El gobierno de Brasil negó ayer “categóricamente” las versiones que circularon en la prensa sobre la renuncia de la presidenta, Dilma Rousseff, mientras que según algunas versiones se evalúa convocar al líder del Partido de los Trabajadores (PT), Lula da Silva, para que se sume al gabinete.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, desmintió ayer “categóricamente” las versiones sobre la presunta redacción de la carta de renuncia de Rousseff y aseguró que ella continúa garantizando la “gobernabilidad” a pesar de la inestabilidad política.
El presidente del opositor partido Demócratas, senador José Agripino Maia, aseguró que Rousseff “ya no tiene el control del gobierno” y que la disparada de la inflación, que hoy llegó al 9,56% anual, como consecuencia de su “falta de credibilidad” ante los mercados, aseguró.
En medio de esta situación, Rousseff analizó junto a su equipo una reforma en el gabinete de ministros y una de las posibilidades barajadas, según trascendió, es el nombramiento de Lula da Silva, ex presidente entre 2003 y 2011 y líder del PT que podría oxigenar el crítico momento que atraviesa el gobierno enfrentado con parte del Congreso y salpicado por las denuncias de corrupción en Petrobras.
De acuerdo con lo publicado ayer por O Globo y Brasil247 el ex gobernante podría ser designado al frente de la cartera de Defensa, en la que hoy se desempeña el dirigente del PT Jaques Wagner, o la Cancillería, comandada por el diplomático de carrera Mauro Vieira, ex embajador en Estados Unidos y Argentina.
Junto a la eventual designación de Lula el gobierno planea una ronda de consultas con los “Barones del PBI”, grupo en el están contemplados ejecutivos de la siderúrgica Gerdau, el banco privado Bradesco, que acaba de adquirir a la filial brasileña de HSBC y el grupo de supermercados Carrefour.
El eventual nombramiento de Lula y la reaproximación con grandes empresarios serían dos iniciativas para levantar la mala imagen del
Ejecutivo y recuperarse para aventar el fantasma del juicio político, que tomó fuerza luego de que la última encuesta de Datafolha indicara que el 66% de la población ve con buenos ojos que la presidenta se someta a ese proceso, que deberá aprobarse en principio en el Congreso.
Por su parte, el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) perteneciente a la coalición gobernante, afirmó que continuará comandando la “articulación política” del gobierno, saliendo al cruce de rumores sobre su alejamiento de esa función.
El miércoles, Temer admitió frente a periodistas que la “crisis es grave” y propuso que surja alguien capaz de tomar el control de la situación, lo cual fue interpretado por algunos como una auto postulación para asumir el gobierno en caso de que Rousseff deje la presidencia, cargo para el cual fue reelecta en octubre de 2014.
Los diarios O Globo y Folha de Sao Paulo aseguraron que en una reunión convocada el domingo por la mandataria, presenciada por los ministros Eliseu Padilha (Aviación Civil) y Aloizio Mercadante (Casa Civil), Temer dio explicaciones sobre sus dichos y ofreció su renuncia, que no fue aceptada por Rousseff. El vice ayer salió a desmentir esa posibilidad en Twitter: “Son infundados los dichos de que dejé la articulación política. Continuó. Tengo responsabilidades con mi país y con la presidenta Dilma”, expresó.
En medio de este escenario político convulsionado, el opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) que encabeza Aécio Neves convocó oficialmente a la marcha por el juicio político previsto para el domingo 16 de agosto. Fue la primera vez que la agrupación del ex candidato presidencial adhiere formalmente al movimiento por la salida de Rousseff, que hasta ahora no aceptaba partidos políticos.
Mensaje televisivo
El domingo, mediante un corto televisivo trasmitido en todo el país por radio y televisión, Rousseff dio sus explicaciones sobre el delicado momento que atraviesa Brasil y aseguró que llevará al país a un lugar mejor.
“Sé que hay mucho por mejorar, sé que hay muchos brasileños sufriendo, pero juntos vamos a salir de esto, estoy del lado de ustedes”, subrayó la jefa del Estado en el spot. El video, en el que también aparecieron Lula da Silva, y el actual presidente del partido, Rui Falcão, despertó un cacerolazo en 22 capitales, en rechazo a las declaraciones de la mandataria.
Vecinos del barrio elegante de Higienópolis en San Pablo salieron a sus balcones con cacerolas y sartenes, mientras el hashtag “cacerolazo” subió al primer lugar de los asuntos más visitados en Twitter, informó el diario Folha de San Pablo, habitualmente crítico de la gestión del gobierno brasileño.
“Sé que la crisis ha llegado a nuestros hogares; también sé que esta no es la primera crisis que enfrentamos; nuestro peor momento es aun mejor para el empleado que el peor de los gobiernos anteriores”, sostuvo Lula, y agregó que “los problemas económicos se resuelven con la política correcta y valiente, no con oportunismo”.
El spot fue realizado ante la crisis económica, las disidencias dentro del Congreso -agravadas desde el reinicio de la actividad parlamentaria esta semana, con una serie de proyectos “bomba” promovidos por el ahora opositor presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha-, y el escándalo de corrupción en Petrobras.
"Un juicio por destitución no es un golpe"
La presidenta brasileña Dilma Rousseff se benefició del escándalo de corrupción de Petrobras, afirmó el senador y excandidato presidencial opositor Aecio Neves, que sostuvo que un juicio de destitución “no puede ser tratado como una tentativa de golpe”.
En una entrevista a la revista Veja, publicada el fin de semana, Rousseff “no va a conseguir rescatar las condiciones de gobernabilidad, por lo menos mientras no tenga coraje de reconocer en público su parcela de responsabilidad por el sufrimiento que esta crisis le está imponiendo a los brasileños”.
Neves, que perdió las últimas elecciones por un estrecho margen, dijo que no quiere anticipar escenarios, al ser consultado sobre si Rousseff termina su segundo mandato.
Pero aseguró que su “"posición es de respeto a la Constitución y el 'impeachment' está previsto en la Constitución”.
“El impedimento no ocurrirá por deseo de la oposición, pero por la combinación de un conjunto de factores, que incluye obligatoriamente la comprobación de culpa por crímenes (...). No sé si hay elementos de culpa, pero nada impide que surjan más adelante”, explicó.
Para que un 'impeachment' sea viable debe sortear un análisis técnico antes de pasar a nivel de comisiones y luego, eventualmente, sólo puede ser aprobado por una mayoría especial de dos tercios de los 513 diputados. En caso de atravesar esas instancias, llega al Senado, que se constituye en tribunal.
De la variedad de acusaciones, la mayor amenaza que enfrenta la presidenta es una investigación basada en documentos del Tribunal de
Cuentas (TCU) que busca determinar si el gobierno utilizó recursos de la banca pública para pagar programas sociales, algo prohibido por la ley de Responsabilidad Fiscal.
El gobierno sostiene que esa práctica llamada de 'pedaladas' ha sido común en otras administraciones, pero el proceso en su contra tiene el apoyo de varios partidos de la oposición, que sospechan que las cuentas públicas fueron maquilladas.
El informe del TCU “es bien firme cuando dice que hubo pedaladas y las evidencias de que la campaña de Dilma recibió dinero ilegal se acumulan. Si esto fue comprobado, la ley está ahí para ser cumplida”, lanzó Neves.
“Personalmente nunca cuestioné la idoneidad de la presidenta”, pero “no hay duda de que la presidenta y su gobierno no fueron beneficiados por el mayor escándalo de corrupción montado dentro del Estado brasileño (en la estatal Petrobras). Agencia AFP
