Opinión Lunes, 14 de mayo de 2018 | Edición impresa

Fracking: invertir en energías limpias y libres - Por Federico Soria

Su imposición sin licencia social y la fuerza de la represión, es política de estado de los gobiernos de turno.

Por Federico Soria - Técnico en Conservación de la Naturaleza

Los vecinos autoconvocados de Mendoza rechazamos el fracking por los desastres que genera. Desde la muerte de Cristina Linkopán, en 2013, envenenada por los tóxicos del primer pozo “experimental” de Argentina, en la Comunidad Gelay-Ko (Neuquén) hasta los numerosos efectos nocivos para el ambiente y la salud de las personas, documentados en diversas fuentes como estudios académicos, publicaciones científicas, libros, notas periodísticas y testimonios de personas afectadas. Ello ha dado lugar a prohibirlo en varias partes del mundo (incluso en los países de las empresas que quieren hacerlo acá). Los daños incluyen la fracturación de la roca madre, empleando enormes cantidades de agua mezclada con químicos tóxicos y arenas silíceas, inyectada a alta presión, con riesgo de contaminar acuíferos y sin posibilidad de reúso, generando inducción sísmica.

Denunciamos la trampa económica del fracking, ya que su tasa de retorno energético es negativa y su ecuación monetaria no cierra; por ende, el Estado viene subsidiándolo onerosamente. Antes era con “precios sostén”, generando la mayor carga de déficit fiscal y deuda pública. Ahora es mediante tarifazos a combustibles, luz, gas y transporte; encareciendo y comprometiendo cada vez más nuestra existencia con esta matriz energética gas y petróleo dependiente, hoy en vías de agotarse. Que ante esto y el cambio climático golpeándonos, el Estado debería invertir recursos financieros e incentivar líneas de investigación y formación profesional para reconvertir dicha matriz en energías limpias y libres, en lugar de destinarlos al sostenimiento de este modelo depredador de saqueo.

Repudiamos la metodología ilegal empleada para la aprobación del sistema y su instancia previa; ya hay registro de derrames y contaminación hidrocarburífera en aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del río Atuel, cuya revelación documentada mantenida en secreto, resultó ser el disparador de nuestra protesta.

A esta altura de la historia y con tanto reconocimiento institucional y popular, resulta chabacano que los funcionarios sigan etiquetándonos de fundamentalistas o terroristas, en lugar de refutar el punto central de la cuestión (los hechos concretos y datos empíricos acreditados del fracking); echando mano una vez más a la falacia ad hominem, la opción más baja en calidad argumentativa de un debate.

Indigna que profesionales de la actividad antepongan sus pergaminos para descalificar otros saberes diferentes, recurriendo a la deshonestidad intelectual para hacer lobby. La desconfianza generalizada al modelo extractivista no es exclusivamente técnica (la construcción del conocimiento tampoco lo es), también es una cuestión social, política e ideológica, pues su imposición sin licencia social y a fuerza de criminalización y represión de la protesta popular, es política de Estado de los gobiernos de turno. 

A esto nos oponemos desde el derecho a la autodeterminación de los pueblos y por todo lo que sabemos de antemano respecto de las consecuencias negativas de ese tipo de explotaciones para las comunidades locales y sus economías regionales. Además, es una cuestión legal: el principio precautorio está perfectamente normado y es obligación de las instituciones hacer valer la prevalencia de los derechos de incidencia colectiva, por encima de los intereses privados particulares.