Política Miércoles, 16 de mayo de 2018

A 35 años de la guerra, piden detener a 26 militares acusados de torturas en Malvinas

Se basan en denuncias de oficiales y suboficiales. Dicen que "aplacaban" la falta de abrigo y comida con crueles martirios

Por Telam

La Fiscalía Federal de Río Grande pidió la detención de 26 militares en la causa que desde hace más de una década investiga presuntas torturas de oficiales y suboficiales a conscriptos de las Fuerzas Armadas durante la guerra de Malvinas en 1982.

El fiscal federal de la ciudad fueguina de Río Grande, Marcelo Rapoport, con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, requirió la detención y declaración indagatoria de 26 militares respecto de 22 hechos de vejámenes.

Los delitos investigados fueron cometidos en la isla Gran Malvina, "específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú, donde se desempeñó el Regimiento de Infantería N°5 -dependiente de la III Brigada de Infantería-, al que estaban subordinadas cinco compañías militares", informó el sitio fiscales.gob.ar.

Al fundamentar el pedido de detenciones, Rapoport señaló que autoridades militares en las islas "habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura -entre ellos, los conocidos 'estaqueamientos' y 'enterramientos'- como forma de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa, fundamentalmente, de la falta de abrigo y comida".

La Fiscalía recordó en el escrito la obligación internacional del Estado argentino de investigar esos crímenes y solicitó una serie de medidas de prueba orientadas al esclarecimiento de nuevos hechos incorporados a la causa. 

"Se trata decrímenes contra la humanidad y, por esa razón, están alcanzados por una norma del derecho internacional (ius cogens) que, desde tiempo antes de su comisión, establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos", argumentó.

La causa tramitada en Río Grande es la Nº 1777/07 caratulada "Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública" y surgió partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra.

La causa de originó en 2007 con la presentación de más de 20 testimonios de ex soldados conscriptos reunidos por Pablo Vassel, entonces secretario de Derechos Humanos de Corrientes, quien formuló la denuncia ante la Justicia Federal.

"De estos 23 testimonios originales, los soldados me manifestaron haber sido víctimas de torturas o testigos de torturas a sus camaradas y varios me referían la muerte por hambre de tres soldados correntinos", dijo hoy Vassel a Télam.

"Presenté esta investigación en abril de 2007 en el Juzgado Federal de Río Grande, bajo el eje de memoria, verdad y justicia, y también, el eje de soberanía, porque un juez argentino intervenía con competencia sobre territorio argentino en Malvinas, por crímenes cometidos contra soldados argentinos", explicó.

Así comenzó la investigación que sumó más de 120 testimonios y muchos casos de víctimas de distintos lugares del país que se fueron sumando a la denuncia original.

Información oficial fue aportada como prueba en 2015, a partir de informes militares que fueron desclasificados a través del decreto 503/2015 suscripto por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

De esos informes "surge una enorme cantidad de nuevos casos de tortura, porque por normativa militar todos los oficiales y suboficiales estaban obligados a hacer informes, y al regreso de Malvinas muchos de ellos hablaban de maltrato a la tropa, de los vejámenes". 

En octubre del año pasado, la Comisión Provincial de la Memoria bonaerense, que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, se presentócomo parte querellante, dentro de una iniciativa conjunta con el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata(Cecim-La Plata) que ya es querellante en el mismo expediente. 

"Le planteamos claramente al secretario del juzgado que la única responsabilidad de que este caso siga impune es de la Justicia Federal de Río Grande, porque existe abundante prueba testimonial y documental a partir de la desclasificación de archivos de la dictadura producida en 2015, como para producir al menos las indagatorias", afirmó por entonces Ernesto Alonso, referente del Cecim.

Según Alonso, en la causa hay 105 hechos de torturas denunciados y 95 militares mencionados por su presunta responsabilidad en esos hechos.