Según el último informe oficial del Indec, el registro conocido como PEA (Población Económicamente Activa) es de 18.000.000 de personas pero, y extrañamente, también se revela que 21 millones de personas cobran del Estado. Veamos algunos números.
Entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios suman 3,6 millones de empleados. Sin contar la cantidad de contratos no registrados con aportes a la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), que existen en las tres jurisdicciones.
En la Anses se contabilizan 15.000.000 de personas que cobran sus jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales.
Existen también las cajas de jubilación provinciales (aquellas que no se transfirieron a la Nación). También retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas, Policía y otros organismos de seguridad. Además, planes sociales y de empleo reciben pagos, aproximadamente 1,5 millón de personas.
Según la Subsecretaría de Políticas y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo "entre enero de 2012 y febrero de 2017, el empleo asalariado en esta categoría creció 23%, lo que implica la incorporación de 576.000 trabajadores" al Estado. De esos empleos "durante el último año, la dotación de personal del total de los organismos públicos creció 0,9%, lo que implica la incorporación de alrededor de 31.000 puestos de trabajo". Es decir desde el gobierno Pro-Radical se produce este incremento. En tanto, Argentina aumentó sus gastos desde 30% del PBI en 2003 a 46% en 2015. Desde que asumió Macri este gasto subió a 49%.
En cuanto a la estructura del Estado, ésta ascendió a 21 ministerios, 88 secretarías, 208 subsecretarías y 647 direcciones nacionales.
Planes sociales
En materia social y empleo, hay planes como el Seguro de Capacitación y Empleo, "con una asignación mensual aplicada a la búsqueda activa de empleo"; Argentina Trabaja; el Programa Más y Mejor Trabajo, "destinado a jóvenes desocupados y con estudios incompletos"; ayudas mensuales a monotributistas sociales, organizados en pequeñas cooperativas; el Progresar, de ayuda para completar los estudios, y también auxilios a empresas a través del Repro (Recuperación Productiva), que "funciona como paliativo para afrontar el pago de los sueldos a los trabajadores".
Por ejemplo, en marzo Progresar abarcó a 558.406 destinatarios con pagos promedio de $ 700 el año pasado; 15.746 mujeres del programa Ellas Hacen, del Ministerio de Desarrollo Social, terminaron la primaria y la secundaria a través del Plan FinEs, que permite que mayores de 18 años que adeudan materias puedan rendirlas y completar sus estudios. El Programa de Transición al Salario Social Complementario prevé una ayuda económica de $ 4.000 mensuales. Es para los trabajadores que participan en alguna de las líneas de asistencia económica individual del Programa Trabajo Autogestionado, en el Programa Construir Empleo o en acciones especiales de empleo que implementó la cartera de Trabajo.
Entre ingresos y gastos se genera un déficit anual superior a 8% del Producto Bruto Interno.
En cuanto a la presión impositiva que reciben los ciudadanos, hoy en Argentina el porcentaje de los ingresos afectados al sistema impositivo supera 47% (casi la mitad de nuestros ingresos debemos aportarlos en concepto de impuestos, entre municipales, provinciales y nacionales, al Estado finalmente). Tenemos un socio permanente e invisible prácticamente al 50% de nuestro trabajo: el Estado argentino.
El incremento de las tarifas por los distintos servicios públicos básicos como son la energía eléctrica en 200%; gas natural domiciliario, 450%; comercial/industrial, 536%, y los combustibles líquidos, 38%. Se pretende que en las negociaciones paritarias los incrementos no superen la pauta inflacionaria propuesta por el gobierno en la ley de Presupuesto: 17% como máximo.
Además, el incremento del endeudamiento externo está en 96.000 millones de dólares, en tan sólo 16 meses de gestión.
La pobreza medida por organismos oficiales supera 30,3% de los habitantes y más de 2,5 millones de personas viven en la indigencia.
Vemos que, a pesar de todos los planes sociales, se sigue multiplicando la cantidad de familias en la pobreza e indigencia.
La disminución de la prestación de la calidad de los servicios básicos, no se puede negar. La educación es cada vez peor; la salud, seriamente deteriorada desde los establecimientos sanatoriales hasta en los insumos básicos para combatir enfermedades (faltan remedios). La seguridad que, afectada por falta de recursos logísticos de las fuerzas, genera el incremento de flagelos como la drogadicción, el alcoholismo, la violencia de género y los secuestros extorsivos. En tanto, la Justicia que, al no contar con recursos y tecnología, muestra sus incompetencias en el tratamiento de las causas, los procesos lentos, el retardo de justicia, criterios de eximición de presión y beneficios por excarcelación muy flexibles. Ni hablar de la falta de viviendas, ámbito de libertad por excelencia del ser humano, donde no se pueden implementar programas de construcción de unidades dignas para una gran cantidad de familias que no tienen forma de acceder a tan fundamental bien.
Y cuando los últimos índices publicados por el Indec dan cifras de crecimiento negativo de la economía, disminución de la actividad comercial, caída de la actividad industrial, caída en el consumo de alimentos y la recaudación impositiva apunta un incremento menor que el índice inflacionario, estamos observando un país con serios problemas. Las naciones no tocan fondo; sus habitantes se acostumbran a vivir peor.
