Política Jueves, 5 de febrero de 2015 | Edición impresa

Denuncia amenaza el juez que investiga un hotel de la Presidenta

Claudio Bonadío lleva la causa de Hotesur, empresa de la familia Kirchner. Se sospechan balances irregulares y lavado de dinero. El magistrado fue amenazado de muerte.

Por DyN

El juez federal Claudio Bonadío recibió una amenaza de muerte en su despacho y lo denunció ante la Justicia. El magistrado es quien tiene a cargo la investigación de irregularidades en Hotesur, una sociedad que administra uno de los hoteles que pertenece a Cristina Fernández de Kirchner y su familia. Al respecto, la Cámara Federal le ordenó que permita el acceso al expediente a los abogados que representan a los investigados en la causa de la empresa presidencial.

Fuentes judiciales informaron que la amenaza fue recibida el jueves pasado en su despacho del cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Py, pero Bonadío no se enteró sino hasta el día siguiente, cuando formuló la denuncia.

La causa quedó radicada ante el juzgado federal número cinco, a cargo del juez federal Norberto Oyarbide, bajo el número 743/2015, y el expediente está caratulado como “averiguación de delito”.

Las fuentes no precisaron la metodología ni tampoco el contenido de la amenaza, pero los investigadores orientaron la búsqueda a las eventuales relaciones con la investigación que Bonadío está llevando adelante sobre la sociedad que administra el hotel Alto Calafate, por presuntas irregularidades en sus balances y lavado de dinero.

En esa causa, la Sala I de la Cámara ordenó a Bonadío que permita acceder y hacer copias del expediente al abogado Carlos Beraldi, ex fiscal federal y defensor de Romina Mercado, presidenta de Hotesur y sobrina de Cristina Fernández.

Aunque la resolución se dictó a fines de diciembre, la noticia recién se conoció ayer con el regreso de la actividad judicial a los tribunales.
Bonadío había negado el acceso a Beraldi, quien hizo un planteo en la Cámara Federal.

“Reiteradamente se ha alertado al juez de grado para que evite caer en el tipo de prácticas criticadas, dado que el mantenimiento de una posición como la que insiste en sostener, frente a la disconformidad de la parte interesada, provoca esencialmente un dispendio jurisdiccional incongruente con un buen servicio de justicia”, sostuvieron los camaristas Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.

El tribunal recordó que Beraldi “es parte en el presente proceso” y que “el sumario no transita una situación que, de modo excepcional y temporal, le impida el acceso a las actuaciones”.

El tribunal señaló además otros precedentes en los que ya le indicó a Bonadío que debe permitir el acceso de las partes a las causas.

La causa Hotesur se inició por una denuncia de la diputada nacional Margarita Stolbizer por falta de entrega de balances por parte de la compañía de la Presidenta.

En noviembre pasado, el juez Bonadío allanó la sede jurídica de Hotesur que estaba vacía, mientras que solicitó una serie de informes de la empresa a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Inspección General de Justicia (IGJ).

El caso

Hotesur, la empresa de la Presidenta que administra el Hotel Alto Calafate, arrastra una serie de irregularidades administrativas que se conocieron desde que se denunció la falta de datos en la Inspección General de Justicia (IGJ).

En noviembre, el diario Clarín reveló que la sede legal de la compañía estaba inactiva, a lo que se suma que la firma adeudaba la presentación de sus estados contables ante el Estado y tampoco actualizó la renovación de sus autoridades: ni siquiera pagó las tasas de impuestos a la IGJ, el organismo que regula a las sociedades comerciales.

El 20 de ese mismo mes, luego del requerimiento de instrucción del fiscal Carlos Stornelli, el juez federal Claudio Bonadío allanó la sede formal que presentó la empresa, en la calle Lavalle 975 piso cuatro departamento 5. No había nada.

El juez también secuestró documentación de la AFIP y la IGJ, donde se comprobaron las irregularidades reveladas por Clarín.

El 25, el Gobierno anunció que aplicaría una multa de 3.000 pesos a la empresa de la familia presidencial por las moras en la presentación de documentación y las irregularidades encontradas. Hotesur difundió en un comunicado que la nueva sede estaría en Santa Cruz.

A fin de año se conoció que Hotesur modificó su directorio. Incorporó a varios familiares de la mandataria, al tiempo que se alejaron allegados al empresario Lázaro Báez. La firma informó que la presidenta y directora titular del Directorio es Romina Mercado, una de las sobrinas de la jefa de Estado. También están la hermana de Cristina, Giselle Fernández, y su nuera, María Rocío García. Los hijos de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, figuran como directores suplentes.

Finalmente, la nueva sede de la sociedad presidencial no se instaló en Santa Cruz sino en Alem 530 (Capital Federal), donde funcionan las oficinas de un contratista de obra pública en Santa Cruz, más precisamente, en El Calafate.

En 2013, el diario La Nación había denunciado que el empresario Lázaro Báez contrató a Hotesur para pagarle por el uso de cientos de habitaciones del Alto Calafate que en realidad nunca se habitaron.