El gobernador Alfredo Cornejo ha dicho públicamente que Valerio se instalará en la sala Penal de la Corte, para oponer una visión menos contemplativa frente a la delincuencia, que no le tiemble el pulso para meter presos a los que violan la ley. En esa sala está también Omar Palermo, el supuestamente mano blanda de la Corte. Es claro que la "grieta judicial" se verifica en el fuero penal de la Justicia.
En Tribunales se dice que la Corte confirma las penas que sentenciaron los tribunales inferiores en más de un 90% de los casos que llegan al máximo tribunal; con ese número no parece que habrá debates entre Valerio y Palermo; aunque la expectativa es que si haya, al menos en casos paradigmáticos.
La Suprema Corte se organiza en tres salas: la primera es la Civil y Comercial, la segunda es la Penal y Laboral y la tercera es la Administrativa.
La primera sala la conforman Alejandro Pérez Hualde, Julio Gómez y Jorge Nanclares; la segunda la conforman Palermo, el renunciado Herman Salvini y Mario Adaro, allí entrará Valerio cuando reemplace a Salvini el 1 de diciembre; la tercera está conformada por el presidente de la Corte, Pedro Llorente y los presidentes de otras dos salas, presidencias que son rotativas.
Hasta el 25 de noviembre el presidente de la Sala primera es Pérez Hualde y después de esa fecha le tocará a Gómez; hasta el mismo día el titular de la segunda será Adaro y le tocará a Palermo.
El problema con la Sala segunda es que entre los reclamos laborales que deberá resolver en poco tiempo es el reclamo del SUTE por el Item Aula.
El domingo 6 de noviembre Los Andes publicó un reclamo del Gobierno provincial para revocar una decisión de la Administración Pública en épocas de Celso Jaque; Cornejo presentó una acción de lesividad para declarar nulas dos resoluciones que a la postre dejaron a la Universidad Champagnat en manos de un consejo de administración controlado por dirigentes del peronismo.
El reclamo de Cornejo roza a Adaro y en Tribunales empiezan los interrogantes sobre cómo jugará el Supremo en los casos que molesten al Gobierno.