En noviembre, en plena transición, el oficialismo y el justicialismo ya se acercaban con gusto a un acuerdo político para destrabar la actividad minera mediante la modificación de la ley 7.722. En aquel momento, con Alfredo Cornejo en lenta retirada del poder, era ya Rodolfo Suárez el que exploraba el terreno legislativo y mandaba a sus allegados a escuchar qué pensaban en la oposición.
En el PJ mostraban amplia predisposición para comprometerse con el debate sobre la polémica actividad, pero preferían dejar la iniciativa al por entonces gobernador electo. Descontaban que Suárez plantearía rápidamente la reforma de la ley minera, pero pocos imaginaron que se trataría del primer proyecto enviado a la Legislatura a minutos de asumir. Y, menos aún, que en un trámite muy ágil obtuviese la aprobación de las dos Cámaras el mismo día.
Es real que en todo momento el flamante jefe del Ejecutivo provincial contó con el aval del principal sector de la oposición para intentar avanzar con éste y otros temas que seguramente llegarán a debate en no mucho tiempo, como la reforma constitucional.
Pero algunos condicionamientos que con el comienzo de la semana surgieron desde el peronismo, como el pretendido aval departamental a la reforma de la 7.722, si bien no alteraron las expectativas del Gobernador sí lo llevaron a instalar su ambiciosa propuesta en el ámbito nacional. Tal vez por eso el presidente Alberto Fernández se haya referido al avance legislativo en nuestra provincia durante su visita a los empresarios nucleados en AEA. “Logramos que en Mendoza salga una ley para que se involucre (la provincia) en la explotación minera”.
Tal apreciación sonó como una pública felicitación al gobernador radical mendocino por haber podido destrabar una ley restrictiva en una provincia indudablemente dificultosa para la consolidación de la minería.
Es justo mencionar a quienes no estuvieron a favor de los cambios en los dos frentes mayoritarios, pero especialmente en el oficialismo de Cambia Mendoza, donde junto a otros dos miembros del sector el sancarlino Jorge Difonso, coautor de la 7.722, fue una de las voces en contra que se escuchó con énfasis el viernes en medio de la mayoría legislativa reformista. Difonso y muchos de los no mineros seguirán detrás de las movilizaciones populares contrarias a los cambios introducidos en la ley y también de los planteos judiciales que seguramente llegarán. Por ahora nadie habla de una ruptura en lo político. En el entorno del diputado de San Carlos aseguran que seguirá su militancia por las otras reformas que Suárez impulsará, pero admiten que en esta problemática puntual prácticamente no hay retorno.
Volviendo al contexto nacional, o por una astuta maniobra suya o por otras circunstancias, Suárez logró con el presidente Fernández una muy buena sintonía en esta semana clave que finaliza, lo que para muchos peronistas locales se tradujo en un apoyo explícito de la Nación a la modificacion de la legislación lograda el viernes.
En la Casa Rosada, junto al resto de los mandatarios provinciales, incluyendo a sus pares radicales Morales y Valdéz, Suárez acordó con la Nación suspender la aplicación del Pacto Fiscal de 2017, con sus derivaciones en cuanto a la aplicación de Ingresos Brutos y Sellos, como producto de ese compromiso de bajar el consenso fiscal obtenido con el gobierno de Macri. ¿Alguna retribución nacional con las provincias al mando de la oposición? En el caso de Mendoza hay quienes aseguran que pudo haberse realizado un contacto entre Alberto Fernández y los referentes locales del PJ para que el Frente de
Todos acompañase al oficialismo en la reforma minera. Obviamente, se sabía que en uno y en otro bando siempre hubo posturas puntuales contrarias a la decisión de cada partido o coalición, pero en ningún caso afectando la aprobación de la sustancial reforma.
La buena sintonía entre el jefe del Ejecutivo nacional y su par local pocos la imaginaban antes de que ambos asumieran, más allá de que Fernández se había comprometido a “gobernar” junto con todos los mandatarios de provincias, mientras que el mendocino apelaba siempre a esa promesa de campaña de Alberto F. en línea con su promesa de diálogo aquí y con la Nación una vez que asumiera su gestión. Un aspecto diferencial con el estilo de Cornejo, sin dudas.
Hubo otro dato interesante en el cónclave de la Casa Rosada por el acuerdo fiscal. El Presidente pidió a los tres jefes radicales que aportaran su apoyo para que la oposición garantizara quórum en el Congreso, para poder avanzar con la emergencia económica y social. El planteo se hizo en un momento de mucho malestar entre diputados macristas y radicales con el Gobierno por los alcances de la megaley propuesta en lo referente a las atribuciones legislativas delegadas al Ejecutivo y otros asuntos. Hay que reconocer que el planteo de la oposición era muy razonable.
Pero, tanto Suárez como Morales pidieron concretamente que sus pares en la Cámara baja dieran quórum, fundamentalmente para permitir, en una primera sesión, la asunción de legisladores que remplazaron a quienes debieron dejar sus bancas para ocupar cargos en el Ejecutivo tras la asunción del gobierno kirchnerista. Ese gesto le permitió al oficialismo poder tratar en el recinto la emergencia planteada por el Gobierno; sin esos nuevos diputados el quórum hubiese faltado para las aspiraciones del gobierno nacional.
En el Ejecutivo local dicen que habrá una estrategia equilibrada que busque aprovechar en el plano nacional los roles diferentes de Cornejo y Suárez. El actual diputado nacional siempre será una de las voces fuertes de la oposición desde su banca, más allá de las diferencias que en muchos aspectos mantiene con quien fue reelecto titular del interbloque ahora opositor, el cordobés Mario Negri. En cambio, el gobernador mendocino, especialmente luego del éxito de la reforma minera, seguirá manteniendo buen diálogo con la Nación mientras las circunstancias lo permitan.
Ahora llega el turno del debate del Presupuesto local. Es el paquete que incluye las habituales leyes de avalúo fiscal e impositiva. Puede haber una discusión más extensa. Y los asuetos y feriados de esta semana y de la próxima podrían hacer más lento el abordaje.
En este caso no existe el consentimiento del PJ que sí hubo para el tema minero. Suárez, con su propuesta, pide autorización legislativa para tomar deuda por más de 25 mil millones de pesos. Pero la oposición tiene hasta ahora poca predisposicón para autorizar más endeudamiento. A priori el planteo no es contra Suárez; entienden que el gobierno de Cornejo endeudó mucho a la Provincia y no quieren que la nueva gestión circule por el mismo sendero. Aducen en el PJ que esta nueva administración tampoco sincera el nivel de deuda contraído en el período anterior y eso los llevaría a obstaculizar por ahora toda intentona del oficialismo.
Más allá de especulaciones y posibles revanchismos, en el radicalismo están casi seguros de que el debate del paquete presupuestario local estará vinculado a lo que pase en el orden nacional, donde el Gobierno dispuso valerse del Presupuesto de este año y prologarlo hasta que elabore su propio proyecto para 2020, argumentando, además, que la pauta que elaboró el equipo de Macri fue “una improvisación antes de irse”.
Fue por ese cambio de planes del equipo económico de Fernández que Suárez y su ministro Nieri decidieron no esperar más los números nacionales y encararon el propio cálculo de gastos y recursos ya presentado ante senadores y diputados.
Pero por ahora nada impide que Suárez y su elenco miren satisfechos el gran logro político inaugural de la reforma de la ley 7.722, que puede constituirse con el tiempo en un hecho distintivo clave de su gobernación, con el aliciente extra del elogio del Ejecutivo nacional. Bastante en tan pocos días.
