Política Jueves, 12 de julio de 2018 | Edición impresa

A un mes del juicio contra Julieta Silva, continúa la polémica en el caso Fortunato

A la recusación del juez Ariel Hernández, impulsada por la familia del rugbier, ahora se sumaron argumentos, por medio de una carta abierta.

Por Gonzalo Villatoro - gvillatoro@losandes.com.ar

El juicio que tendrá a Julieta Silva sentada en el banquillo de los acusados por la muerte de Genaro Fortunato en setiembre de 2017 se realizará del 14 al 31 de agosto, pero cuando todavía falta poco más de un mes para el inicio del debate, el caso no para de generar polémicas.

La semana pasada la jueza María Eugenia Laigle pasó a conformar el tribunal que juzgará a Silva junto a Rodolfo Luque y Julio Bittar. El lugar que quedó vacante lo dejó Ariel Hernández.

A esa situación se llegó luego del pedido formal presentado por la familia del rugbier asesinado para que el magistrado se apartara por considerar que su imparcialidad podía ser cuestionada a raíz de los vínculos con Alejandro Cazabán, abogado defensor de la acusada.

 

Entre los fundamentos que sustentaron el pedido de recusación hicieron mención a la participación, tanto de Hernández como de Cazabán, en la agrupación política  "Los Generacionales" y que las reuniones se hacían en el estudio jurídico del abogado defensor, a las que asistía con "asiduidad" el magistrado. 

Además señalaron a Cazabán como promotor de la designación del juez durante su época como secretario general de la Gobernación en la gestión de Celso Jaque. 

"Lo peor que nos puede ocurrir es que se dicte una sentencia que esté teñida de sospecha de parcialidad", concluye el escrito que firmaron Miguel Fortunato y Graciela Linares, los padres de Genaro, con el asesoramiento de Tíndaro Fernández, abogado querellante.

Una vez que ingresó la recusación a tribunales, Hernández no puso obstáculos y de inmediato hizo lugar a la petición.   

 

Desde octubre del año pasado, cuando tuvo lugar la audiencia en la que un tribunal de apelaciones cambió la imputación de Silva de homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía a homicidio simple con dolo eventual y alternativamente homicidio culposo agravado, la familia Fortunato se quedó con la sangre en el ojo porque estaban convencidos de que había elementos suficientes para mantener la imputación inicial de la fiscalía y, a partir de ese momento, empezaron a reclamar por un proceso justo, que traducido se entendía como despojado de todo favoritismo. 

Ahora, al sospechar de la posible parcialidad de uno de los magistrados, los Fortunato no perdieron el tiempo y presentaron la recusación.

Al ser consultado por Los Andes, Miguel Fortunato eligió atenerse específicamente a los fundamentos expuestos en el escrito, no emitió opinión sobre la incorporación de la jueza Laigle y solamente se limitó a decir que "necesitamos que sea un tribunal justo".   

En cuanto a Tíndaro Fernández, el abogado está de viaje aprovechando la feria judicial, pero fuentes cercanas aseguraron que la investigación de los antecedentes del juez y la recusación fueron hechas por la familia del rugbier atropellado, y que además de chequear la información, solo ofició de asesor legal. Dentro del historial del abogado penalista, es la primera vez que recusa a un juez, aclararon.  

La carta de la familia 

Miguel Fortunato y Graciela Linares explicaron, por medio de una carta, la decisión de recusar al juez Ariel Hernández.

"No estamos acostumbrados a mediatizar el dolor irreparable que sentimos permanentemente con la injusta e irreparable pérdida de nuestro hijo Genaro a manos de la imputada Julieta Silva. Por su memoria decidimos, en busca de justicia, recorrer todos los caminos legales, aun aquéllos que sabíamos podían provocar el encono del recusado, lo que a la postre ocurrió. No tenemos sospecha de ningún integrante del Poder Judicial, ni estamos enfrentados con ningún magistrado", comienza expresando el escrito.

"Hemos utilizado respetuosamente los mecanismos legales para lograr el apartamiento en la causa del juez Ariel Hernández, convencidos de que su vinculación con el abogado defensor de la acusada implicaría su falta de imparcialidad al momento de dictar sentencia. Para ello ofrecimos pruebas que respaldan nuestros argumentos", agregaron a continuación.

 

Precisamente en la misiva que hicieron pública, los padres de Genaro mencionaron la disconformidad con la audiencia en la que Silva recibió el beneficio de la prisión domiciliaria: "Ya quedamos muy desilusionados y golpeados con el otorgamiento de la prisión domiciliaria a la acusada, a pesar del dictamen en contrario de cinco calificados profesionales, entre ellos los del Cuerpo Médico Forense, cuya objetividad no puede cuestionarse".

Por último, aseguraron que "no queremos ser nuevamente sorprendidos. Aceptaremos el dictamen de la Justicia, siempre y cuando el fallo final sea dictado por un Tribunal donde ninguno de sus integrantes esté sospechado de parcialidad".

La jueza

María Eugenia Laigle fue designada fiscal civil y correccional en 2011, luego de ser interina por varios años, y en octubre de 2016 fue aprobado el pliego por la Legislatura para cubrir la vacante de camarista en la Segunda Circunscripción Judicial.