Muchos agradecimientos, voces de compromiso, algunas propuestas y un pedido por mayor eficiencia. Así podrían resumirse las palabras que se escucharon en el palacio judicial mientras Alejandro Gullé asumía el cargo de procurador general de la Suprema Corte. Todo, en un contexto de varios cambios en la Justicia que el propio Gobernador se encargó de alentar.
Costaba ubicarse en un Salón de Actos repleto de gente adonde, pasado el medio día, llegaron el gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Laura Montero y el ya ungido procurador general. Además del Poder Judicial, los esperaban los intendentes radicales del Gran Mendoza: Tadeo García Zalazar, Rodolfo Suárez y Marcelino Iglesias, que lo recibieron con un abrazo.
En primera fila también aguardaban los legisladores Néstor Parés y Juan Carlos Jaliff junto al juez federal, Walter Bento. Cerca estaban aliados como el diputado Pablo Priore (PRO) y miembros de la oposición como los justicialistas Eduardo Bauzá y María José Ubaldini.
Después de un regalo al saliente Rodolfo González y sus palabras alabando a su sucesor, Gullé tomó la palabra para dar un gran agradecimiento. Allí incluyó al gobernador, los legisladores, el propio González, “los que no están”, su familia y la sociedad que lo apoyó en la audiencia pública.
“La gente quiere seguridad y quiero colaborar en esta tarea; me comprometo seriamente. Pondré mi fuerza en lograr metas que ayuden a mejorar la seguridad, a contener a las víctimas, a representar el interés de la sociedad en pos de lograr una justicia rápida y eficaz. Espero que el día que deje mi cargo pueda decir: tarea cumplida”, cerró el nuevo jefe de fiscales.
Algunas de las medidas con las que piensa llegar a esas metas son el remplazo de los fiscales especiales por fiscalías especializadas; la digitalización de denuncias y la aplicación del mismo Código Procesal Penal en toda la provincia. Además, ayer reiteró su apoyo a una reforma del Ministerio Público que divida a los fiscales de los defensores oficiales y otorgue al organismo una relativa autonomía presupuestaria.
Llamaba la atención que hubiera pocos legisladores de la oposición después del apoyo casi unánime en la Legislatura y de haber antes concurrido siete de ellos por el jury al fiscal Carniello (ver aparte). Desde el PJ aclararon que no se trataba ahora de una falta de apoyo sino que la invitación había llegado tarde y varios no habían podido, por sus agendas.
El ADN de la Justicia
Como regalo de despedida, González recibió una botella de vino algo problemática. El tema no era el varietal ni la bodega sino el nombre: Gran Enemigo. Así fue que entre risas Cornejo salió a aclarar por las dudas que no era por la relación que tenía (ni que quería tener) con el jurista.
La retórica del gobernador, último orador del acto, inició con que el sector público gastaba más que el privado pero sin que fuera un gasto mejor. Esa introducción llevó a afirmar que aquello que se gastaba mal en la Justicia era dinero que no se invertía en educación ni en seguridad, en un discurso que siguió su línea habitual de cómo administrar el Estado.
Para ilustrar cómo quería resolver la inseguridad, mencionó propuestas para reformar leyes (de minoridad, Código Procesal Penal y otras), capacitaciones a la Policía, prevención y disuasión del delito; marco para que “si tiene que haber represión del delito estén las condiciones”; resocialización y mejora de cárceles. A este punto afirmó: “No tengamos tanta sensibilidad sólo por las cárceles sino por la gente que sufre la inseguridad afuera de ellas”.
Otro punto fue la gestión del recurso humano en el Poder Judicial y aquí se revivió su conflicto con los sindicatos al reconocer que “hay miedo a la protesta permanente, al reclamo, al escrache... pero debemos ser valientes porque la ciudadanía merece que le demos buenos servicios de seguridad y de justicia”.
Fuera del discurso, fue relevante un anuncio para ampliar el laboratorio genético local hasta alcanzar un estándar internacional. Actualmente el sistema judicial se basa mucho en los testimonios y poco en este tipo de pruebas (en el caso de abusos, habría sólo 41 registros cuando hay 900 imputaciones).
Desde el Poder Ejecutivo están analizando el presupuesto para comenzar las obras en 2017 y se sumaría el registro de nuevos imputados y también de personal policial y penitenciario.
