Cada municipio deberá tener su propia policía vial

Los intendentes radicales de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, y de Capital, Rodolfo Suárez; el macrista de  Luján Omar De Marchi y los peronistas de Maipú, Alejandro Bermejo, y de San Martín, Jorge Omar Giménez se encargan hoy -total o parcialmente- del cobro de multas de tránsito y cuentan con juzgados administrativos viales para resolver los conflictos de la circulación vehicular en sus departamentos.

Se trata de cinco municipios 'grandes' que ocupan un lugar en el ranking de los ocho presupuestos comunales de mayor volumen de la provincia: Capital tiene autorizados 2.163 millones para los gastos de este año, Godoy Cruz 1.368 millones, Luján 1.246, Maipú 1.084 y San Martín 814 millones.

Los radicales Marcelino Iglesias, de Guaymallén, y Daniel Orozco, de Las Heras, y el justicialista Martín Aveiro, de Tunuyán, cuentan con preventores que llevan a cabo tareas de auxiliares de tránsito sin que lleguen a aplicar multas ni a contar con tribunales viales municipales.

En tanto Emir Félix (PJ) en San Rafael cuenta con preventores que se limitan a controlar el estacionamiento medido en el radio céntrico y aplican 'multas' más educativas que punitivas en torno a los 300 pesos, cuyo pago incluye la entrega al infractor de nuevas tarjetas.

El presupuesto de Guaymallén roza los 1.700 millones de pesos, el de Las Heras es de 1.289 millones, el de San Rafael 1.118 millones y el de Tunuyán es de poco más de 400 millones de pesos. Los tres primeros completan los ocho primeros del ranking comunal presupuestario.

Por lo tanto, en trece de los 18 departamentos de la provincia (incluidos tres 'grandes' en manejo de fondos) la tarea 'pesada' del tránsito está hoy a cargo de la policía y de los tribunales provinciales. Diez tienen intendentes de la UCR y tres del PJ.

El tema cobra relevancia ya que el gobierno de Alfredo Cornejo envió esta semana al  Senado su proyecto de modificación global de la ley de tránsito. Y contempla el traspaso obligatorio a las municipalidades (hoy es voluntario) de la atención de la mayor parte de la accidentología vial, salvo los siniestros con víctimas fatales que seguirán a cargo de la Provincia.

“No sé de qué se trata”, disparó un intendente radical sin 'policía vial' para dejar bien claro que no fue consultado sobre la transferencia de una nueva responsabilidad a su municipio. Dos jefes comunales más -pero del peronismo- presentaron rezongos similares. “Va a ser un desafío armar todo”, agregó más resignado otro cacique de Cambia Mendoza. “Con buena voluntad podemos encargarnos del tema”, dijo un oficialista que está totalmente de acuerdo.

Todos hicieron hincapié en los recursos para solventar el servicio. Y la mayoría de ellos (tanto oficialistas como opositores) consideró atendible el argumento del Gobierno provincial que sustenta la ley: la policía provincial debe priorizar la seguridad, sin distraerse en una tarea vial que pueden asumir los municipios. Pero reiteran la necesidad de dejar resuelto el tema de los recursos necesarios para hacerse cargo de la tarea.

Para el secretario de gobierno de San Martín, Oscar González, el sistema hoy se autosustenta, pero con los costos y las erogaciones de un área reducida de aplicación, en el centro departamental.

“Otra cosa sería si se aprueba el proyecto del Ejecutivo (con ámbito de aplicación en todo el territorio departamental) porque deberíamos hacer un incremento muy importante de personal, entre otros gastos importantes”, destaca.

En Las Heras, en tanto, el director de la reciente Guardia Urbana Municipal, Raúl Zárate, se muestra convencido de que el traspaso “será un negocio superavitario para la comuna”. Y muestra un proyecto ya elaborado que incluye previsiones de recaudación de  multas “que permiten sustentar el costo operativo de veinte inspectores y quince integrantes de un juzgado vial municipal, sin contemplar la inversión inicial”.

Al tiempo que no deja de interesarse en el control municipal del tránsito internacional en Uspallata. “Podríamos terminar con la falta de control y los accidentes de ómnibus y camiones en la ruta a Chile”, afirma convencido.

El costo del servicio

En el municipio capitalino funcionan seis juzgados viales y los inspectores suman 140. Por la Capital circulan diariamente unos 200 mil vehículos, la mayor parte de los cuales provienen del resto del Gran Mendoza.

“Somos los únicos que multamos a conductores de Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú o Luján más que de Capital”, remarca el intendente Rodolfo Suárez. “Y con esa recaudación atendemos el 75 por ciento de los costos del sistema”, agrega, reconociendo que -hoy- la comuna no cubre los costos.

En el presupuesto 2017 de Capital figura una previsión de gasto de 167 millones de pesos para el área vial y una estimación de cobro por estacionamiento de 50 millones de pesos, sin que aparezca una cifra exacta sobre previsiones de cobro de multas (sólo aparecen 4,4 millones por multas atrasadas).

El intendente remarca que si se aprueba la nueva ley de tránsito, el municipio pasará a manejar los accidentes con heridos y sólo quedarán a cargo de la Provincia los que tengan víctimas fatales. “Esto permitirá terminar de cerrar los números”, estima Suárez.

En la actualidad, la mitad de las actas de infracción que elabora la comuna capitalina no se pagan ya que los infractores presentan descargos con certificados de una lesión (verdaderos o falsos), lo que traslada la jurisdicción de cobro del municipio a la Provincia, donde los juzgados correccionales tienen el hábito de desestimar las causas que no se impulsan. Y el infractor tiene más chances de no pagar.

Tendrán uno, seis y nueve meses de plazo

El proyecto del Ejecutivo establece plazos para la transferencia, de acuerdo al servicio que hoy presta cada municipio: los intendentes Suárez (Capital), García Zalazar (Godoy Cruz), De Marchi (Luján), Giménez (San Martín) y Bermejo (Maipú) tendrán sólo 30 días - a partir de la promulgación de la ley- para hacerse cargo de la tarea. 

En tanto, otros nueve tendrán 180 días. Ellos son  Iglesias (Guaymallén); Orozco (Las Heras), Ronco (Rivadavia); Trigo (Santa Rosa), Pinto (La Paz), Saveiro (Tunuyán), Soto (Tupungato); Marcollini (Alvear) y Vergara (Malargüe).

Finalmente, los cuatro restantes deberán hacerse cargo en 270 días, por lo que Abed (Junín); Righi (Lavalle); Difonso (San Carlos) y Félix (San Rafael) tendrán hasta el año entrante para implementar su 'policía' y juzgados viales municipales.

El proyecto de ley de tránsito de Cornejo no tiene aún fecha de tratamiento en comisiones del Senado. El presidente provisional, Juan Carlos Jaliff, anticipa que en comisiones habrá una ronda de consultas antes de su llegada al recinto. Difícilmente se produzca un tratamiento bicameral en comisiones, ya que se prevé la negativa del PJ a esta metodología.

Pero antes de que la cámara alta se aboque al tratamiento de la ley de Tránsito, tiene previsto dedicarse -en las próximas semanas- a otros dos proyectos de calibre semejante: la reforma del Código Procesal Civil, que prevé la oralidad de los procesos, y una reforma laboral, que crea una instancia obligatoria de conciliación previa a un juicio por riesgo de trabajo.