Ante el Tribunal Oral Federal N°6 y con 17 acusados, comenzó ayer el juicio oral por las muertes y lesiones de los manifestantes que protestaban contra el gobierno de Fernando de la Rúa en los alrededores de Plaza de Mayo durante el 19 y 20 de diciembre de 2001.
Los principales imputados en la causa son el secretario de Seguridad de entonces, Enrique Mathov, y el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos. Además se juzga a otros 15 policías. Todos llegaron en libertad hasta la instancia actual del juicio y están imputados por homicidio y lesiones culposas, delitos por los que pueden recibir hasta diez años de prisión.
Las muertes de Diego Lamagna, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto fueron consecuencia de la represión policial de las manifestaciones que terminaron con la caída del gobierno de la Alianza, y se suman a las de otras 34 personas en todo el país, entre ellas nueve menores. En el proceso iniciado ayer sólo se juzgan los cinco asesinatos y las lesiones provocadas a 117 personas en la ciudad de Buenos Aires.
El tribunal que llevará adelante el proceso está formado por los jueces José Valentín Martínez Sobrino, Javier Anzoátegui, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín (como subrogante).
La audiencia comenzó con las lecturas del acta de elevación a juicio y las acusaciones de la fiscalía (formulada por el difunto fiscal Luis Comparatore y su adjunto Patricio Evers), y la querella encabezada por el abogado especializado en derechos humanos Rodolfo Yanzón.
Está previsto que el juicio dure unos dos años y declaren más de 500 testigos, entre los que se cuentan el ex secretario de la presidencia Jorge de la Rúa, el ex titular de la SIDE Carlos Becerra, el ex vocero presidencial Juan Pablo Baylac, Hebe de Bonafini y Fernando de la Rúa. El ex presidente, que había firmado el estado de sitio durante la complicada situación en aquel diciembre, fue sobreseído en la causa. Sin embargo, su situación está pendiente de resolución por la Corte Suprema ante un recurso extraordinario planteado por el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky.
