Política Policiales Miércoles, 13 de junio de 2018 | Edición impresa

Piden 5 años de cárcel para el ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado

El fiscal acusó al ex intendente de Santa Rosa de cuatro delitos y solicitó su arresto domiciliario hasta que quede firme la pena.

Por Javier Hernández - jhernandez@losandes.com.ar

Después de un alegato que se extendió durante más de una hora y en el que dio al tribunal su visión de las acusaciones que pesan sobre Sergio Salgado (41), el fiscal Sebastián Capizzi pidió para el ex intendente de Santa Rosa 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos.

Para el resto de los acusados solicitó condenas de hasta 3 años en suspenso. La sentencia se conocerá el lunes.

Durante su largo alegato, Capizzi mencionó la palabra “corrupción” en 19 ocasiones y sostuvo que “el Estado debe hacerse cargo de erradicarla, esa es su obligación y precisamente en este juicio estamos ante cuatro casos paradigmáticos de corrupción”, aseguró y pidió al tribunal no solo condenar a Salgado sino que hasta que la sentencia quede firme, disponga la prisión domiciliaria para el ex intendente.

Capizzi explicó que en el caso de Salgado se debe entender a la corrupción como el uso de un poder monopólico, con grandes facultades para manejarlo todo, pero sin dar cuentas de lo que se hace: “Esta corrupción, que claramente perjudicó al pueblo santarrosino, no necesariamente tiene un objetivo económico y es por eso que al menos en este debate, no se investigan cuentas bancarias o estilos de vida del ex intendente”.

Cuatro son las acusaciones sobre Salgado y el fiscal se refirió a cada una de ellas. Por el manejo irregular que la comuna hizo de los fondos que generó la playa de estacionamiento de La Salada, entre 2013 y 2016, donde también están imputados  el concejal Marcial Ibarra (45), la ex secretaria de Salgado Gisela Ruggeri (38) y su jefe de Acción Social, Flavio Araya (39), el fiscal aseguró que “se montó una estructura paraestatal, en la que los dineros de la playa no pasaban por la contabilidad de la comuna aunque eso sí, se guardaban en el despacho del intendente o en una caja de zapatos en su casa”.

Y aunque admitió que clubes, escuelas y otras instituciones pudieron haberse beneficiado con parte del dinero de la playa, “no hubo registro contable, no se sabe cuánto dinero generó”. Así, acusó a Salgado como autor del delito de concusión y a los otros tres como partícipes necesarios, para los que pidió penas de 2 años en el caso de la mujer y de 3 en el de los varones, todos con inhabilitación perpetua para ocupar cargos.

También aseguró que Salgado es culpable de malversación de fondos por no haber construido una planta de destete que por convenio, la comuna acordó con el Iscamen y por el que recibió $ 1,5 millón: “Salgado le dio un uso distinto a la plata y no sabemos cuál. Dice que pagó sueldos pero debió reponer el dinero y no lo hizo. La planta nunca se construyó, aunque él diga que levantó una fábrica de alimento para ganado en otro lado”.

Capizzi subrayó la finalidad específica de los fondos: “Salgado no se había comprometido a una planta de alimentos sino a una de destete, y aunque pueden ser del mismo rubro, no justifica el desvío de fondos”. 

En tercer lugar, está acusado de desobediencia por no contestar un requerimiento de Fiscalía de Estado sobre una licitación: “Nunca respondió, a eso me refiero cuando digo que el corrupto no da cuenta de lo que hace”.

Finalmente, Salgado y el ex jefe de Hacienda Franco Ojeda (para quien el fiscal pidió 3 años y 10 de inhabilitación para cargos) están acusados de administración infiel, por la emisión de cheques del municipio en la compra trucha de combustible a un lubricentro que nunca fue proveedor de la comuna.

“Se presentaron 28 facturas falsas y se libraron 23 cheques por más de $ 1 millón a nombre de una empresa que no provee a la comuna”, señaló Capizzi, y completó: “El ex tesorero Vicente Lezcano se presentó en la fiscalía y en calidad de arrepentido contó la maniobra”.

La defensa, por la absolución

Los abogados defensores de Salgado y sus cuatro ex funcionarios negaron las acusaciones y en todos los casos pidieron la absolución de sus defendidos.

“Ibarra, Ruggeri y Araya participaron de la playa de La Salada porque todos los funcionarios lo hacían. Y si hubo algo irregular ellos no tenían cómo saberlo”, dijo el defensor.

En el caso de la planta de destete, los abogados señalaron que se hizo una planta de alimentos: “En todo caso hay un incumplimiento de contrato con el Iscamen, pero no un delito penal”.

El propio Salgado se defendió al comienzo de la audiencia: “Los funcionarios iban a atender la playa porque en Santa Rosa la comuna es el eje, participa en todo y colabora con clubes y escuelas”, dijo el ex intendente y aseguró que en el convenio que la comuna firmó con La Salada, figuraba que el dinero de la playa sería donado a las instituciones sin pasar por la comuna, asunto que fue negado por el fiscal Capizzi.