Más de 300.000 mendocinos reciben del Gobierno provincial algún tipo de asistencia alimentaria, ya sea a través de las meriendas escolares o de los distintos planes que se encuentran vigentes. En este concepto se prevé gastar hasta fin de año unos $990 millones, es decir un 55,91% más que en el 2018, cuando se desembolsaron $635 millones. Se trata de un 0,7% del Presupuesto 2019, el mismo porcentaje que en la pauta de gastos del año pasado.
Dentro de este total proyectado para este año, el crecimiento más grande se observa en los montos destinados a planes alimentarios, con un aumento del 138%, mientras que la suba en lo previsto para meriendas de los estudiantes es del orden del 40%. Por su parte, la inflación acumula hasta agosto un 30 % y trepa al 54,5 % si se tienen en cuenta los últimos 12 meses.
Así mientras a nivel nacional se trata el proyecto de ley que prorroga de la Emergencia Alimentaria, que obtuvo media sanción el viernes pasado en la Cámara de Diputados, desde el gobierno local estiman que no deberán hacer cambios de último momento en este sentido, ya que según señalaron, fueron previsores al incrementar previamente lo destinado a los más desfavorecidos.
"Al momento del armado del Presupuesto hemos considerado el salto de la inflación, entre otros índices macroeconómicos, y decidimos reforzar la asistencia alimentaria para las familias, por lo que duplicamos lo que se venía gastando en 2018", relató Gustavo Montoya, director de administración de la Subsecretaría de Desarrollo Social del ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.
Por esta razón y de convertirse en ley la Emergencia Alimentaria, para el funcionario no tendría gran impacto en la Provincia. "Son partidas nacionales que en general no pasan por el Gobierno provincial y no me parece que pueda influir en que dejemos de prestar la asistencia actual, pero hay que esperar a ver cómo se materializa", expresó cauteloso.
Asimismo remarcó que desde el Gobierno, aún sin emergencia, decidiero aumentar ampliamente los recursos destinados a este fin. "Nosotros estamos en principio satisfaciendo todos los pedidos que nos llegan través de los distintos canales", aseguró.
Según informaron desde el Ministerio, dentro de los $990 millones que se destinan a asistencia alimentaria, un 75% (745 millones de pesos) son para meriendas escolares, programa que desde agosto de 2018 le corresponde a la Dirección General de Escuelas (DGE).
En total son 280.000 raciones diarias las que se entregan en los distintos establecimientos, de las cuales 50.000 son almuerzo y 230.000 entre desayuno y media tarde. De los 745 millones de pesos que se gastan en ese concepto, alrededor de 89 millones provienen del estado nacional.
Tal como explicó Montoya, se le asigna tal porcentaje del Presupuesto en asistencia social a las meriendas por tratarse de una prestación para una población a la que hay que atender todos los días y con la que se llega a toda la provincia.
El 25% restante, donde entran más de $245 millones, se divide en cuatro programas. El que más recursos se lleva es el denominado "Tarjeta Alimentaria", en el cual se prevé gastar $133.7 millones y cuenta con más de $29 millones de aporte de la Nación. Este mismo a su vez se subdivide en tres programas: Tarjeta Ticket (15.000 beneficiarios mensuales como máximo) Comer Juntos (700 beneficiarios mensuales) y Nutrifamilia (1.300 beneficiarios mensuales). Tienen características similares y consisten en la entrega de un "plástico" con crédito para adquirir productos comestibles.
El segundo es el programa que provee alimentos a jardines y comedores el que tiene asignados $52.4 millones para aproximadamente 9.500 beneficiarios. El tercero permite la compra de víveres secos de primera necesidad y es conocido como "Módulos Alimentarios". Se le destina $47.7 millones y participan entre 5.000 y 10.000 personas dependiendo del mes. Mientras que el último se lleva $12 millones y se centra en la trasferencia a los municipios. Estos mismos les suman recursos propios y lo destinan a las familias que lo necesitan. En este caso desde el Ministerio desconocen la cantidad exacta beneficiarios ya que la entrega queda a cargo de las comunas.
El dinero gastado en asistencia alimentaria ha venido creciendo y desde 2016 suma un incremento total del 169%. Si se cuenta por separado los planes alimentarios acumulan una suba del 216%, mientras que las meriendas escolares del 157%.
