Opinión Sup. Economía Domingo, 4 de febrero de 2018 | Edición impresa

¿Por qué la agricultura no es rentable? - Por Rodrigo González

La fruticultura y horticultura europea, que compiten con Mendoza, se encuentran protegidas con barreras a la importación.

Por ¿Rodrigo González - Fundación Ideal

Diario Los Andes, 27/01/2018: “Durazno: buena cosecha, pero preocupación por los precios. Los productores estiman que recibirán $ 3,50 por kilo, quedando 30 centavos por debajo del costo estimado”. 

Diario Los Andes, 30/01/2018: “Empresarios del sector vitivinícola de Mendoza piden medidas para volver a crecer. Mejores condiciones de financiamiento, mayores reintegros y nuevos acuerdos internacionales, lideran los reclamos”.

A las puertas de una nueva cosecha frutícola, aparecen viejos problemas en varias economías regionales: falta de rentabilidad en nuestras cadenas de base agrícola. 

¿Por qué no podemos sostener una agricultura próspera y pujante? Para reflexionar al respecto analicemos similitudes y divergencias entre Argentina y algunos de los principales exportadores mundiales de productos agropecuarios. 

Conquistar el mundo con la mano visible del Estado

“El aceite de oliva español conquista el mundo”, titulaba un periódico europeo el año pasado. La nota destacaba a España como principal potencia productora y exportadora de aceite de oliva, llegando a más de 140 países. También hacía mención que el aceite español posee los mejores puestos en los rankings de calidad gracias a la excelencia de las aceitunas. 

Sin embargo, en éste y otros tantos casos, el éxito obtenido no habría sido posible sin el sistema de subsidios que reciben los productores olivícolas españoles. España, al igual que el resto de los países de Europa, subsidia directamente a los productores agropecuarios para asegurarles rentabilidad. 

La elevada presión tributaria que sostiene el sistema de seguridad social europeo genera niveles de costos de producción que limitan la competitividad y rentabilidad del productor agropecuario. Para compensar esta situación, Europa implementa un sistema de transferencias directas a los productores agropecuarios que representan, en promedio, un 20% de sus ingresos anuales (OECD). La magnitud de estas políticas es tal que equivalen al 45% del producto bruto agropecuario. 

Un estudio del European Journal of Operational Research estimaba que el 60% de los productores olivícolas en España operarían a pérdida sin la política de transferencias públicas. En definitiva, sin una rentabilidad asegurada para el productor, hubiera resultado imposible promover inversiones tecnológicas, innovación y calidad, ejes de la “conquista” del mercado internacional del aceite de oliva español. 

Adicionalmente, la fruticultura y horticultura europea que compiten con Mendoza se encuentran protegidas con barreras a la importación que mantienen artificialmente alto el precio de sus productos en Europa, generando más rentabilidad a los productores agrarios. 

En síntesis, las leyes del libre mercado son las que aún no conquistan al sector agrícola en determinados países; gracias a ello, muchos de sus productores exhiben una rentabilidad positiva y logros de posicionamiento internacional. 

Conquistar el mundo con la mano invisible del mercado

Sin embargo, existen también modelos agrícolas rentables con prácticamente nulas transferencias públicas. En estos casos, la agricultura se desarrolla en entornos económicos altamente competitivos, con reducidos impuestos que caen sobre la actividad, eficientes sistemas de logística, y una política externa que facilita el acceso en los mercados internacionales mediante tratados de libre comercio.

En este club se destacan países como Nueva Zelanda, Australia o el mismo Chile. El último informe de competitividad del Foro Económico Mundial, colocaba a estas tres economías entre las 30 más competitivas del mundo (The Global Competitiveness Index 2017-2018), superando incluso a países europeos como España o Italia. Argentina se ubica número 92 (sobre 137 países medidos); jugamos definitivamente en otra liga. 

A su vez, en el último ranking de impuestos al salario analizado por la OECD (Taxing Wages 2017), Chile aparece como el país con menor carga fiscal salarial (sobre 40 evaluados), sigue en segundo lugar Nueva Zelanda, y en séptimo Australia. Los países con mayores cargas al salario son europeos. 

En definitiva, y ahora sí haciendo distinción del libre mercado, la rentabilidad de los productores en estos países está dada por los menores costos de producción (propios de una baja presión tributaria y destacada infraestructura) y por la reducción/eliminación de las barreras al comercio. 

Los extremos descriptos, como toda simplificación, poseen matices y entre ambos grupos de países existen casos intermedios como, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá.

¿En qué espejo mirarnos?

En el contexto descripto, las economías regionales en Argentina enfrentan una presión tributaria europea, y un nivel de transferencias chileno, neozelandés o australiano. Todo esto sumado a una infraestructura más deficitaria que cualquiera de los países mencionados, y barreras arancelarias y para-arancelarias en varios de los mercados internacionales extra Mercosur. El resultado está a la vista. 

La solución a los problemas de fondo forma parte de la agenda pública, pero con un cronograma de implementación acorde al gradualismo macroeconómico. La reforma tributaria se implementará en un plazo de 5 años; las inversiones en infraestructura poseen similares plazos de ejecución hasta impactar en la reducción de costos logísticos; los tratados de libre comercio son procesos muy lentos y complejos; y la competitividad cambiaria seguirá seguramente por debajo de su promedio histórico. 

La disyuntiva es la transición. Enfrentaremos un quinquenio complejo para las economías regionales. En este contexto, es difícil pensar en otra alternativa que un sistema temporal de asistencia directa al sector, que posea una gradualidad inversa a la reforma fiscal (asistencia decreciente). Ello implicaría que desde el Gobierno nacional se generen instrumentos (reintegros a las exportaciones, reembolsos de fletes, u otros) que compensen temporalmente la inconsistencia que enfrentan muchas cadenas agrícolas del país. Las estimaciones de costo fiscal indican que ésta no es una propuesta demagógica (o fiscalmente utópica) si se focaliza en cadenas de valor agrícola, con proyección exportadora y alejadas de los puertos argentinos. El riesgo de la inacción será profundizar un modelo olivícola español diametralmente opuesto: falta de rentabilidad, desinversión, descapitalización, pérdida de calidad, desplazamiento de mercados internacionales y menor potencial productivo.