El juez federal Norberto Oyarbide decidió presentar su renuncia luego de más de dos décadas como magistrado y cuarenta años de carrera judicial, acorralado frente a la posibilidad de un juicio político en su contra, por parte del Consejo de la Magistratura.
El magistrado comunicó la decisión en primer lugar a sus empleados del juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 5 de la Capital. Acto seguido, oficializó su decisión ante el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Justicia, que es la instancia que corresponde para este tipo de trámites.
Luego, ante la prensa, el controvertido juez señaló que su renuncia respondía a una “situación de agotamiento” y que “necesitaba ahora otras cosas” para su vida. También se empeñó en destacar que “jamás” sufrió “ningún tipo de presión” para condicionar sus decisiones.
Oyarbide hizo la presentación durante un encuentro que mantuvo con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, según fue informado de manera oficial a través de un comunicado.
Luego de presentada la renuncia “se inició formalmente el trámite”, indicaron desde Justicia, y remarcaron que “el ministerio realizará los pedidos de informes correspondientes y la renuncia se enviará al Presidente de la Nación para ser aceptada, lo que se espera que suceda al 15 de abril”.
Oyarbide, de 65 años, ya había iniciado su trámite jubilatorio hace un mes, justo después que el Consejo de la Magistratura lo citara a declarar en el marco de una denuncia por mal desempeño: suspendió el allanamiento a una financiera tras el pedido de un funcionario nacional del anterior gobierno.
Oyarbide, que nació en Concepción del Uruguay (provincia de Entre Ríos), llegó al Poder Judicial a mediados de 1976 y, luego de ser secretario y fiscal, fue nombrado juez federal en 1994 en la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Carlos Menem.
Tuvo en 21 años de magistrado una fuerte exposición mediática, ligada a importantes causas en la que estuvieron involucrados funcionarios públicos, pero también a algunos escándalos como el que lo relacionó con el prostíbulo gay Spartacus, en 1998, o el anillo de diamantes que exhibió el año pasado.
El magistrado investigó a Carlos Menem por omitir una cuenta en Suiza, de la que luego lo sobreseyó, y a Néstor Kirchner por el aumento de su fortuna en un 158 por ciento, a quien también sobreseyó.
Además, le revocó la prisión domiciliaria a Jorge Rafael Videla y tuvo a su cargo la causa de la mafia de los medicamentos, por la que terminó preso el entonces jefe de la Asociación Bancaria Juan José Zanola. También intervino en el caso Skanska y en la denuncia contra Martín Redrado por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Oyarbide, además, impulsó el procesamiento de Macri en la causa por escuchas telefónicas, cuando el mandatario era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero la causa que lo llevaría a transitar el final de su carrera judicial fue la de frenar un allanamiento a una financiera en 2013 por un pedido de Carlos Liuzzi, el segundo del ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Ahora, en caso de que el Consejo de la Magistratura iniciara un proceso acusatorio, se lo podría suspender, pero el trámite jubilatorio continuaría porque “lo único que pone fin a un trámite disciplinario es una situación por la que la persona deja de ser juez”, según explicó el consejero Leónidas Moldes (representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura).
Por eso, si Oyarbide obtiene la jubilación o presenta la renuncia, y ésta es aceptada, el trámite disciplinario se caerá.