individuos que han arrojado piedras sobre los colectivos, deben haber tenido que viajar en unidades similares a las atacadas? O tal vez lo han hecho sus familiares, a quienes probablemente no les gustaría padecer experiencias como las que se sucedieron en semanas anteriores.
Lo delicado de estas situaciones son las consecuencias físicas para las personas que, en calidad de transportadas, viajan en esos vehículos. También sus conductores, algunos de los cuales ya han sufrido en carne propia estos desatinos, como el caso de Junín de hace horas.
Hay preocupación en la Secretaría de Transportes porque antes se registraban en un mes 2 ó 3 casos. En muy poco tiempo, siempre durante julio, se llegó a contabilizar 44 casos en alrededor de una semana o 10 días y, lo más grave, con choferes heridos. Lo clásico es arrojar objetos contundentes contra los servicios de corta y media distancia, astillando o destrozando parabrisas y ventanillas.
Una medida que se comenzó a adoptar es la colocación en ventanillas y parabrisas de láminas de seguridad transparentes, que ayudan a minimizar los daños producidos por esquirlas y vidrios rotos ante accidentes o hechos de vandalismo. Justo es reconocer que la oposición, más precisamente desde los senadores radicales, se había solicitado blindar los vidrios de los colectivos hace más de un mes.
No sabemos cuántas unidades podrán recibir esta protección pero sinceramente no creemos que se puedan llegar a proteger todas las que recorren las zonas consideradas peligrosas o potencialmente riesgosas, que son escenario de estos episodios rayanos con el total desinterés por el otro.
Además, el servicio público de pasajeros no lo pagan terceros no comprometidos sino el Estado, es decir, nosotros mismos, y estos estragos perjudican directamente a los mendocinos que suben diariamente a los vehículos del transporte público.
Otra consecuencia es que con este malvado accionar de arrojar piedras contra los colectivos, preferentemente al abrigo de las sombras, es que se complican los servicios, en algunas ocasiones se suspenden recorridos y muchos ciudadanos son perjudicados por estas calamidades de la vida moderna.
Como priorizamos la integridad de las personas, decimos que lo más grave es que por atacar a una unidad del transporte de los ciudadanos, pueden resultar afectados pasajeros y conductores. De hecho, por lo menos cuatro choferes han sufrido en carne propia la demente agresión.
Por cada atentado, nos referimos a los clásicos - arrojar piedras sobre la unidad- como ocurrió con 5 coches 0 KM que el Gobierno de Mendoza presentó en abril destinadas al ramal Pedro Molina-Unimev, se debió enfrentar un costo elevado ya que las piezas dañadas debían ser solicitadas a Buenos Aires.
En general, en otros ataques, y por datos revelados por la Secretaría de Transportes, las erogaciones promedio alcanzan a $ 1.000 por cada unidad. Reiteramos, lo material, siendo gravoso para las arcas de la administración pública, sería lo de menos, porque nadie puede prever el grado de lesiones que pueden sufrir un pasajero o un conductor alcanzado por la violencia de los malhechores, que merecen estar en la cárcel.
