Esta mañana se reunirán en la Subsecretaría de Trabajo los negociadores paritarios del Estado provincial y los de los gremios ATE, UPCN y -como observador- Sitea. Esta negociación salarial no sólo definirá los nuevos ingresos de cinco mil empleados públicos sino también los del Gobernador, sus ministros y los legisladores provinciales.
Es que entrarán en discusión los sueldos de las trece clases de la administración central, con la particularidad de que la Clase 13 -la máxima del escalafón- es el punto de partida para definir ingresos de funcionarios y legisladores.
El decreto 1.350 que firmó Julio Cobos en 2004 establece que el gobernador mendocino debe percibir "dos veces la asignación de la clase 13" (más todos los adicionales) y sus ministros el 90% de ese importe. En tanto la ley 5.811 fija para los legisladores el 95% del monto del Gobernador.
Esta paritaria reactualiza cada año la discusión sobre una ley general de sueldos que ya propusieron -sin éxito- los ex gobernadores Lafalla (PJ) y Cobos (UCR).
La paritaria de la administración central comprende otros escalafones. Se estima que hoy se avanzará sobre el Instituto de Juegos y Casinos, Hidráulica e Iscamen. Luego, sobre EPAS, Instituto de Seguridad, Empresa Provincial de Transporte, Guardaparques, Parques y Zoológicos, orquesta provincial, Fondo para la Transformación y el Crecimiento y Vialidad provincial. Este año se sumará la Agencia de Recaudación que sustituye a Rentas y a Catastro.
La estructura salarial de todo este sector muestra bonos con conceptos remunerativos (que aportan a la jubilación y a la obra social) pero que no son bonificables (que no inciden sobre antigüedad, título o presentismo), al tiempo que registran unos diez ítems distintos como incentivos.
Se descuenta que parte de la propuesta oficial -más allá del porcentaje de incremento- apuntará a "mejorar la estructura salarial" del sector. Todo indica que -junto con la presentación de un ofrecimiento anual realizable en tres cuatrimestres- ésta sea una de las características comunes en todas las propuestas de aumento del Ejecutivo para 2013.
El año pasado las paritarias de la Administración Central cerraron el 18 de mayo después de dos meses de negociación y dos movilizaciones (una de ellas el uno de mayo durante la Asamblea Legislativa).
El acuerdo se alcanzó cuando un plebiscito aprobó por un 80% el ofrecimiento que sumó blanqueos en el básico y que -según el sector- aumentó entre el 23 y el 35% el ingreso final, sin considerar el 10% ya acordado en 2011 y que se comenzó a pagar en enero de 2012.
El año pasado el incremento para la clase 5 del escalafón general -que incluye a la mayoría de los empleados de la Administración Central- fue del 23 por ciento. El de la decisiva clase 13, subió al 35%. Mientras, los escalafones particulares lograron subas del 28 al 35 por ciento.
