La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo inició una investigación para determinar si en esa institución existieron irregularidades al momento de dejar sentado en los libros de actas las notas de alumnos, cuyos casos están siendo estudiados bajo de la sospecha de que habrían pagado para figurar en su legajo con asignaturas que tenían aplazadas o bien, nunca rindieron.
De acuerdo a información a la que Los Andes pudo acceder, en 2012, de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Educación de la Nación, la facultad debió terminar de centralizar los datos de todos los estudiantes universitarios en el sistema informático denominado “SIU- Guaraní”. El trabajo implicó analizar en detalle la información de los estudiantes de las cuatro carreras que allí se cursan (Ciencias Políticas y Sociales, Comunicación Social, Sociología y Trabajo Social) a partir de 2008.
Las primeras sospechas acerca de la existencia de un posible fraude surgieron en enero de 2014. Una vez detectadas las falencias en el cruce de la información, las autoridades iniciaron una auditoría interna, en coincidencia con las semanas previas a las elecciones para renovar cargos en la universidad. En ese momento, la actual decana, Claudia García desempeñaba funciones como secretaria académica, mientras que Graciela Cousinet ocupaba el puesto de mayor jerarquía en la facultad.
Lo cierto es que al revisar las diferentes situaciones académicas para cargar los datos a la nueva modalidad y dar de baja al sistema anterior que había quedado obsoleto, se descubrieron casos en los que la información de algunos estudiantes (e inclusive graduados) no era la mima al comparar la situación académica, con los libros de actas y las actas volantes.
Vale decir que estas últimas son un documento oficial que emite el área de administración al momento de rendir un examen. Allí queda constancia del nombre de la materia a rendir, los alumnos que se presentaron en esa instancia como así también la fecha y hora del examen y el nombre del profesor/a responsable. Luego, la documentación con la firma del docente es remitida al departamento de alumnos para su posterior traspaso y archivo a los respectivos libros de actas y legajos.
Por ahora, en el interior de esta unidad académica se encuentran en una fase investigativa que se inició el mes pasado por decisión del Consejo Directivo, órgano de discusión integrado por docentes, no docentes, autoridades, graduados y estudiantes. El objetivo es determinar si existieron errores no intencionales en el área de administración o si efectivamente hubo un fraude.
De comprobarse esta última posibilidad, las potenciales irregularidades podrían implicar a los alumnos en los que se encontraron las discordancias y a parte del personal responsable de cargar los datos. Hasta ahora, la situación compromete a dos egresados de Ciencias Políticas y Sociales. A ellos se suman hasta ahora nueve alumnos de esta misma carrera y de Comunicación Social, la mayoría de los cuales se encontraba adeudando las últimas asignaturas exigidas en el plan de estudios de cada carrer
"Secreto a voces"
Según algunas versiones, los estudiantes habrían pagado entre 1.500 y 2.000 pesos por asignatura aprobada. De hecho, en las planillas figuran, por ejemplo, personas que presentan hasta ocho materias aprobadas en algunos papeles y que en otros archivos figuran como desaprobados. En ambos casos, las fechas son las mismas, al igual que los números de legajos y demás datos. En las pruebas existentes y que ahora están siendo investigadas, inclusive aparecen nombres de egresados de la facultad, que actualmente desempeñan cargos públicos en diferentes municipios.
Una de las hipótesis que sobre este tema se escucha en los pasillos de la facultad, es que el mecanismo de acción para concretar el posible fraude consistía en contactar a una persona por fuera de la casa de estudios para acordar el pago y la posterior aprobación irregular de las materias a través de una red de contactos que involucraría a personas que trabajan dentro y que cuentan con acceso al sistema.
Otras voces acusan a las autoridades de haber estado al tanto de la existencia de estas inconsistencias desde hace tiempo, sin tomar ninguna decisión concreta. De hecho, acusan que ni bien se detectaron los primeros casos, algunos alumnos sospechados fueron citados para ser informados de que la materia supuestamente aprobada en condiciones dudosas había quedado sin efecto y que debían volver a rendir.
En ese caso, los interrogantes que plantean quienes pidieron no ser identificados (por temor a represalias) es por qué no se investigó más a fondo en su momento y se sancionó a las personas involucradas o por qué no existe una denuncia penal por fraude hacia quienes presuntamente lograron su título, fomentando la existencia de una posible red en el interior de esta unidad académica.
La palabra oficial
Sobre el tema, las autoridades confirmaron que en la actualidad se está investigando la situación para determinar si las irregularidades existieron o no, para tomar las medidas necesarias. "El procedimiento correspondiente para esclarecer este tipo de situaciones en el cual no hay, en principio, imputación contra persona determinada es la información sumaria", explicaron desde la unidad académica a través de un comunicado oficial. En el mismo, se detalló que esta determinación se rige a través del Reglamento de Investigaciones Administrativas de la Nación aprobado por Decreto Nº467/99 y adoptado para la universidad por Ordenanza Nº 60/04 del Consejo Superior.
Nicolás García Bistué, abogado de la facultad, recalcó en ese sentido que por el momento lo único que existe es una investigación sumaria, pero "no hay ninguna imputación hacia una o más personas".
Claudia García: "Investigaremos hasta las últimas consecuencias"
La decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo detalló que la investigación sumaria para determinar la causa de las incongruencias encontradas en el historial académico de los alumnos en los que se detectaron las irregularidades, seguirá hasta las “últimas consecuencias”.
“Como decana y autoridad política de la facultad estoy dispuesta a investigar en lo más profundo esta grave situación. Si detectamos que hubo alumnos o personal implicado no dudaremos en sancionarlos”, dijo García y agregó que de comprobarse que existió algún ilícito, las personas implicadas estarán sujetas a las sanciones que estipule el Consejo Directivo.
Éstas pueden consistir en la expulsión de los estudiantes de la universidad o bien, podrían ver interrumpido el cursado de sus carreras por un plazo mínimo de tres años. García enfatizó que “nunca hubo una intencionalidad de tapar nada sino todo lo contrario y ojalá podamos saber a ciencia cierta qué sucedió, en breve”.
En el caso de que luego de la investigación concluya de que en realidad se trató de un error involuntario al momento de traspasar datos y planillas, éste también será saldado.
De acuerdo a los datos que hasta el momento maneja el decanato, de los 3.300 alumnos que hoy figuran como activos en la unidad académica, el 0,65% está en situación irregular, es decir, que en su legajo figuran datos equívocos.
