Sociedad Viernes, 9 de noviembre de 2018

Dónde está la plata que Luján ya pagó por el edificio del Próvolo

En la cuenta donde deberían estar los 60 millones de pesos ya abonados, sólo hay 2,5. El interventor aclaró que están en otra cuenta.

Por Ignacio de la Rosa - idelarosa@losandes.com.ar

Durante las últimas horas, una nueva polémica comenzó a girar en torno al caso Próvolo. Pero esta vez no está centrada en las escalofriantes denuncias de abusos sexuales contra ex estudiantes mientras estudiaban y dormían en el establecimientos educativo para chicos sordos de Carrodilla; y que tiene su investigación penal en marcha. 

La nueva polémica tiene su eje en los más de 60 millones de pesos que la Municipalidad de Luján de Cuyo -que adquirió el edificio con la idea  de instalar su centro cívico en el lugar- ya abonó por el inmueble ubicado en Boedo 385. Según denunció el abogado querellante Oscar Barrera -quien acompaña a algunas de las víctimas-, de ese total sólo quedan 2,4 millones de pesos en la cuenta del Banco Nación sucursal Tribunales (una orden judicial estableció que se deposite allí, ya que es plata que deberá destinarse a las víctimas); mientras que el destino del resto del dinero  es un misterio.

“Nosotros trabamos el primer embargo preventivo y fuimos contra los 60 millones que ya pagó la Municipalidad a la asociación Obra San José. Concretamente era por 4 millones de pesos y por una de las víctimas. Sin embargo, cuando llegó la respuesta nos notificaron que la cuenta tiene fondos por solamente 2,4 millones de pesos”, destacó Barrera a Los Andes.

Por su parte, el interventor del Próvolo y apoderado de la asociación Obra San José, Alberto Bochatey, se defendió de las acusaciones y aclaró que el dinero no ha desaparecido; sino que lo trasladaron a otra cuenta y de otro banco. “La plata está. Se hizo un cambio de cuenta, porque con la devaluación se estaba perdiendo muchísimo dinero; y es dinero que pierden las propias víctimas. Se pasó a un fideicomiso que está hecho y registrado como tal, y el destino de esa plata sigue siendo hacer frente a los gastos presentes y futuros de la asociación”, destacó Bochatey a Los Andes.

“La plata estuvo siempre en Mendoza, y siempre tuvo como destino el fideicomiso. Lo que hemos hecho es preservarla para que no se devalúe”, sintetizó Bochatey.

Además, destacó que ya han gastado cerca de 10 millones de pesos; entre los 2,4 que fueron embargados recientemente por la medida de Barrera y su defendido y otros 7 millones que debieron pagar ni bien cobraron por otros gastos y deudas que tenían pendientes.  

Consultado sobre si correspondía que notificaran a las víctimas sobre el nuevo destino de los fondos, Bochatey consideró que no tenían la obligación de hacerlo. “La plata sigue estando en un fideicomiso que es para las víctimas; y hasta tanto no haya sentencia judicial, no hay obligación de hacer público el destino de los fondos”, cerró.

Embargos a pagos futuros

Barrera destacó que los próximos embargos que trabará en la Justicia civil los hará como créditos para los futuros pagos. Es que a la comuna lujanina le restan aún 4 pagos anuales de 638.000 dólares (a pagar en 2019, 2020, 2021 y 2022) -además de lo ya abonado-.

“Si existe un fideicomiso que posee el dinero de la venta del Próvolo, por un lado lo desconocemos; y por otro, se trata de una persona distinta a la Obra San José. Por tanto, no responde por la orden judicial de embargo para asegurar las indemnizaciones de las víctimas”, agregó Barrera.

En la misma sintonía, Leandro Rodríguez Pons (otro de los abogados que acompaña a las víctimas en el plano civil) confirmó que ya solicitaron 5 embargos y que la semana próxima harán lo propio con un sexto. “Lo vamos a hacer sobre los pagos que aún no se concretan, más específicamente sobre el de 637.987 dólares que deberán efectivizar en setiembre del año que viene”, resaltó.

Respecto a lo ocurrido con el embargo solicitado por Barrera y la sorpresa de encontrar menos de 2,5 millones de pesos en la sucursal Tribunales del Banco Nación (donde se había transferido el primer pago de Luján a la asociación, por orden de la Justicia), Rodríguez Pons fue contundente: “Es una clara muestra de que la asociación se está insolventando, porque el pedido de embargo estaba bien presentado”.