Política Miércoles, 29 de noviembre de 2017 | Edición impresa

Fuerte tensión entre el Gobierno, la Justicia y el PJ por los mapuches

Desde el Ejecutivo y la oposición se cuestionó la actuación del juez Villanueva.

Por Javier Álvarez - Corresponsalía Buenos Aires

El reclamo por tierras de la comunidad mapuche en el sur, con las muertes de los adherentes Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en el medio, generó ayer una fuerte tensión política entre el Gobierno, la Justicia y el peronismo. 

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, cargó contra el juez federal Gustavo Villanueva al expresar que “es muy grave el no haber podido asegurar las pruebas” de lo ocurrido en Villa Mascardi el sábado último, lugar donde fue asesinado de un balazo Nahuel. 

Peña se expresó así al salir de la reunión de Gabinete en la que el presidente Mauricio Macri respaldó a la ministra Patricia Bullrich y a las fuerzas de seguridad, hoy bajo la lupa de la oposición. 

Villanueva no logró que los peritos ingresaran al predio tomado por la Lof (comunidad mapuche) Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, 35 kilómetros al sudoeste de Bariloche. Allí, ayer aborígenes desafiaron a los efectivos de la Policía Federal apostados a pocos metros.

Alejandro Nahuel y Graciela, los padres de Rafael, sepultaron ayer el cuerpo de su hijo tras velarlo en la humilde casa de madera, de unos 25 metros cuadrados, en la que vivía el joven de 22 años. La familia pidió que “el prefecto asesino que le arrebató la vida, lo pague”. 

“Hace poco que estaba en eso. Lo había llevado su tía Mariana. Él iba a ayudar nomás. Pero ser mapuche o no, no es para que te quiten la vida. No pueden matar a un joven por la tierra”, dijo el padre del fallecido por recibir el impacto de una bala que pertenecería a la Prefectura. 

En medio de la tensión, el jefe del bloque del PJ-FpV en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó con dureza al Gobierno y le reclamó que impulse el juicio político contra el juez, porque “es titubeante y no sirve para nada”. 

“Estamos perdidos con estos jueces”, sostuvo el senador al cuestionar que “tardan seis días para ingresar a un escenario y saber lo que ha pasado. No hacen valer la vigencia de la ley dentro del territorio nacional”.

Villanueva es quien había ordenado el operativo de desalojo de los territorios tomados tras una denuncia presentada el 10 de noviembre y luego envió a la Prefectura a impedir que regrese la toma. 

El enojo del PJ

Pichetto le apuntó “al grupo violento y negacionista del Estado” denominado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el cual “no tiene nada que ver con el reclamo pacífico” de la comunidad -integrada por unas 50.000 personas- por tierras que consideran de sus antepasados. 

El senador disparó en ese sentido contra el Poder Ejecutivo, porque “mira como espectador, como si esto estuviera ocurriendo en Medio Oriente”.  Y advirtió que el tema se está agravando porque la RAM tiene conexiones con grupos similares de Chile.

Germán Garavano, ministro de Justicia, reveló que el Gobierno recibió datos de inteligencia sobre el supuesto ingreso ilegal de 40 mapuches por la frontera con Chile, que darían apoyo logístico a  la Lof Laufken Winkul Mapu y a la RAM, con presencia también en Chubut. 

El Obispado de Bariloche, a cargo de Juan José Chaparro, advirtió que la no respuesta al reclamo del pueblo mapuche también esconde “algún tipo de violencia institucional”. El religioso se puso al frente del diálogo político. 

Jimena Pathsakis, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de la secretaria de Derechos Humanos del ministerio de Justicia, es la representante del Gobierno en esa mesa, en la que la condición oficial fue que no participe la RAM.