Política Martes, 28 de julio de 2015 | Edición impresa

El ex gobernador Roberto Iglesias, titular del directorio de Dalvian

El radical acaba de ser nombrado al frente de la empresa que administra y presta servicios en el barrio privado que pertenece a la familia Vila.

Por Daniel Peralta - dperalta@losandes.com.ar

Las circunstancias de una vida llevan por caminos extraños, a veces significativos. Suele suceder también que el pasado acose. Algo de eso le sucede hoy a Roberto Iglesias, flamante titular del directorio de Dalvian SA, la empresa de la familia Vila que administra, urbaniza y presta los servicios dentro del conocido barrio privado de la avenida Champagnat.

Hace mucho tiempo, cuando Iglesias era gobernador de Mendoza, los vericuetos de la gestión lo pusieron ante la disyuntiva de salvar a la empresa y a sus titulares, de casi un centenar de remates de lotes y de una inhibición comercial dictada por la Justicia Provincial.

Hoy Roberto Iglesias rechaza furibundamente haber tramitado cualquier beneficio o prebenda a la empresa que fundara Alfredo Vila y hoy conducen Daniel y Alfredo Vila (h). "Hice lo que tenía que hacer. Hace 12 años que dejé la Gobernación y nadie me inculpó de nada ante la Justicia”, dice.

El ex Gobernador agrega que “nunca pasé por la Justicia en estos 12 años” y que el trabajo que le ofrecieron en Dalvian “me viene bien. Es la única empresa mendocina que me ofreció trabajo”.

Los hechos fueron rozados tangencialmente cuando se tramitaba el proceso contra el ex fiscal de Estado Joaquín de Rosas ante el Jury de Enjuiciamiento, actuaciones que terminaron en la destitución de De Rosas a principios del año pasado. Fue ahí cuando volvió en el recuerdo la firma del decreto 1.241 del 3 de setiembre de 2002.

Nobleza obliga, Iglesias firmó ese decreto por un dictamen previo de De Rosas, en el que se fustigan las ejecuciones hipotecarias y la inhibición que pesaba sobre Alfredo, Daniel y Alfredo (h) y la esposa del primero, Ruth Santander de Vila. A renglón seguido, De Rosas recomendaba seguir con el trámite de la compensación de deudas que él había iniciado meses antes.

Ayer Iglesias decía a Los Andes que “resolví la compensación de deudas. Es un trámite absolutamente legal”. Se le recuerda que ese trámite de la compensación fue lo que hizo caer a De Rosas e Iglesias dice que “el fiscal cayó por decisiones que tomó el fiscal”.

Es cierta la respuesta del ex gobernador pero el recuerdo vuelve todo relativo. Dalvian SA tenía dos deudas con los bancos provinciales, una tomada por la propia empresa a principios de la década del 80 y otra que asumió cuando el grupo Vila-Manzano compró Canal 7 de Mendoza al grupo Estornell. En total, ambos créditos sumaban 6.218.758 dólares.

Cuando los bancos oficiales fueron privatizados, esos créditos quedaron en el Ente de Fondos Residuales, que en la gestión de Iglesias se transformó en Dirección de Administración de Activos de los ex Bancos Oficiales (Daabo). Esos créditos fueron cedidos a Asset Recovery Trust para iniciar la gestión de cobro judicial.

Asset avanzó en 80 juicios de ejecución cambiaria, es decir, ejecutar las garantías ofrecidas por la propia Dalvian SA para rematar y cobrar la deuda con los antiguos bancos provinciales. Las garantías eran otros tantos lotes en el barrio privado que saldrían a remate judicial. Además de que la Justicia ordenara los correspondientes embargos, también inhibió a los miembros de la familia.

Entonces llegó el decreto 1.241/2002; en los considerandos se indica que Asset Recovery Trust se excedió en sus atribuciones y que su accionar obstaculiza la negociación iniciada por De Rosas para ir a la compensación de deudas. Por lo que ordena suspender los procesos judiciales iniciados para cobrar la deuda y también los embargos.

Cuando terminó el proceso de “compensación” (que nunca existió porque cada una de las partes pagó lo que le correspondía), la provincia terminó perdiendo casi dos millones de pesos.

Es que con los recálculos de lo que se le reclamaba a la familia Vila, la deuda de más de 6,2 millones de dólares se transformó en 1.563.100,43 pesos. Y la provincia, por la expropiación de tierras debía pagarle a Dalvian y Vila 3,5 millones de pesos. Claro que el recálculo es otra historia que no roza a Iglesias.

Iglesias también niega tener que ver en la cotización de los terrenos que le expropiaron a Dalvian, cosa que es cierta. De hecho, la cotización la hizo un tasador de la Fiscalía de Estado, Américo Toledo. Los dueños de los campos vecinos cobraron $ 2,76 por metro cuadrado, Vila y Dalvian cobraron $ 13 por metro cuadrado de terreno accidentado y $17 por metro cuadrado de tierra llana.

El ex gobernador Iglesias dice que en estos años intentó sembrar y cosechar ajo, también con un comercio de ropa y otro de autopartes. “No me quejo y me voy a jubilar como cualquiera. Fui gobernador y no acumulé nada, ni hice nada incorrecto y tengo que salir a trabajar”.expresó.

La polémica por las tierras

Roberto Iglesias dice que “resolví la compensación”. Cabría aclarar que ni él, ni Joaquín De Rosas podían iniciar un proceso de compensación porque en aquellos años no estaba claro cuánto le debía la Provincia a Dalvian SA y a Daniel Vila. Esa deuda era por la expropiación de tierras para la creación de la reserva Divisadero Largo. El juicio de expropiación tuvo sentencia en 2007. 

Según el artículo 819 del Código Civil vigente en aquellos años no estaban dadas las condiciones para la compensación, porque la deuda de Dalvian con la provincia si tenía un monto exigible, la de la expropiación no.

La polémica desatada por el decreto 1.241/2002 fue publicada por Los Andes el 29 de setiembre de 2002. Allí ya se mencionaba la intención de compensar deudas. Mientras Iglesias gobernó la provincia, vivió en el Bombal. Luego se mudó a Dalvian. Actualmente vive en Chacras.