Programas de Nación
Más allá de los aportes nacionales que llegan a los mendocinos a través del ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, el Gobierno nacional envía fondos que llegan directamente tanto a las personas como a las organizaciones sociales.
El más conocido es la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se le entrega a personas desocupadas, trabajadores no registrados, personal de servicio doméstico, así como monotributistas sociales por hasta cinco hijos menores de 18 años. Se trata de una asignación que entrega $2.652 mensuales a 183.674 mendocinos, tal como informaron desde Anses a nivel nacional. El gasto en ese concepto de enero a mayo de 2019 fue de más $1.800 millones, mientras que en todo 2018 la erogación fue de más de $2.900 millones.
Pero además se entregan fondos a través de más de 15 planes que administra el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de los cuales al menos 5 están enfocados principalmente en la alimentación.
El primero de ellos es el Plan Nacional de Primera Infancia, que entre 2016 y julio 2019, alcanzó a un total de 21.826 niños de la provincia. El segundo es el plan de Prevención y Abordaje de la Desnutrición Infantil, mediante el cual se fortalecieron 6 Centros de Prevención, que alcanzan a 2.583 pequeños. Un tercero involucró la puesta en funcionamiento de 37 espacios de la Primera Infancia, donde se le brinda asistencia nutricional a unos 2.158 mendocinos de 0 a 4 años. Además se cuentan el programa Pro Huerta, el Plan Nacional de Protección Social, entre otros.
Piden declarar la Emergencia en la Provincia
Más de 50 organizaciones sociales, sindicatos, Ongs y cooperativas, entre otros, firmaron este jueves un petitorio solicitando la declaración de Emergencia Alimentaria en la Provincia. En el texto solicitan partidas presupuestarias extraordinarias destinadas a asistencia nutricional, generación de nuevos dispositivos para una estrategia integral contra el hambre y la apertura de una mesa de diálogo, entre otros.
Gastón Donato, referente del Movimiento Popular La Dignidad- parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)-,relató que en la Provincia organizan 44 merenderos (la mitad también comedores) donde han podido observar la gravedad de la situación. "La población necesita de un esquema de recursos diferente y de otra envergadura de la que hoy se está destinando, porque la emergencia alimentaria es real, mucha gente no puede acceder a los alimentos básicos", subrayó.
Según explicó, a partir de mediados de 2016 comenzó a surgir en los barrios una mayor demanda de apertura de merenderos que con el tiempo se han ido transformado en comedores a los que asisten no solo niños, sino jóvenes, adultos mayores y familias completas. "Todo este proceso con un acompañamiento de recursos desde el Ministerio de Desarrollo de la Nación exiguo en la cantidad y calidad de alimentos y de la Provincia mucho menores", señaló.
Para Donato hay una negación del Estado provincial de la situación actual de pobreza y al Estado nacional "le queda lejano. "Desde 2018 muchas familias comentan que muchos adultos comen una sola vez por día y con los picos de crisis de 2018 y 2019 esto se ha agudizado", remarcó. Por esta razón para el referente, la declaración de la emergencia nacional es una medida necesaria e incluye el reconocimiento de la existencia del problema por parte del Estado nacional.
“Ahora le estamos pidiendo al Estado provincial que reconozca la emergencia y que ponga a disposición los mecanismos necesarios para atacar el problema ahora, ya que hay cuestiones que si no se atienden ya son irreversibles”, cerró.
Emergencia
El proyecto de ley para declarar la Emergencia Alimentaria que se debate en el Congreso, ya tuvo media sanción en Diputados, y busca prorrogar un decreto que rige desde hace 17 años dictado por Eduardo Duhalde mientras era presidente de la Nación.
Una herramienta que le permite al Ejecutivo agilizar los procesos administrativos (realizar compras por contratación directa y no por licitación) y cambiar el destino de dineros públicos del Presupuesto (reasignación de partidas), en este caso sobre programas alimentarios y nutricionales.
El que obtuvo media sanción busca prorrogar esta herramienta hasta diciembre de 2022 y establece un aumento mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes para políticas alimentarias en 2019. Unos 10 mil millones extra, que no supondrán gastos nuevos, porque el Ejecutivo planea tomarlos de otras partidas.
