La historia de la expropiación de tierras para la creación de la reserva Divisadero Largo y la de los créditos impagos, corren en paralelo y se empiezan a cruzar recién en 2001, cuando el grupo Vila pide a Fiscalía de Estado que se haga la compensación de deudas.
Por un lado, se cuestiona a Joaquín de Rosas que su comportamiento en las seis expropiaciones no mantuvo un criterio único, sino que hubo dos actitudes distintas. Los propietarios eran Alberto Thomé S.A. y Carlos Roberto Thomé; Zuking SACI; Agar Cross Ltda; Dumit Víctor; Dalvian S.A. y Daniel Vila.
Estas seis expropiaciones requirieron seis juicios en la Justicia Civil. Hay fallos definitivos en los casos de Vila, Dalvian y Thomé. El resto está en la Suprema Corte aún. En las dos expropiaciones de tierras cuyos dueños eran Dalvian y Daniel Vila, no apeló el abultado precio que le puso al metro cuadrado un tasador de la Fiscalía de Estado, mientras que en las causas de las parcelas vecinas apeló para conseguir un precio más bajo, ajustado a lo que decía el Tribunal de Tasaciones.
En las seis expropiaciones el fiscal de Estado tuvo diferentes actitudes. En el caso de cuatro propietarios, De Rosas apeló los fallos por considerar que el precio era excesivo. Pero, en caso de la familia Vila, gracias a que el funcionario cuestionado no apeló los precios por metro cuadrado (13 pesos para terreno irregular y 17 para terreno llano), los Vila cobraron 3.558.342,74 pesos. En las 19 hectáreas de los Tohmé, lindantes con las de los Vila, la Suprema Corte mendocina estableció que el precio justo era de $ 2,76 por metro cuadrado.
La sentencia de la expropiación para la familia Vila llegó en 2007, por lo que recién entonces hubo un precio firme por la tierra para poder compensar con la deuda bancaria recalculada en $ 1.563.100.
Lo extraño es que el monto de la deuda bancaria de los Vila podría haberse cobrado mucho antes y por vía del apremio judicial. Cuando el grupo empresario empezó a insistir con esta idea que fue impulsada por el fiscal de Estado, la empresa cobradora que había contratado el Estado para recuperar los créditos impagos, Asset Recovery Trust, había iniciado las acciones judiciales por el incumplimiento del convenio de pago celebrado en el ?97.
Al momento en que se empezaba a hablar de compensación, Dalvian enfrentaba 93 juicios por ejecución hipotecaria y Alfredo Vila (padre y fundador del grupo empresario), su esposa Ruth, Daniel y Alfredo (hijo) estaban inhibidos por la Justicia. La sospecha es que De Rosas, por vía de esa compensación, permitió a los Vila salir de esa situación incómoda.
