Política Viernes, 10 de agosto de 2018

Declaraciones juradas: comienza el control a proveedores del Estado y sindicalistas

Además del control a los 3 poderes del Estado, municipios y todo tipo de funcionarios, se agregan ahora los empresarios y gremialistas.

Por Redacción LA

El gobierno provincial puso en vigencia el nuevo régimen de Declaraciones Juradas, que controlará el patrimonio -además de los funcionarios del Gobierno como se viene haciendo- de empresarios proveedores del Estado y autoridades de organizaciones sindicales, a través de la nueva oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, a cargo de Gabriel Balsells Miró.

A través del decreto 1303 del Boletín Oficial, se dispuso la conformación del “listado de titulares de concesiones de servicios públicos y contratistas proveedores, conforme registros del Sistema SIDICO, que en el año calendario anterior hubieran sido titulares de contrataciones otorgadas por los organismos que conforman el Sector Público Provincial”, que involucra también a los titulares de la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), la Empresa Mendocina de Energía S.A.(EMESA) y el Fondo Provincial para la Transformación y el Crecimiento.

 

De la misma manera ocurre con la confección de la “nómina de autoridades de organizaciones sindicales con o sin personería gremial que ostenten la representación de empleados del Poder Ejecutivo, sus entes descentralizados y demás organismos públicos del gobierno provincial; y todo miembro de organizaciones sindicales que perciban el pago de su licencia gremial”.

A la lista se agregan los tres poderes del Estado, los organismos descentralizados y autárquicos, los municipios y todos aquellos vinculados a las cuentas del Estado.

Sanciones

En caso de que un funcionario prefiera no mostrar sus bienes, tal como ha pasado, hay multas que, dependiendo de la gravedad, irán del 10% al 25% del sueldo bruto mensual del Gobernador. Pero el apercibimiento no termina acá, ya que la sanción económica puede ser interpretada como la forma de escapar a la obligación de realizar la declaración jurada. El incumplimiento es calificado como mal desempeño de funcionario público, lo que lo expone a sumarios administrativos. 

Además de las declaraciones juradas, la oficina funcionará en vinculación con la AFIP para corroborar que coincidan los datos.

 

Incompatibilidades

Se crea entonces un registro para establecer un “régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses” en el desempeño de la función pública. Entre otros requisitos, está prohibida la vinculación alguna con algún proveedor del Estado, o ser pariente “dentro del segundo grado de consanguinidad, o tercero de afinidad” en la misma repartición, salvo que la persona rinda concurso y acredite estar preparado para el cargo.

También se prohíben los regalos, obsequios o donaciones que tengan como motivo el desempeño de sus funciones. La excepción son los reconocimientos protocolares y los que provengan de gobiernos u organismos, además de aquellos que se dan en función de las relaciones personales, como los cumpleaños.

 

Aquellos funcionarios cuyo cargo no surja del voto de la ciudadanía, deberán presentar sus antecedentes laborales y profesionales de los últimos dos años, “al solo efecto de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses que puedan plantearse”, considera la norma que, a 8 meses de haber sido sancionada, está cerca de quedar operativa.