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hace 5 horas
La justicia ordenó hoy que se designe a dos profesionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos como "veedores" de la empresa Hotesur, propiedad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una causa en la que se investiga presunto lavado de activos.
Esta decisión del juez federal Julián Ercolini se enmarca en uno de los expedientes por presunta corrupción que afectan a la ex jefa de Estado, por la que se trata de comprobar si hubo supuestos retornos económicos a la familia Kirchner por parte de empresarios de la obra pública como Lázaro Báez a través de la contratación de instalaciones de hotel Alto Calafate, que gestiona la hotelera Hotesur.
A través de una resolución, Ercolini libró hoy un oficio a la Afip para que se designe a esos inspectores, que deberán procurar la fiscalización de Hotesur y otras firmas vinculadas al caso, así como determinar el estado de los bienes que poseen esas empresas y las actividades que realizan.
También deberán vigilar la conservación del activo y "cuidar que los bienes que posean no sufran deterioro o menoscabo", pero también "comprobar entradas y gastos" y "toda irregularidad" que adviertan en la administración.
"También tendrán que informar de inmediato si se verifica la extracción por parte de los socios de dinero como crédito con la sociedad y/o adelantos o retiros de caja chica", añade el informe de Ercolini.
Por otro lado, el juez decretó la inhibición (bloqueo) general de bienes respecto de las firmas Valle Mitre -perteneciente a Báez- e Idea -propiedad del empresario Osvaldo Sanfelice-, y prohibió la modificación de la composición accionarial de las mismas y de Hotesur.
La investigación está orientada a determinar la existencia de una asociación ilícita dirigida "desde las más altas autoridades" del Poder Ejecutivo, en primer término por el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y luego por Fernández.
¿Negocios espurios?
Según los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, ambos expresidentes, durante sus mandatos, conjuntamente con funcionarios del Estado "y un reducido número de empresarios amigos", entre ellos Báez, "se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos".
La Fiscalía, que ya pidió en mayo pasado que la expresidenta y sus hijos -también accionistas de la empresa- sean llamados a declarar, detectó irregularidades en la asignación, control y pago de obras viales en la provincia de Santa Cruz, así como beneficios impositivos indebidos.
"Se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 % de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de las empresas de Báez por más de 46 mil millones de pesos (2.771 millones de dólares)", añadieron los fiscales.
Seguidamente, en una segunda etapa los empresarios "junto con los exmandatarios" elaboraron un sistema destinado a transferir y disimular parte de las "ganancias ilícitas" de los empresarios a los propios expresidentes y a su núcleo familiar, a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad.
El caso Hotesur se abrió a raíz de una denuncia presentada en noviembre de 2014 por la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer, quien acusó a la expresidenta y a otros altos cargos de su Gobierno de presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en la gestión de la empresa.
En los últimos meses, Ercolini ya ha dictado diversos embargos contra la ex familia presidencial.
La exmandataria, que se considera víctima de una persecución política, mediática y judicial, está imputada por la Fiscalía en varias causas y procesada judicialmente en otras tres: una que investiga operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión -también dirigida por Bonadio-, y dos por presunta asociación ilícita en la concesión de obra pública.
