Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, Mendoza (y a nivel general el país) padeció numerosas enfermedades epidémicas, entre ellas cólera, viruela, difteria, escarlatina, bocio, gripe y tuberculosis. Esta situación crítica estaba agravada por el crecimiento demográfico y urbanístico producido desde 1880, cuando no se disponían de los medios materiales necesarios para favorecer un entorno sanitario adecuado.
En ese período, el Estado intervino y amplió sus funciones en materia social creando instituciones e implementando políticas públicas para velar por la salud de la población. Se convocó a médicos higienistas especializados, quienes señalaron la necesidad de realizar obras de infraestructura y de extender el servicio de agua potable para la población mendocina, que mayormente se proveía del agua de las acequias para consumo humano; acequias que eran utilizadas a su vez para riego y para eliminación de desechos, siendo entonces un posible foco de infección.
En 1876 se realizaron los primeros trabajos sistemáticos en cuanto a la provisión de agua potable, efectivizando las primeras conexiones domiciliarias en la Ciudad Nueva, con centro en la plaza Independencia. Años después, en 1885, se amplió la red, aunque continuó siendo muy escasa (prioritariamente dotando de agua a edificios públicos). Durante el azote de la epidemia de cólera (años 1886/7) aproximadamente el 95% de la población urbana debía proveerse de surtidores públicos.
En los primeros años del siglo XX continuó la escasez de líquido potable. En efecto, en 1914 había sólo un total de 3.981 conexiones domiciliarias en la provincia y por ello, la mayor parte de la población se continuó abasteciendo de agua de surtidores públicos, lo cual generaba largas esperas y traslado hacia el lugar de expendio, como apreciamos en la imagen 1. Por esta razón, siguió siendo habitual proveerse de agua de las acequias para el consumo diario.
En 1.900 las obras sanitarias, que habían sido costeadas por el gobierno de la provincia, pasaron a la Nación. Esto se concretó recién a partir de 1.906 y, desde entonces y hasta 1.980, la provisión de agua potable y la red cloacal dependieron de Obras Sanitarias de la Nación. Para cada extensión las autoridades locales peticionaban y se realizaba un convenio entre el representante departamental o municipal y el director de OSN. Estos convenios eran ratificados mediante proyectos de ley en las legislaturas provinciales.
Los gastos de la construcción y explotación de las obras y la percepción de la renta, estaba a cargo de OSN. Para la ejecución de los trabajos se llamaba a concurso público y la empresa ganadora se hacía cargo de los materiales y de la construcción. Una vez que la provincia (o departamento o villa) finalizaba el pago de los trabajos, las obras pasaban a explotación provincial.
En 1922 se aprobó una ley (N°773) por la cual la Nación se comprometía a cumplir el convenio sobre construcción de cloacas colectoras, ampliación del servicio de aguas corrientes y aprovechamiento de energía eléctrica en la ciudad de Mendoza.
Las obras cloacales comenzaron en noviembre de 1.923 (imagen 2) y en 1.926 se inauguraron las primeras conexiones. El sistema utilizado para el desagüe cloacal hasta entonces, y que continuó por mucho tiempo, eran pozos de profundidad y diámetro variables, revestidos con mamposterías de ladrillos o palomar, o simplemente cubiertos con una bóveda. La duración de estos era menor a veinte años, con lo cual las casas antiguas contaban con 5 ó 6 pozos colmados, constituyendo un riesgo sanitario.
En lo que refiere a agua potable, a mediados de la década del 20 continuaba el problema de la escasez en la Ciudad. La prensa denunciaba la insuficiencia en ciertas zonas. Los Andes expresaba que este problema se debía principalmente al surgimiento de nuevos barrios que carecían de agua potable en la zona del Oeste, tal como es posible observar en la imagen 3.
En 1.927 se aprobó por ley otro convenio mediante el cual se preveía dotar de agua potable del río Blanco y afluentes a la ciudad de Mendoza (n°931). En el mismo proyecto se establecía además que la provincia cedería una manzana de terreno a la Nación, a fin de que se pudiera establecer el edificio de OSN (imagen 4), que está ubicado en calle Belgrano y Rufino Ortega de la ciudad de Mendoza.
El servicio de agua potable se fue extendiendo también hacia los diferentes departamentos. A principios de siglo, se había extendido a Luján (1908), Godoy Cruz (1917) y Maipú (1918). Durante la década del ’20 se fueron aprobando proyectos de ley autorizando extender el servicio hacia otras circunscripciones. En 1923 se aprobó extender el servicio hacia San Rafael, Rivadavia, Junín y San Martín; en 1924, a Tunuyán; en 1925 a Las Heras; y en 1926, a General Alvear.
Ahora bien, cuando se lograba la extensión del servicio de agua potable a los departamentos, este llegaba solamente hasta el centro departamental (imagen 5), quedando de esa forma relegadas muchas zonas que continuaron proveyéndose de canales o acequias en las que circulaba agua de riego, y de los surtidores públicos. Incluso hasta la década de 1960 en varios sitios se consumía agua de riego que era filtrada en tinajas de piedra.
