Política Viernes, 12 de octubre de 2018 | Edición impresa

El fiscal Moldes pidió ratificar el procesamiento y detención de CFK

Coincidió con el juez Bonadio y el fiscal Stornelli en que la expresidente encabezó una asociación ilícita que recaudaba dinero de sobornos.

Por Horacio Aizpeolea - Corresponsalía Buenos Aires

El fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Germán Moldes, presentó un escrito en la llamada “causa de los cuadernos” en el que, básicamente, se alineó con lo actuado por el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli: Moldes sostiene que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó una asociación ilícita integrada por exfuncionarios y empresarios, que recaudaba dinero de coimas y cartelizaba los contratos de obras públicas.

 

En ese sentido, Moldes apoyó la prisión preventiva que Bonadio le dictó a Cristina Fernández y con la que también dio su conformidad el fiscal Stornelli. La exmandataria, por medio de la red social Twitter, aludió al pedido de detención de Moldes: "Después de que frenamos el tarifazo de las 24 cuotas del gas por la devaluación, responden pidiendo mi detención. Muy obvios. Se nota demasiado", escribió.

El escrito de Moldes es una respuesta al procesamiento de 42 personas dictado por Bonadio y a la apelación que presentó Stornelli. La Cámara Federal deberá decidir ahora si refrenda lo actuado por el juez o atiende las apelaciones elevadas por los fiscales y por las defensas de los procesados.

Moldes apoyó la apelación del fiscal Stornelli aunque aclaró que no hay muchas diferencias entre éste y lo actuado por Bonadio: “(...) el disenso entre la posición del Juez y la del Ministerio Público es mínimo. Básicamente se limita a la calificación legal asignada a una parte de los hechos, los tipos penales aplicables y el rol desempeñado por algunos de los integrantes de la asociación delictiva”, explicó Moldes en el escrito al que accedió este diario.

 

¿En qué reside ese “mínimo” disenso? Para Stornelli y también para Moldes, los imputados deben ser acusados por pagar coimas (“cohecho”) y no por el delito de dádivas, como dijo Bonadio en el procesamiento.

“(...) parece absurdo suponer que los empresarios que acordaron con los más altos funcionarios del gobierno entre los años 2003 y 2015 y que se beneficiaron con ello -cartelización de la obra pública- simplemente hayan obsequiado dinero a los funcionarios en el sentido definido por la norma legal cuestionada”, fundamentó Moldes.

Agravamiento para cuatro imputados

El fiscal ante la Cámara de Apelaciones también pidió agravar la situación procesal de cuatro imputados, entre ellos, el cordobés Gerardo Ferreyra, cabeza del grupo empresarial Electroingeniería.

Moldes pidió que tanto Ferreyra como el exsecretario de Obras Públicas, José López; el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y el financista Ernesto Clarens sean considerados "organizadores" de la presunto asociación ilícita.

Respecto a estos cuatro imputados, Moldes sostiene que “desarrollaron actividades que fomentaron el objetivo criminal de la agrupación y tareas que quizás no eran fáciles de reemplazar como sí pudieron ser las de los demás”.

 

Ferreyra es uno de los pocos empresarios que declaró su inocencia y sostuvo que los aportes de dinero que realizó fueron voluntarios. Al no prestar declaración como arrepentido, tal como hicieron la mayoría de los empresarios imputados, Ferreyra continúa cumpliendo la prisión preventiva dictada por Bonadio.

El 17 de setiembre Bonadio dictó 42 procesamientos en la causa iniciada a partir de las anotaciones en un bloc borrador y siete cuadernos tipo escolar, cuya autoría se atribuyó Oscar Centeno, un exsuboficial del Ejército que trabajó como chofer del exsecretario del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.

El fiscal Stornelli calificó de “verdadera bitácora del delito” a esas anotaciones, de las que solo se tienen copias digitalizadas puesto que Centeno, después de varios cabildeos, admitió haber quemado los cuadernos en una parrilla.

 

Moldes indicó que el “jefe de una asociación ilícita es quien detenta un dominio mayor del que hacer delictivo por ser el único con capacidad funcional para conducir, actuar o desactivar el accionar de la banda, de manera tal que los otros deben rendirle cuentas constantemente, pues es el jefe quien tiene la última decisión”. Para el fiscal y para Bonadio, Cristina Fernández es la cabeza de esa asociación.