Es ley en Mendoza la creación de la Oficina de Conciliación Laboral

Finalmente se convirtió en ley un nuevo proyecto enviado desde el Ejecutivo provincial. Se trata de la creación de la Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria, norma que prevé crear un paso previo, que quedará en la órbita del Ejecutivo, antes que un litigio laboral llegue a la Justicia.

La idea fue impulsada por el gobernador Cornejo con la intención de reducir la cantidad de juicios en esta materia.

La ley se aprobó por 24 votos a favor, 23 en contra y una ausencia. Fue justamente la falta de un legislador lo que posibilitó una votación sin altercados para el oficialismo.

Sucede que el aliado de Cambia Mendoza, Guillermo Pereyra (integrante del Frente Renovador), había anticipado su voto negativo, como en otras ocasiones. Desde la bancada oficial se especulaba que Néstor Parés, presidente de Diputados, iba a tener que desempatar, pero finalmente esto no pasó.

Ahora, la Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria en al ámbito de la Subsecretaría de Trabajo (conocida como OCLO) deberá "dirimir con carácter obligatorio y previo a la demanda judicial, todo conflicto de derecho en los que versen reclamos individuales y pluriindividuales de competencia de la justicia laboral provincial", según consta en el articulado de la normativa.

Según explicó el diputado Gabriel Balsells Miró (UCR). "el cuerpo de conciliadores no tendrá competencia sobre las diligencias preliminares y prueba anticipada; la interposición de medidas cautelares; cuando el reclamo individual o pluriindividual haya sido objeto de las acciones previstas en los procedimientos de reestructuración productiva, preventivo de crisis; las demandas contra el Estado Nacional, Provincial y Municipal; y las acciones promovidas por menores que requieran la intervención del Ministerio Público".

Respecto a los honorarios de los conciliadores, se establecen en 250 pesos "en el caso de no arribarse a una conciliación, monto que será cubierto por el Fondo de Financiamiento", y de 3 mil pesos "para el caso en el que se arribe a un acuerdo que culmine con la respectiva homologación".

Por su parte, el diputado Javier Cofano, titular del bloque del PJ, votó negativo y señaló: "La obligatoriedad no tendrá cumplimiento en la práctica", y que "si hubiese voluntad de conciliar las herramientas están hoy".

A su turno, Héctor Fresina (FIT), quien también votó por la negativa, indicó: "Se ha mencionado que el objetivo de esta Ley es darle celeridad  a los problemas que se plantean en el ámbito laboral, eso no es sinónimo de justicia".

Por último, Guillermo Pereyra (FR), a quien todos miraban, hizo mención a que pidió que "no sea obligatoria" así como modificaciones a otros artículos que finalmente no prosperaron.