Política Sábado, 11 de agosto de 2018 | Edición impresa

Abal Medina involucró en los cuadernos de la corrupción a un histórico del PJ mendocino

En un escrito de 24 páginas, el ex jefe de Gabinete indica que el dinero recaudado en 2013 era dejado en el despacho de Juan Carlos Mazzón.

Por Redacción LA

Cuando Juan Manuel Abal Medina se presentó a declarar en el juzgado de Claudio Bonadio, llevó además un escrito de 24 páginas. En ese documento, el ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández dijo que el dinero recaudado por Roberto Baratta y Hugo Martín Larraburu “era entregado a la oficina de (Juan Carlos) Mazzón o retirado por él conforme lo acordado”. 

Mazzón era funcionario del gobierno de Cristina Fernández y también el operador del Frente para la Victoria; en Mendoza fue el responsable de “resolver” las listas del peronismo hasta su muerte, ocurrida hace casi exactamente tres años: falleció el 7 de agosto de 2015.

Abal Medina fue citado por haber sido mencionado en los cuadernos. Cuando se imputó al empresario Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), se remarcó que el 5 de setiembre de 2013, Roberto Baratta y Hugo Larraburu “retiran el dinero en un bolso para llevárselo a Juan Manuel Abal Medina por indicación de Cristina Elisabet Fernández”.

 

Su citación está también ligada a un pendrive con planillas de quienes recibían fondos de la política, que la Justicia obtuvo en la casa de Hugo Martín Larraburu, detenido desde la semana pasada y subalterno de Abal Medina. 

El ex jefe de Gabinete defendió a su secretario Larraburu: “Niego cualquier tipo de intervención-participación y/o conocimiento de parte de las personas que estaban bajo mi órbita como Hugo Martín Larraburu”.

Además de su función como jefe de Gabinete, Abal Medina dijo que tenía “también obligaciones políticas como miembro destacado del Partido Justicialista, que por ese entonces representaba el oficialismo a nivel nacional”.

Entonces, contó que en 2013 tuvo que colaborar en las PASO y en las elecciones generales como también lo hizo Juan Carlos “Chueco” Mazzón, quien “entonces además era coordinador general de Asuntos Político-Institucionales de la Unidad Presidente, con despacho en Casa de Gobierno, cercano al mío”.

 

A fines de julio o principios de agosto de 2013 “fui contactado por el Lic. Baratta, quien me informó que debía coordinar con él la entrega de algunos eventuales fondos que él recaudaría de aportes voluntarios”.

Sobre los fondos recaudados planteó que “la informalidad no me hizo dudar o siquiera sospechar de la legal procedencia de esos fondos, ni era mi deber conocer su forma de recaudación”. Es más, agregó que “ni siquiera se me informó los montos exactos que se enviarían, y mucho menos la frecuencia de ello”.

Desligó así, de toda responsabilidad a Larraburu pero aseveró que “Martín -bajo mi instrucción general- pudo haber ido con alguno de los vehículos que se mencionan en ciertas de las oportunidades referidas a encontrarse con Roberto Baratta, Nelson Lazarte o a quien aquel asignara la tarea de entregar esos aportes y/o documentos o materiales destinados a la campaña”.

Al admitir los pagos en período electoral, negó “alguna relación con el origen del supuesto dinero, ni con los aportantes, su eventual entrega desde sus dueños, su recepción informal, la declaración o falta de la misma, y su distribución y/o utilización concreta para una campaña electoral local”.

 

En este sentido consignó que, “los supuestos envíos de dinero no fueron realizados por desconocidos, sino por funcionarios de la gestión; y además, en ningún caso, a domicilios particulares ni a lugares ajenos a la gestión formal, sino que siempre fueron dirigidos a la Jefatura de Gabinete, o sea, mi lugar de trabajo”. Entonces, amplió que los fondos llegaban a “la Casa de Gobierno, porque precisamente solo guardaban relación con la afectación a la financiación de la campaña electoral”.

Así, indicó “como venían, traídos por Martin, eran entregados a la oficina de Mazzón o retirados por él conforme lo acordado”.

Mazzón fue el histórico líder del sector Azul del peronismo mendocino y reconocido armador a nivel nacional. Trabajó con Carlos Menem y Eduardo Duhalde. En 2003, Kirchner recurrió a sus servicios para tender puentes con los gobernadores peronistas.

En marzo de 2015 Cristina Fernández lo echó de la Coordinación General de Asuntos Político-Institucionales de la Unidad Presidente, porque el arreglo alcanzado en la interna PJ de Mendoza obligó a La Cámpora a competir en la PASO de junio de ese año.

 

Ocho empresarios “arrepentidos” 

Ángelo Calcaterra (ex dueño de Iecsa)

Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa)

Armando Loson (Albanesi)

Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux)

Héctor Zabaleta (ex director de Techint) 

Aldo Roggio (Grupo Roggio) 

Jorge Neyra (Electroingeniería)

Carlos Wagner (Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción)

 

Wagner admitió coimas por el 10% de la facturación

El ex titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, estuvo durante más de cuatro horas reunido con el fiscal Stornelli, quien finalmente aceptó su pedido de convertirse en el nuevo imputado colaborador. Wagner fue el primer empresario en admitir “pago de coimas” y obtuvo su libertad.

Después de su declaración, el juez Claudio Bonadio ordenó la detención del ex titular de la Unión Industrial Argentina Juan Lascurain, el ex director del Órgano de Control de Concesiones Viales Claudio Uberti, y del secretario de Julio de Vido José María Olazagasti. Los dos primeros fueron detenidos al última hora de ayer, mientras al cierre de esta edición Olazagasti  era buscado.

El dueño de la constructora Esuco SA comenzó a negociar el jueves con las autoridades judiciales para sumarse a la lista de los “arrepentidos” en este expediente. Wagner es señalado como posible partícipe necesario de la asociación ilícita que movió, según la Justicia, cerca de U$S 200 millones en sobornos durante diez años. 

 

En una semana 23 empresas quedaron investigadas en el expediente por asociación ilícita y la AFIP inició una investigación por presunta evasión fiscal y lavado de activos.

Una semana después de quedar detenido, el hombre clave como ex presidente de la Cámara de la Construcción,  pidió sumarse a los empresarios arrepentidos.

En su extensa indagatoria Carlos Wagner contó cómo era la relación del Gobierno kirchnerista con las empresas de la Cámara de la Construcción.

A todas se les pedía un porcentaje de los contratos recibidos. Las licitaciones se “conocían” y se definía de antemano “quiénes se presentaban y cómo ofertaban”, contó, según informó diario Clarín.  Este mecanismo era el que permitía controlar cómo “se distribuían los contratos”, expresó. 

 

Ante la fiscalía, el empresario reconoció que esa “devolución” que se realizaba de las licitaciones adjudicadas por el Estado desde el ministerio de Planificación Federal, eran las “coimas” que se pagaron, incluso desde su firma Esuco SA.  Wagner habría indica que la entrega podía variar según la envergadura de la obra “pero rondaba el 10%”.

Fue la primera vez que quien estuvo frente a la Cámara de la Construcción durante el gobierno kirchnerista, admitió ante el fiscal Stornelli cómo se “hacían pagos indebidos a través de los contratos”. 

Horas después el juez Bonadio homologó el acuerdo, y Wagner se convirtió en el octavo ejecutivo arrepentido.