“Nos vamos a entregar, no sigan disparando", fueron las últimas palabras de Oscar Pérez, el ex policía venezolano que se había convertido en el personaje más buscado por el gobierno de Nicolás Maduro, luego de que tiempo atrás robara un helicóptero y atacara la sede del Tribunal Supremo, aunque sin causar víctimas.
Pérez realizaba un intento desesperado para salvar la vida de otras seis personas que se encontraban con él en una vivienda de El Junquito, en las afueras de Caracas.
Las fuerzas que responden a Maduro no sólo no escucharon el pedido sino que profundizaron el ataque y terminaron rematando a los ocupantes de la casa con un tiro de gracia en la cabeza.
Se supo también que en un momento dado uno de los oficiales que comandaba el ataque se dirigió hacia su superior, indicándole que tenían rodeada la vivienda y con sus ocupantes dispuestos a entregarse. Se desconoce cuál fue la orden que recibió, pero queda en evidencia que fue la sentencia de muerte.
En los hechos, se trató de uno más de los tantos asesinatos políticos que se han producido en Venezuela durante el régimen de la denominada Revolución Bolivariana, aunque la situación se ha profundizado durante la gestión del actual presidente, Nicolás Maduro, que se ve obligado a adoptar este tipo de actitudes ante su evidente incapacidad para revertir una situación económica y social que afecta a un país con una inflación del 2.600% anual, el desabastecimiento y la imposibilidad de la gente para acceder a artículos de primera necesidad y medicamentos.
Cuando Pérez atacó la sede gubernamental con un helicóptero, desplegó una pancarta en la que aludía a un artículo de la Constitución, según el cual el pueblo venezolano "desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos".
Se definía como patriota, nacionalista e institucionalista y decía luchar "contra la tiranía", asegurando que el único fin de su acción era "devolver el poder al pueblo democrático, hacer cumplir las leyes y restablecer el orden institucional".
Maduro tachó al episodio de "ataque terrorista" y convirtió a Pérez en el hombre más buscado por las fuerzas bolivarianas. En la intención de dejar una "enseñanza" hacia aquellos que intenten en el futuro acciones similares, el gobierno decidió no entregar los cadáveres a los familiares directos y "eligió", de acuerdo con su propio criterio, quienes podían asistir al entierro (en el caso de Pérez una tía y una prima), a cajón cerrado, lo que ha permitido presuponer a algunos que los cuerpos podrían haber sido incinerados.
Fiel a su estilo, el presidente venezolano volvió a echar culpas a lo demás por lo sucedido. En este caso específico dijo que Pérez era apoyado desde Colombia, como antes había dicho que la falta de carne de cerdo en las fiestas de fin de año era culpa de Portugal o "como siempre" culpando a Estados Unidos por la crisis económica y política que está atravesando.
Es más, ha rechazado de plano la decisión de la Unión Europea que formalizó sanciones "por represión" contra el número dos del chavismo, Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo, el ministro del Interior y otros cuatro funcionarios, entre los que se encuentra la cuestionada titular del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Las medidas implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio comunitario.
Maduro aseguró que "no se arrodillará ante las sanciones inmorales", mientras desde el oficialismo se intenta diluir el "episodio Pérez" al dejar trascender la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales para antes de mayo con el actual presidente como candidato.
Sea como fuere, las intenciones del gobierno bolivariano de victimizarse se derrumban ante hechos concretos, como el sucedido con los últimos seis asesinatos.
