Opinión Miércoles, 10 de octubre de 2018 | Edición impresa

Derecho penal internacional: la protección y la ideología - Por Eduardo Bernabé Toledo

Por Eduardo Bernabé Toledo - Jurista mendocino. Especialista en Derecho Penal Internacional

La forma de ver la realidad mundial difiere en los actores coyunturales, alimenta políticas específicas y se manifiesta en los caminos elegidos para hacerles frente a los problemas caracterizados de urgentes. 

La crisis humanitaria en Venezuela tendría tal condición, de acuerdo a lo descripto por los informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2017) y del Panel de Expertos creado por la Organización de Estados Americanos (2018). 

Debido a la masiva y sistemática violación a los derechos humanos, el 26 de setiembre pasado cinco gobiernos (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú) se reunieron en Nueva York y plasmaron sus voluntades en una declaración que impulsa una investigación anunciada por la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). A esto se sumaron Canadá y Francia, con lo cual el tribunal con sede en La Haya ha recibido un apoyo diplomático inesperado.

Cuando se construyó el sistema de "denuncias" del Estatuto de Roma, tratado que estableció la CPI, no se esperaba que los Estados parte activarían mayoritariamente la jurisdicción del tribunal para que se investigara en sus propios territorios. Hace 20 años se pensó que los gobiernos usarían el sistema para reportar crímenes cometidos fuera de sus límites geográficos y de su competencia.

Desde la declaración de Nueva York se abre un proceso único ante el tribunal internacional, será la primera vez que un Estado (o un grupo de Estados) parte refiera directamente a la CPI una situación de conflicto en otro Estado. 

Aun cuando una pre-investigación había sido anunciada en febrero de este año, el documento modifica parcialmente los pasos a seguir y hace que la fiscal Fatou Bensouda tenga que determinar si hay "fundamentos razonables para comenzar una investigación" sin pedir autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares (cosa que debería haber hecho de no mediar la declaración). 

Podemos decir que las cosas se han puesto más fáciles. En este momento, la fiscalía debe determinar si la información que puede recolectar constituye base razonable de que se está cometiendo (o se ha cometido) un crimen de la competencia de la Corte; si la situación de conflicto es admisible en el sistema de la CPI (ausencia de otros procesos en curso sobre los mismos hechos y que estos tengan la gravedad suficiente); y que existan razones sustanciales para creer que una investigación no atentará contra los intereses de la justicia. 

Una vez reunida la prueba necesaria para lograr el nivel de convicción que exige el Estatuto, la fiscal podrá solicitar un pedido de captura para las personas que considere que tienen la mayor responsabilidad en los hechos investigados.

La no injerencia

La realidad venezolana ha dividido opiniones desde que la Revolución Bolivariana se hizo con el poder. Y más allá de las críticas de un lado y las justificaciones del otro, y viceversa, su actual presidente se ha encargado de alimentar la idea de una Venezuela soberana.
En su concepción esto se traduciría en una antigua práctica de los Estados: la no injerencia en los asuntos internos.
El adjetivo preciso para este tipo de prácticas es obsolescente. Todavía no se ha vuelto obsoleto, pero lo será en un plazo que se cuenta en décadas. La soberanía es uno de los conceptos del Derecho Internacional que ha sufrido la evolución interpretativa que impone la nueva práctica de los Estados y la evolución de la humanidad. En mayor grado desde que en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se buscó un fundamento jurídico a las intervenciones humanitarias y se acuñó, en la Cumbre Mundial de 2005, el concepto de la "Responsabilidad de proteger".

Proteger a la población

Con el fin de asegurar la paz, y sobre todo la protección de los individuos en un territorio determinado, la soberanía debe entenderse como un concepto que tiene como contrapartida la obligación de proteger a la población, en especial de las terribles consecuencias de crímenes internacionales (genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra). 

De esta manera, el debilitamiento de la soberanía absoluta de los Estados se puede analizar a través de las definiciones de los delitos en cuestión y de que en la práctica de los Estados ha imperado un cambio interno debido a la adopción de leyes en la materia.
Por el contrario, los nostálgicos de la República del Upper Volta (república colonial africana que fue combatida por Thomas Sankara y que hoy identificamos como Burkina Faso) vuelven a atacar las herramientas que nos ha costado desarrollar después de la Segunda Guerra Mundial. 

En ese grupo encontramos a Donald Trump y a su asesor John Bolton, quienes han realizado declaraciones que van contra eso que llaman "ideología global". 
Específicamente, ambos han realizado un ataque frontal contra el trabajo de la CPI que carece de sustento, atento al avance de los organismos internacionales y al apoyo que recibió la Corte durante la apertura de 73º Sesión de la Asamblea General de la ONU.
Pocas veces, muy pocas veces, pequeños movimientos generan un cambio de paradigma que trasciende la ideología de los que dieron el primer paso. 

La agenda internacional de los gobiernos que realizaron la declaración de Nueva York, y sus socios, tiene un marcado compromiso con organismos multilaterales de promoción y protección de los derechos humanos, junto a un liberalismo económico que ha sido implementado ni bien se pusieron al frente de sus respectivos países (no debemos olvidar que todos los mandatarios se encuentran en su primer período y que obtuvieron sus victorias representando a partidos de centro-derecha).

Los tiempos corren despiadados en términos políticos y económicos, el desarrollo de las estrategias regionales y globales no está exento de estos vaivenes que implican cambios históricos. 

Haber referido la situación de Venezuela a la CPI puede convertirse en un cambio paradigmático, y puede darle al tribunal un rol que hasta el momento no ha podido consolidar. 

Por lo cual, esperamos que el compromiso para obtener una solución pacífica y respetuosa del Derecho Internacional no se vea afectado por intereses mezquinos y de corto plazo de los gobiernos americanos, en particular cuando el apoyo diplomático de estos se puede ver afectado por su alineamiento ideológico con los Estados Unidos.