Política Jueves, 3 de julio de 2014 | Edición impresa

El Congreso analizará los pedidos de juicio político de Boudou

El kirchnerismo aceptó la formación de la comisión que tratará hoy los siete pedidos de remoción que pesan sobre el Vice. Pero el oficialismo tiene mayoría y podría archivarlos. La oposición busca que el Gobierno pague más costos políticos por su def

Por Mario Fiore - Corresponsalía Buenos Aires

Presionado por la oposición, el kirchnerismo decidió ayer tratar los siete pedidos de remoción del cargo que pesan sobre el vicepresidente Amado Boudou no solo por estar procesado por corrupción en la causa Ciccone sino por las otras investigaciones judiciales que lo tienen como protagonista. Los mismos fueron formulados por las distintas bancadas de la oposición desde abril de 2012 a la fecha. 

Hoy, a las 15, la diputada ultra K Adela Segarra presidirá una reunión de la Comisión de Juicio Político, que solamente se había juntado una vez (en marzo, para su conformación) y que durante dos años paralizó los pedidos en contra de Boudou y otros funcionarios del Gobierno. Nadie sabe qué sucederá hoy en la reunión de la comisión, aunque está claro que todo dependerá del kirchnerismo, que tiene 17 de los 31 integrantes del cuerpo. 

Cada uno de los legisladores oficialistas pertenece al núcleo duro del “cristinismo”, por lo que no puede esperarse sorpresas. Entre ellos hay cinco miembros de La Cámpora (“Cuervo” Larroque, Wado De Pedro, Marco Cleri, Juan Cabandié y la mendocina Anabel Fernández Sagasti), históricos legisladores bonaerenses como Diana Conti, “Cuto” Moreno y Carlos Kunkel, o la cordobesa Nora Bedano, una indiscutible del kirchnerismo en la provincia mediterránea. Entre los 14 opositores, están la macrista Laura Alonso (vicepresidenta de la comisión), Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, Manuel Garrido, Claudio Lozano (que el martes presentó el séptimo pedido de juicio político contra Boudou que incluye la causa por el canje de 2010) y los cordobeses Graciela Villata (juecista) y Diego Mestre (radical). 

Ayer, cuando el titular del bloque radical Mario Negri le exigió desde el recinto al titular de Diputados, Julián Domínguez, que llame a la comisión de Juicio Político, la oposición se enteró que el oficialismo había decidido convocarla para hoy a las 15. Sin embargo, Negri reclamó que se vote nominalmente para obligar al Frente para la Victoria a defender a Boudou (el resultado fue 129 a 100), aunque lo que se dirimió fue el llamado a la comisión que en la práctica ya había cursado el kirchnerismo. 

La titular de la bancada K, Juliana Di Tullio, adelantó ayer desde su banca el argumento principal con el que se defenderá hoy a Boudou en la comisión de Juicio Político y que es que según el artículo 18 de la Constitución rige para todos los argentinos el principio de inocencia hasta que no haya sentencia firme. Di Tullio se quejó porque “acá hubo diputados investigados, pero no parece aplicarse la misma vara” en esos casos, en alusión al macrista Federico Sturzenegger (por el megacanje) y al radical Oscar Aguad (por desvío de fondos durante la intervención de Corrientes), entre otros. “Esta es una oposición a la carta del pedido de los grandes medios”, atacó Di Tullio. 

Entre los posibles escenarios que se barajan para la reunión de hoy está que el kirchnerismo haga valer su mayoría para rechazar “in límine” los siete pedidos de juicio político. La única de los 17 miembros oficialistas de la Comisión de Juicio Político que ayer habló con la prensa parlamentaria, la porteña María del Carmen Bianchi, dejó entrever que esto pasaría hoy. “No estamos ante una urgencia institucional que amerite el juicio político, sólo tenemos un fallo judicial que no es definitivo; sigue vigente el principio de inocencia”, sostuvo. Otro diputado, que no integra la comisión, confió a este diario que ayer en la reunión de bloque del kirchnerismo se bajó la línea argumental de defender el principio de inocencia para descartar los pedidos opositores en contra de Boudou.   

Sin embargo, algunos legisladores del arco opositor estimaron que “el costo político” de mandar a archivo los siete expedientes sería demasiado grande para el Gobierno y especularon con la posibilidad de que Segarra, por instrucción de la Casa Rosada, permita que la comisión funcione. En este escenario, una posibilidad sería que se inicie un trabajo investigativo, lo que le permitirá a la oposición solicitar diferentes medidas, desde citar a Boudou para que se defienda en persona, hasta pedir los expedientes judiciales o diferentes medidas de prueba.