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hace 10 horas
Los sospechados de pagar para aprobar materias en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo fueron imputados por la Justicia federal y citados a declaración indagatoria, según informó la casa de estudios.
El Juzgado Federal 3, secretaría D, a cargo del juez Marcelo Garnica, investiga la posible comisión de delitos de adulteración de notas en los registros informáticos luego de que en enero del año pasado una auditoría interna de esa Facultad desnudara las irregularidades administrativas.
“La Justicia notificó a la Universidad como querellante que realizó imputaciones basadas en la investigación administrativa que sigue su curso en la casa de estudios”, indicó la UNCuyo en un comunicado.
Simultáneamente, la investigación interna de la UNCuyo sigue su curso como sumario administrativo a cargo de un abogado externo a la Facultad, que analiza las situaciones de quienes fueron acusados en la investigación sumaria preliminar.
Además, en Ciencias Políticas y Sociales se creó un Área de Control Administrativo Académico y realizó una auditoría externa de títulos que actualmente está llevando adelante la Universidad Nacional del Litoral.
Las autoridades universitarias confirmaron que si se comprueba que se cometieron delitos, falsearon registros y resultados en exámenes se aplicarán las sanciones que correspondan sin excepciones.
El caso
En enero del 2014, a pedido de la ex secretaria académica y actual decana Claudia García y la ex decana Graciela Cousinet, se realizó una auditoría interna que dio lugar a una investigación sumaria aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
El 11 de agosto del año pasado el Consejo Directivo ordenó una investigación sumaria que hasta hoy sigue su curso en el ámbito universitario como sumario administrativo.
El 10 de septiembre de ese mismo año el rector Daniel Pizzi y la decana Claudia García realizaron una denuncia penal antes los Tribunales Federales.
Las autoridades universitarias habían solicitado primero la intervención judicial para garantizar el aseguramiento de las pruebas y después se constituyeron como querellantes para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
